Viernes, 14 de Diciembre de 2018

El delito no merece homenajes

ArgentinaLa Nación, Argentina 14 de diciembre de 2018

Resulta lamentable que numerosos bienes públicos lleven nombres de personas que pertenecieron a uno de los regímenes más corruptos de nuestra historia

Las numerosísimas y gravísimas causas por corrupción en las que se investiga a funcionarios de alto rango de los gobiernos kirchneristas nos llevan directamente a cuestionar una realidad cotidiana, que provoca tanto como ofende: ¿por qué seguimos homenajeando con el nombre Kirchner a centenares de bienes públicos a lo largo de todo el país? ¿Por qué consentimos seguir celebrando a figuras políticas de las que se viene corroborando ya largamente su cercana y continua vinculación con delitos de lo más variados?
Ayer, sin ir más lejos, la Asamblea Nacional de Ecuador decidió exhortar al presidente de ese país a remover de forma inmediata el monumento en homenaje a Néstor Kirchner que había sido emplazado en la puerta de ese edificio, por representar "una apología al delito y a la corrupción rampantes del gobierno de la Argentina de los años pasados".
Como bien han dicho varios lectores de la nacion en cartas publicadas recientemente, no se puede rendir homenaje a personas que han vivido deshonestamente y no son ejemplo de vida para nadie.
A partir de la investigación iniciada por este diario sobre el contenido de los cuadernos de la corrupción K, pacientemente escritos por el exchofer de Roberto Baratta, la Justicia Federal ha iniciado una causa por asociación ilícita que, entre muchos otros, además de Baratta y su jefe directo, Julio De Vido, involucra a la actual senadora nacional y expresidenta Cristina Kirchner.
Sin dudas, se trata de una revelación escandalosa, tanto por las cifras que se manejaron como por el modus operandi de lo que seguramente se probará que ha sido una megabanda delictiva surgida y dirigida desde las entrañas mismas del poder. Pero lo que vemos ahora es la comprobación por escrito, son los detalles finos de lo que hacía mucho tiempo se sospechaba y que venían denunciando dirigentes opositores a los gobiernos kirchneristas, la prensa independiente y el sector de jueces y fiscales que no fueron cooptados por aquella seudopolítica cuyo único objetivo fue saquear al Estado para enriquecer a los miembros de una asociación ilícita ubicada en el vértice del Poder Ejecutivo.
Calles, avenidas, monumentos, plazas, escuelas, barrios enteros, hospitales, puentes, gasoductos, aeródromos, torneos deportivos y hasta una pileta climatizada fueron algunos de los bienes públicos a los que se ha colocado el nombre del expresidente. En la amplísima mayoría de los casos, solo por la voluntad y prepotencia de un sector político que desprecia las normas, la razonabilidad y la institucionalidad.
El culto a la personalidad es una característica típica de los autoritarismos. Basta recordar que en 1951, por ley, se crearon las provincias Eva Perón y Juan D. Perón, en lo que hoy son los distritos de La Pampa y Chaco, y eso ocurrió incluso antes de que esas personas fallecieran.
Cuando había pasado menos de un año de concluido el gobierno de Cristina Kirchner, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, anunció que una nueva sede comunal llevaría el nombre de la exmandataria: se trató de un edificio "mellizo" de otro ya bautizado Néstor Kirchner.
Pero no solo de nombres propios ha quedado jalonada la nefasta "década ganada" por la corrupción, de la cual día tras día se siguen sumando pruebas de para quién realmente lo fue. Ha quedado en el acervo histórico-político la construcción de obras monumentales con dineros públicos manipulados al punto de duplicarse y hasta triplicarse los costos iniciales, tal el caso del Centro Cultural Kirchner (CCK), levantado sobre la base del viejo Palacio de Correos.
Atrás deben quedar hoy todas las conjeturas y suspicacias políticas cuando se vuelve a reclamar el cambio de nombre del CCK. No quedan argumentos de ninguna naturaleza para que esa modificación no sea considerada y aprobada por el Congreso de la Nación, teniendo en cuenta que por medio de una ley fue reemplazado el nombre de Palacio de Correos y debe ser por el mismo mecanismo legal que se lo modifique.
Las evidencias que surgen de los cuadernos y lo que ha trascendido de las declaraciones conocidas hasta el momento no hacen más que confirmar las sospechas que la ciudadanía en general tiene sobre aquella administración: los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner se hallan entre los más corruptos de nuestra historia.
Las repercusiones nacionales e internacionales que han tenido y tienen los hechos de corrupción antes mencionados, a los que se agregan ahora los descriptos en los cuadernos del chofer Oscar Centeno, y que han dado lugar a importantes detenciones de exfuncionarios y empresarios, desaconsejan continuar llamando Kirchner a bienes públicos.
Es lamentable e inadmisible que se siga haciendo prevalecer entre nosotros la confusión permanente entre el Estado, el partido y el líder, el culto a la personalidad y la acción pública guiada por la idolatría política.
Debería ser el Congreso, y a 10 años del fallecimiento de las personas cuyos nombres se quieran utilizar, el que tenga la facultad exclusiva e indelegable de definir la nominación de los bienes muebles e inmuebles del Estado, rutas, caminos, calles, espacios públicos, universidades y demás cuestiones vinculadas con lo público.
Es necesario entender, de una vez por todas, que lo público no es propiedad de nadie en particular, sino de todos los ciudadanos.
Y, además, que no habrá cultura que pueda desarrollarse, extenderse, promocionarse y divulgarse con orgullo si esos bienes llevan el nombre de personas asociadas indisolublemente a escandalosos actos de corrupción que tanto daño y empobrecimiento han causado y causan a nuestro país.