La tentación legislativa

Miguel Gómez Martínez*
Uno de los errores más comunes de los gobiernos que inician su mandato es el de fijar una ambiciosa ‘agenda legislativa. El fetichismo legal colombiano nos lleva a creer que todo aquello que no está sancionado en una ley no tiene trascendencia. La inmensa mayoría de los cambios que este país requiere para liberar sus fuerzas productivas no necesitan leyes, únicamente requieren voluntad política para reorientar el funcionamiento de los poderes públicos y hacer eficiente la administración pública. Al fijar como prioridad la agenda en el Congreso, el resto de las tareas de gobierno quedan subordinadas a lo que sucede en el Parlamento. El gobierno no solo pierde un tiempo valioso, sino que se somete al dictado de un cuerpo colegiado que ha convertido el chantaje en su forma de operación. El trámite legislativo tiene la habilidad de transformar una buena política en una ley sin dientes ni capacidad operativa; puede convertir un proyecto bien orientado en un adefesio lleno de burocracia y oportunidades corrupción. Mientras menos ambiciosa sea la agenda de proyectos de ley, menos desgaste debe asumir el gobierno. Claro, hay temas en los cuales es inevitable pasar por el Legislativo, como la necesaria reforma tributaria o a la justicia. Pero muchos de los cambios que se requieren con urgencia pueden hacerse con las normas existentes y mediante procedimientos reglamentarios. Por ejemplo, establecer un ambiente favorable a la creación de empresa se puede hacer con una instrucción del presidente, jefe de la administración pública, en el que se prohíba que se sigan emitiendo nuevas normas que incrementen los costos de los empresarios o exigir que toda nueva disposición esté precedida por una en la que la entidad elimine algún requisito innecesario que se haya emitido con anterioridad. No se necesitan leyes para insuflar en el gobierno el espíritu favorable a los creadores de riqueza. El Congreso debe centrarse en el control político que es donde su papel es trascendente en el equilibrio de la democracia. Un Legislativo activo en el debate político es fundamental para mantener la eficiencia de la administración y fortalecer su coherencia política. Un buen gobierno requiere un Congreso que lo fiscalice y no el lamentable ejemplo de las bancadas enmermaladas que se doblegaron sin vergüenza ante el pésimo gobierno de Santos. De la capacidad de impregnar a la administración un espíritu de dinamismo depende el éxito del nuevo gobierno. Sin reelección, cuatro años son un tiempo corto y la tarea que es necesario realizar es inmensa. Y ello no puede depender del avance de una agenda legislativa que tendrá la obstrucción de la izquierda y los remanentes del santismo. Creer que estas fuerzas políticas respetarán a la mayoría presidencial es iluso. No hay tiempo que perder y los parlamentarios son especialistas en quemar tiempo valioso. Abrirle el apetito a los parlamentarios fijándoles una agenda legislativa ambiciosa se convierte en una tentación que sabrán aprovechar. Ellos definirán las prioridades y el ritmo de las reformas. El nuevo presidente, que ya estuvo en el Congreso, tiene la ventaja de saber cómo funciona ese poder. Ojalá no crea que los que fueron elegidos en marzo pasado serán muy diferentes a los que estaban en la pasada legislatura. No son más, sino menos leyes lo que necesita Colombia. Es más y mejor gobierno.
*Asesor económico y empresarial Migomahu@gmail.com