Usurpación de propiedades en Santiago del Estero y Santa Fe

Cualquier noción de progreso o de desarrollo que contribuya a reducir la pobreza está necesaria e indefectiblemente vinculada a la calidad de las instituciones de una nación. Resulta imposible disociar esa calidad institucional de un sistema de Justicia independiente y eficiente que proteja los derechos que nuestra Constitución consagra, entre ellos los de propiedad, que deberían estar siempre debidamente garantizados.
Desde esta perspectiva, la pobreza de algunas provincias argentinas dista de ser casual o atribuible a un capricho de la naturaleza. En el caso de Santiago del Estero, un territorio en el que miles de compatriotas sufren enormes carencias, la ausencia de un Poder Judicial independiente es burdamente notoria. Los continuos atropellos al derecho son moneda corriente, al punto de haber llegado a declarar disparatadamente inconstitucional la propia Constitución provincial cuando el gobernador Gerardo Zamora buscó una segunda reelección consecutiva que aquella vedaba.
Por eso, no es de extrañar la protección a jefes policiales que violan los derechos humanos, como el caso del comisario mayor Fabio Juárez, de Añatuya, que, denunciado por las vejaciones a que sometió a un preso por oficiales a su mando, terminó con la suspensión del fiscal Álvaro Ruiz, quien actuó con diligencia frente a estos graves atropellos ordenando la detención de ese jefe policial. Ruiz está ahora afrontando un proceso de destitución por haber actuado defendiendo los derechos individuales.
Otra de las situaciones que por sí solas hablan de este enviciado sistema de Justicia provincial se relaciona con las irregularidades que rodean la compraventa de campos a la que se han volcado numerosos inversores que, motivados por los cambios tecnológicos, apuestan a la expansión de las fronteras agropecuarias.Un ejemplo de esto lo constituye la organización santiagueña conocida como Mocase. Con el pretexto de defender los derechos de antiguos ocupantes de tierras, esta organización se dedica a presionar a los campesinos que solo pretenden acceder a unas decenas de hectáreas para convencerlos de reclamar en cambio extensas superficies con el único fin de quedarse, los profesionales involucrados, con la mayor parte de esas tierras debido a la imposibilidad de esos humildes ocupantes de afrontar las costas y los honorarios de los juicios.
Las irregularidades llegan al punto de que cuando un juez tiene que ordenar el desalojo de usurpadores está obligado por el gobierno de la provincia a consultar a una llamada "mesa de tierras", integrada, entre otros, por miembros del Mocase, que promueve precisamente la ocupación ilegal. También se ven obligados a consultar con falsos miembros de "pueblos originarios", cuando es sabido que hace ya largo tiempo que los grupos indígenas puros o tribales han desaparecido de la provincia. Los numerosos propietarios afectados han tenido incluso dificultades al querer denunciar las usurpaciones, pues las comisarías se niegan a tomarlas a excepción de que se concurra con un escribano para labrar un acta que haga constar la negativa policial de recibir las denuncias.
Agrava el asunto, de acuerdo con numerosos perjudicados, que lo que acontece respondería a precisas instrucciones del ministro de Justicia de la provincia, Ricardo Daives, de quien depende el registro de la propiedad.
Para muchos afectados, son el propio Daives y su esposa quienes conducen estas maniobras que promueven las irregulares apropiaciones de tierras, posibles también por el desorden imperante tanto en el Registro de la Propiedad como en el catastro. Renglón aparte merece la delictiva complicidad de numerosos escribanos de esa jurisdicción, frente a la cual los colegios que los agrupan deberían tomar cartas en el asunto. Los auténticos propietarios pierden sus derechos, y sus reclamos en la Justicia suman causas a medida que sus propiedades son compradas y vendidas fraudulentamente reiteradas veces.
Otro tanto ocurre en la provincia de Santa Fe. Palmario ejemplo de ello son los obstáculos judiciales y políticos que enfrenta la reconocida Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA), entidad conservacionista pionera en nuestro país, para hacer efectivo un legado recibido hace ya ocho años, de Carlos Roque Saavedra Lamas, fallecido sin descendientes, en 2011. El testamento fijó que sus bienes debían ser vendidos y el producido, entregado a FVSA. Cuando se quiso entregar la posesión al adquirente de la Estancia El Carmen, propiedad del donante, quedó al desnudo la burda maniobra que involucra a representantes de la Justicia provincial, ya que quien aduce igualmente ser el propietario cuenta con respaldo incluso para disponer de la hacienda y los bienes de ese inmueble. El apoderado de quien, habiendo usurpado la tierra, la reclama como propia desde 1992 es el doctor Freyre Iturraspe. Es él quien arrienda actualmente a su amigo de la infancia Gastón Spuller parcelas del predio en cuestión. Recordemos que Spuller es hijo de Eduardo Spuller, ministro de la Corte de Justicia de Santa Fe. Los hechos revelan que el propio hijo de un miembro de la Corte Suprema provincial es titular de la explotación ganadera de un campo usurpado en detrimento del legado cuya efectivización se dirime precisamente en la Justicia.
Sobran ejemplos de los viciados procederes de funcionarios, en muchas otras provincias argentinas también, que, lejos de denunciar y cargar contra la ilegalidad en la apropiación indebida de numerosos bienes inmuebles, son cómplices de situaciones de todo tipo merced también al involucramiento de algunos inescrupulosos abogados y escribanos en un vil entramado.
No nos cansaremos de denunciar cualquier atropello contra la propiedad privada, mucho más cuando los involucrados son precisamente quienes desde su función han de prestar servicio a la sociedad. Deben ponerse en práctica los mecanismos que habilitan a que la Justicia Federal actúe cuanto antes para penalizar y evitar estas deleznables maniobras.