Ponen en duda estudio sobre leyes de cabotaje

Para el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes, y el economista José Alameda, un nuevo estudio que plantea que las leyes de cabotaje no tienen efecto significativo en los precios al detal en Puerto Rico son poco creíbles, pues el análisis descansa en datos "confidenciales" provistos por las navieras mientras se simplifican las implicaciones de hacer negocios bajo un marco legal que busca proteger una actividad específica.
"Si las navieras son tan competitivas como dice el estudio, entonces no hacen falta las leyes de cabotaje", indicó Reyes al poner en duda el estudio comisionado por la Sociedad Marítima Americana (AMP, en inglés).
Según Reyes, el sector naviero y los diversos intereses vinculados a esa industria continúan insistiendo en las virtudes de un marco proteccionista que ha tenido efectos adversos en la economía de Puerto Rico y ha creado rupturas en las cadenas logísticas continentales al favorecer estados como la Florida, en detrimento de otros como Nueva Jersey.
Ayer, la AMP publicó un estudio preparado por las firmas Reeves & Associates y Estudios Técnicos que concluyó que los fletes marítimos que pagan los importadores en Puerto Rico apenas afectan el bolsillo de los puertorriqueños. Esto, porque a lo sumo, los cargos que cobran las navieras apenas representan el 2% de los precios que pagan los consumidores o porque los importadores absorben dicho coste en su estructura de costos en lugar de pasarlo al consumidor. En ciertos casos, según una encuesta realizada por ambas firmas en marzo pasado, ciertos bienes en Puerto Rico se vendieron a precios más bajos que en la Florida.
Además, el estudio busca refutar un análisis de Alameda y Jeffrey Valentín Mari, ambos catedráticos en Economía en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, acerca del efecto adverso que ha tenido el uso obligatorio de la marina mercante estadounidense en la actividad de importaciones y exportaciones de Puerto Rico.
Ello porque el estudio alega que la Ley Jones -que obliga a transportar en buques de bandera estadounidense la carga de bienes y materias primas que se comercia entre puertos ubicados en ese país- ha resultado en la creación y retención de unos 1,000 empleos en la isla e inyecta unos $250 millones anuales a la economía, mientras los importadores ahorran unos $92 millones en costes al tener acceso a contenedores compatibles con el mercado doméstico estadounidense y servicios directos entre el continente y la isla.
Disloque costoso
Sin embargo, de acuerdo con Reyes, una de las razones para que ahora sea más caro transportar bienes por tierra ha sido el cierre de Horizon Lines, la naviera que servía a Puerto Rico desde el puerto de Elizabeth en Nueva Jersey. Una vez Horizon cesó operaciones, la carga que salía desde ese puerto ahora viaja por tierra hasta el estado de la Florida y de allí zarpa hacia Puerto Rico.
Reyes reconoció que uno de los escollos que encara Puerto Rico para lograr cambios en las leyes de cabotaje se encuentra en el beneficio económico que tienen las navieras en los puertos que sirven a la isla.
El peso del proteccionismo
Por su parte, Alameda sostuvo que no había tenido la oportunidad de examinar detenidamente. Sin embargo, indicó que el estudio que llevó a cabo junto a Valentín Mari se centró el impacto macroeconómico de las leyes de cabotaje en la economía de la isla, lo que supone una metodología distinta a la que pudo utilizarse en el análisis encomendado por la AMP.
De acuerdo con Alameda, plantear que las navieras que sirven a Puerto Rico son productivas y poseen altos niveles de competitividad no es factible si el análisis no ofrece una comparativa de las estructuras de costes y fletes de navieras internacionales.
"No necesitas proteger empresas oligopólicas si son más eficientes que las navieras internacionales y en medio de ese marco proteccionista cometieron delitos", dijo Alameda al recordar que uno de los efectos que ha tenido la Ley Jones fue servir de telón de fondo para que estas empresas cometieran violaciones a la Ley Sherman, costándole millones de dólares a los consumidores en la isla.