Viernes, 14 de Diciembre de 2018

Financiamiento de la defensa

ChileEl Mercurio, Chile 14 de diciembre de 2018

El proyecto involucra una apuesta por la madurez de nuestro sistema político y de sus representantes. Debe evaluarse si ello va acompañado de los resguardos suficientes.

Es lamentable constatar cómo la ignorancia y los mitos han dificultado un debate serio respecto del financiamiento de la defensa en Chile. Importantes sectores de la ciudadanía desconocen el hecho de que la fórmula hoy considerada en la Ley del Cobre fue el resultado y la respuesta luego de un largo proceso histórico en que el país experimentó grave deterioro de sus capacidades disuasivas. Dicho deterioro partió a lo menos en la década de 1920, tuvo algún paliativo por efecto del Pacto de Ayuda Militar con Estados Unidos -que permitió acceder a material desechado luego de la II Guerra Mundial-, pero se hizo patente en toda su magnitud cuando se debió enfrentar momentos de alta tensión vecinal; entre ellos, las crisis del islote Snipe, en 1958, y de Laguna del Desierto, durante la administración Frei Montalva, así como, años más tarde, el dramático escenario de asedio que representaron, por una parte, los planes de la dictadura peruana de Velasco Alvarado, en el norte, y, por otra, el conflicto austral con Argentina.
La formulación actual de la Ley del Cobre tiene a su vez antecedentes que se remontan a la Ley de Cruceros, de 1938, y a una primera Ley Reservada, de 1958, que gravaba las utilidades de la gran minería del cobre. Todas esas disposiciones apuntaban al mismo objetivo de garantizar una fuente de financiamiento estable para la adquisición de material militar y el mantenimiento de las capacidades estratégicas del país. Contrariamente a lo que suele creerse, la normativa vigente (que impone a Codelco el pago de una suerte de impuesto correspondiente al 10% de sus ventas) está lejos de entregar discrecionalidad a las Fuerzas Armadas en el manejo de esos recursos; estos, en realidad, se integran a una cuenta en el Banco Central, se disponen por decreto de los ministros de Hacienda y de Defensa, y son fiscalizados por la Contraloría. En la práctica, una parte de ellos ha sido destinada a fines distintos de la defensa, como las reconstrucciones luego de los últimos terremotos.
Ciertamente, no resulta propio de los tiempos actuales el que una empresa de proyección internacional enfrente un gravamen como el que esta ley impone a Codelco. Ello distorsiona su operación e incluso sus opciones de financiamiento. Tampoco parece adecuada la mantención sin más de un mecanismo que acumula críticas y una negativa imagen de opacidad. Todo ello, sin embargo, no obsta al hecho de que ha sido precisamente este marco legislativo el que finalmente permitió a Chile efectuar una razonable modernización de sus capacidades estratégicas. La propia mantención de esta normativa sugiere, por lo demás, que, más allá de la abundante crítica política, gobiernos de muy distinto signo se han sentido cómodos con su operación. En ese contexto, la discusión sobre el sistema de financiamiento de la defensa debiera apuntar a superar las falencias del mecanismo vigente, pero sin que ello afecte la estabilidad que este ha significado, y considerando además la necesidad permanente de preservar los niveles de capacidad disuasiva alcanzados.
El debate parlamentario de la indicación con que el Gobierno busca reactivar el proyecto de ley sobre esta materia permitirá aquilatar en qué medida la iniciativa alcanza ese equilibrio. Con todo, llaman la atención desde ya algunos aspectos, como la decisión de mantener por los próximos ocho años un impuesto del 10% a Codelco; como han apuntado algunos congresistas, es difícil entender esta disposición que, en la práctica, supone dilatar por un largo período la misma situación que se pretende corregir, si bien ahora los dineros no irían directamente a defensa. Con todo, tal vez el punto más complejo es el nuevo protagonismo que se asigna a los parlamentarios en la decisión de los presupuestos para la adquisición de material militar. La indicación considera una serie de elementos que apuntan a asegurar un cierto margen de estabilidad, como es la creación de un Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas y la elaboración de un programa cuatrienal de inversiones, además de establecer un tope mínimo de asignación presupuestaria. Aun así, y siendo razonables tales prevenciones, persisten dudas no menores. En efecto, con independencia de la calidad y sentido de Estado de la mayoría de los congresistas, la propia dinámica del juego político crea incentivos para posturas populistas en estas materias, según aquella lógica caricaturesca de "cañones versus mantequilla"; en cualquier caso, y aun sin llegar a ese extremo, la reforma supone limitar los márgenes de que hoy dispone el Ejecutivo para enfrentar eventuales situaciones críticas. El proyecto involucra pues una apuesta por la madurez de nuestro sistema político y de sus representantes. La prudencia aconseja revisar si dicha apuesta va acompañada de los suficientes y necesarios resguardos.