Viernes, 20 de Julio de 2018

Lecciones del caso Penta

ChileEl Mercurio, Chile 20 de julio de 2018

Son muchas las lecciones a extraer en cuanto a mejorar el funcionar de instituciones y procedimientos.

Esta semana concluyó, con una condena para sus principales protagonistas, el caso Penta, uno de los procesos penales más relevantes del último tiempo por sus implicancias en diversos ámbitos institucionales y políticos. Todo comenzó con el descubrimiento de las operaciones fraudulentas que realizaba Hugo Bravo, antiguo gerente de Penta, hoy fallecido, en connivencia con un funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII), ya condenado en 2017 por cohecho y otros delitos. Como parte de su estrategia de defensa, Bravo puso sobre el tapete, entre otros ilícitos, el financiamiento ilegal de la política que realizaba Penta pagando gastos de campaña contra facturas de los prestadores que luego eran utilizadas para rebajar la base imponible del impuesto a la renta. En torno a esta figura se investigó también a quienes "facilitaban" los documentos, principalmente políticos o personas cercanas a ellos, utilizando los delitos tributarios como medio indirecto para perseguir esta forma ilícita de financiamiento. En este contexto, además, se descubrieron los pagos realizados por Penta a un ex ejecutivo que, a la sazón, se había convertido en un alto funcionario de gobierno. Acusaciones similares se expandirían luego a otras muchas empresas.
Este entramado estresó fuertemente la dinámica interna y las relaciones entre el SII, la fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, instituciones fundamentales para el buen funcionamiento del Estado. Los excesos y ausencia de coordinación, mutuas recriminaciones y legítimas discrepancias sobre el modo de ejercer sus respectivas atribuciones dieron lugar a intensos debates, como el cuestionamiento del monopolio del SII para ejercer la acción penal por delitos tributarios, que aún se encuentran abiertos. En este proceso se cometieron también importantes errores. Probablemente el principal fue el intento de romper con los criterios hasta entonces imperantes en cuanto a la interpretación del cohecho y de algunos delitos tributarios, y al ejercicio de la acción penal por estos últimos, con el fin de que pudieran servir al propósito de perseguir el financiamiento ilegal de la política. El ejemplo del cohecho es elocuente. Aunque prácticamente todos los entendidos sabían desde un principio que esta figura exige que se compruebe alguna contraprestación del funcionario cohechado, los fiscales insistieron en apostar a un fallo condenatorio en un caso en que tal contraprestación no existía o era virtualmente imposible de probar. Como esto se hizo con gran despliegue mediático, grande fue la decepción cuando el fiscal regional, una vez ponderados los antecedentes, llegó a la conclusión de que no podía llevar ese delito a juicio con razonables perspectivas de éxito. Ante ello, los dos fiscales que habían impulsado con mayor intensidad la causa renunciaron a la fiscalía y, desde afuera, comenzaron a criticarla, tal como continúa haciéndolo el Consejo de Defensa del Estado, en una posición que parece más política que jurídica.
Desde el punto de vista del funcionamiento del proceso penal, el caso dejó en evidencia lo que el actual ministro de Justicia llamó "omnipotencia de los fiscales" durante toda la fase inicial del procedimiento, asunto que debiera ser abordado y corregido legislativamente. Aspecto de particular interés en este punto es el régimen de los acuerdos que pueden alcanzar los persecutores con los imputados y sus defensas. Aunque la ley entrega amplísimas facultades en esta materia, su regulación es escasa y esto abre espacios para que las negociaciones sean manipuladas o utilizadas fuera de su contexto, y para que los acuerdos alcanzados sean desconocidos. También este aspecto debería ser abordado en profundidad.
Son muchas las lecciones que deben extraerse del caso Penta, en cuanto a mejorar el funcionamiento de las instituciones y los procedimientos. No obstante, sigue abierta la pregunta acerca de si el gran costo en recursos fiscales y todo lo que han significado este caso y los demás procesos relacionados para las instituciones y personas involucradas habrán valido realmente la pena.