El dilema de las nuevas notarías

La suerte del conocido decreto 1515 del Ministerio de Justicia, con el que el entonces ministro Jaime Campos ordenaba la creación de un centenar de nuevas notarías, sigue siendo incierta. Y si bien la Contraloría General de la República ya lo ha rechazado dos veces, es posible que el problema trascienda con mucho de la mera solución jurídica del impasse . Y ello porque si bien aún subsisten una serie de dudas técnicas sobre la cantidad de notarías que se requieren en distintas regiones, así como de la necesidad de dividir los territorios de algunos conservadores de bienes raíces, la discusión integral respecto de nuestro sistema de administración de la fe pública y de sus registros es la que debería tener lugar.
Ello porque si bien la información en este caso concreto sigue siendo contradictoria (e incluso algunos pronunciamientos favorables de Cortes de Apelaciones se han desdicho de opiniones anteriores), el verdadero problema es que probablemente faltan decisiones de mucho más largo alcance respecto de todo nuestro sistema registral y conservatorio. El país cuenta con un sistema de una raigambre hispánica muy marcada y que, además, en general, ha tenido buenos resultados en el cumplimiento de su función de salvaguarda de la fe pública y en la mantención de la historia de la propiedad raíz y de otros registros públicos; sin embargo, es evidente que aún se encuentra pendiente una racionalización exhaustiva tanto de los documentos que requieren autorización notarial o constar en escrituras públicas como de aquellos que deben constar en determinados registros.
Del mismo modo, se encuentra pendiente una modificación del sistema de nombramientos, que en su formulación actual claramente no ofrece las garantías de transparencia e idoneidad que corresponden a un Estado moderno. La sensación de que se trata de formas institucionalizadas de devolución de favores políticos o incluso de clientelismo es un lastre del que el sistema no se ha podido desprender. Pero, aún más, la implementación de una serie de medidas de autentificación virtuales, partiendo evidentemente por la firma electrónica, pero que actualmente discurre por caminos mucho más desafiantes, como el blockchain , que entrega historiales irrefutables de información, pone naturalmente en discusión que el camino sea insistir y profundizar en un modelo registral más bien acoplado a las necesidades del siglo XIX. Los mecanismos de salvaguarda de la fe pública se están decantando por formas absolutamente no convencionales, prácticamente infalsificables y que se resguardan no por la incorporación en un determinado registro, sino porque dejan huella en un sinnúmero de servidores en distintos lugares que garantizan su intangibilidad (o rastreo eficaz de cualquier cambio).
Es evidente que, mientras las modificaciones de largo aliento no se acometan -de hecho, el Gobierno ha anunciado que hará su propuesta en los próximos días-, y especialmente considerando que ellas exigen repensar todo el modelo, será indispensable satisfacer aquellas necesidades imperiosas en las regiones en que los notarios no estén siendo capaces de absorber los requerimientos de los ciudadanos. Esto, sin embargo, debe ser excepcional y justificado técnicamente, porque implica profundizar una senda de la que definitivamente habrá que salir. En dicho camino intermedio y provisorio deberá velarse además por impulsar una razonable competencia que permita ofrecer precios razonables a los usuarios o al menos modernizar el sistema de aranceles que, precisamente por su vetustez, tiene escasa aplicación.