Laboratorios de ASSE no tienen habilitación del MSP

Desde contratos irregulares con empresas de amigos de directores de hospitales o de los propios jerarcas, hasta la compra de electrodomésticos con dinero de pacientes psiquiátricos, las denuncias en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) parecen ser moneda corriente en estos tiempos.
En un nuevo capítulo, El País confirmó que solo un laboratorio de análisis clínico de los 53 que tiene el organismo en hospitales y centros de salud de todo el país cuenta actualmente con la habilitación del Ministerio de Salud Pública (MSP) para poder funcionar.
La situación no es nueva. Hace un año el propio ministro de Salud, Jorge Basso, admitió en una comparecencia ante el Parlamento que ninguna farmacia del organismo estaba habilitada por la cartera y apenas el 18% se encontraba en trámite de hacerlo.
En ASSE hay 47 laboratorios "pendientes" de habilitación, el Hospital Departamental de Florida cuenta con un "permiso de funcionamiento", el Hospital de Lavalleja en Minas tiene el registro "vencido" y el Hospital Vilardebó, Maciel y el Instituto Nacional del Cáncer están "en trámite", según contestó el MSP a un pedido de informes del diputado del Partido Nacional, Martín Lema en base a datos hasta mayo de este año.
El único laboratorio habilitado según la cartera es el que funciona en el Hospital Español.
Lema señaló a El País que "el MSP se convirtió en un testigo de lujo de lo que sucede en el sistema de salud y no cumple con su rol de rector, por eso existe una cantidad de servicios que no cuentan con habilitación, como es el caso de laboratorios de análisis clínicos de ASSE".
El legislador blanco, uno de los principales denunciantes de irregularidades en la gestión de hospitales y centros de salud pública, considera que el MSP no solo no realiza un estricto control en ASSE sino que tampoco lo hace en prestadores privados.
"Hemos insistido reiteradamente en la necesidad de fortalecer la División Fiscalización del MSP, que hoy cuenta con menos de 20 inspectores para fiscalizar todo el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Pero a pesar de la realidad y de nuestra insistencia, han preferido quedarse en el sistema de salud en el papel".
La situación preocupa al nuevo directorio de ASSE que al asumir este año señaló que uno de sus ejes estaría en regular las farmacias y con ello todas las unidades necesarias para garantizar la buena atención a los usuarios.
En marzo cuando asumió el directorio político de ASSE, su presidente, Marcos Carámbula, informó a El País que el primer foco de atención de su gestión estaría en la regulación de las habilitaciones de las farmacias de ASSE y en la atención de los problemas de la División de Arquitectura, un área que está a estudio de la comisión investigadora en el Parlamento.
La investigación realizada en el Hospital de Rivera, en el que se comprobó que el exdirector Andrés Toriani pagó sueldos de más de 60 médicos con dinero destinado para otros fines, desencadenó nuevas denuncias en el centro de salud.
Una de ellas fue una serie de irregularidades en el laboratorio del mencionado hospital, realizada por sus propias funcionarias en la investigadora parlamentaria.
El diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, dijo a El País que los funcionarios que concurrieron a la investigadora denunciaron que en el centro de salud había material vencido desde 2012 y 2013 y que había "compras irracionales", situación que fue desmentida luego por jerarcas del propio hospital.
Según supo El País, una funcionaria pretendió denunciar la situación a la entonces presidenta de ASSE, Susana Muñiz. La respuesta de la exministra de Salud, quien no aceptó la denuncia, fue que "el Hospital de Rivera era el que más operaba en el país".
De las 87 farmacias que tienen los centros y hospitales de la ASSE en todo el país, ninguna tiene la habilitación del MSP para poder funcionar. Pero la situación cambiará en los próximos meses cuando se concedan todas las habilitaciones.
La directora de ASSE, Marlene Sica, informó a El País que "se están concediendo los permisos de funcionamiento para la totalidad de las farmacias de ASSE" que aún no cuentan con las habilitaciones, tras el análisis de su funcionamiento.
El año pasado el diputado Lema realizó un pedido de informes al MSP en el que solicitó conocer "si existen hoy en día" farmacias de ASSE sin habilitación. El ministerio señaló que ninguna tenía y que se estaba "en proceso" de subsanar este problema.
La falta de habilitaciones en las farmacias de ASSE quedó al descubierto cuando en junio del año pasado más de 200 niños fueron intoxicados con un medicamento que en realidad debía suministrarse a pacientes adultos en el Centro Hospitalario del Norte Gustavo Saint Bois.
Unos 233 niños recibieron por un error de la farmacia del centro de salud una sobredosis de vitamina D3. Este caso terminó con niños internados y juicios millonarios entablados por sus padres contra el organismo.
El caso más conocido fue el de Emma, una beba de cuatro meses intoxicada con Mulsiferol en el Hospital Saint Bois, quien recibió por día una dosis 23 veces superior a la indicada. Esa equivocación en la dosis del medicamento se repitió durante 53 días, según un dictamen del médico forense enviado a la Justicia, al que tuvo acceso El País.
En este caso, el forense responsabilizó a ASSE de lo sucedido. Pero el 23 de septiembre de 2017, la entonces presidenta de ASSE, Susana Muñiz, reconoció ante el juez José María Gómez que "fue un error" el suministro irregular de Mulsiferol (vitamina D3) a 233 niños en el Hospital Saint Bois.
De la historia clínica surgió que la bebé se alimentaba menos y tenía vómitos desde las dos semanas previas al ingreso. Recibía ocho gotas de Mulsiferol por día, desde el nacimiento, lo que corresponde a 24.000 UI (Unidad Internacional) de vitamina D por día (una gota contiene 3.000 UI). Con diagnóstico de intoxicación por vitamina D ingresó a la Emergencia del Hospital Pereira Rossell y luego fue internada en un CTI donde estuvo tres días.
Sus padres demandaron al Estado.
El próximo lunes 23 la comisión parlamentaria iniciará la investigación de la denominada megaestafa al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) por afiliaciones truchas al Banco de Previsión Social (BPS) y a mutualistas por alrededor de US$ 4 millones, en varios casos en los que resultaron procesadas más de 30 personas. El MSP resolvió no abrir el "corralito mutual" en febrero de 2018 para erradicar la denominada "intermediación lucrativa". En uno de los casos detectados, el gerente comercial y tres supervisores del Círculo Católico participaron de un esquema de corrupción tendiente a realizar afiliaciones "truchas" mediante la utilización de empresas promotoras y testaferros. En una de las empresas figuraba un cuidacoches como titular y percibía $ 100 por cada afiliación que realizaban sus "empleados", expresa un documento judicial al que tuvo acceso El País.
El diputado nacionalista Martín Lema cuestionó al ministro de Salud Pública, Jorge Basso, por la tercerización de funciones de fiscalización en cooperativas, mucho menos cuando están inscriptas en el Mides para un giro ajeno al que desarrollan, infor-mó el portal Ecos. El planteo de Lema vino a raíz de que el MSP gastó US$ 120.000 en capacitar a ocho exfuncionarios de Philips Morris que fueron despedidos para que se encarguen de verificar el cumplimiento de la prohibición de fumar en locales públicos.