Jueves, 16 de Agosto de 2018

Diputados atacan a Sala IV por pasarles matrimonio gay

Costa RicaLa Nacion, Costa Rica 15 de agosto de 2018

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La sentencia de la Sala IV sobre el matrimonio igualitario logró el raro efecto de poner de acuerdo a la mayoría de los diputados, aunque fuera para criticar la decisión de los magistrados de dejar en manos del Congreso la regulación del tema en un plazo de 18 meses.
El l tribunal declaró inconstitucionales los artículos del Código de Familia y de la Ley de la Persona Joven que prohíben el matrimonio y el reconocimiento de la unión de hecho entre personas del mismo sexo. Sin embargo, decidió que las normas seguirán vigentes durante un año y medio a la espera de que la Asamblea Legislativa adecue la legislación.
Los partidos Liberación Nacional (PLN), Restauración Nacional (PRN), Acción Ciudadana (PAC), Integración Nacional (PIN) y el Frente Amplio (FA) concidieron en que los altos jueces no acertaron en su resolución del miércoles por la noche.
Solo la Unidad Social Cristiana (PUSC) consideró que el fallo fue jurídicamente correcto porque es a los congresistas a quienes les corresponde legislar en el país. Este Partido se opone a la legalización y, en su lugar, propone crear una figura de uniones civiles que conceda derechos a las personas del mismo sexo.
Carlos Ricardo Benavides, jefe de fracción del PLN, dijo ayer ante el plenario que la resolución de los magistrados constitucionalistas 'es cualquier cosa, menos clara'.
Según afirmó, la falta de claridad y contundencia de la Sala IV le impide al PLN pensar en una fácil resolución del tema en el parlamento.
'Más dudas se dan cuando el magistrado Fernando Castillo (presidente de la Sala IV) habla expresamente de la posibilidad de que el parlamento tiene un plazo de 18 meses para regular el matrimonio igualitario o asumir una determinada figura por un periodo transitorio que no se sabe cuál sería', dijo.
'Y, en un programa radial, el presidente de la Corte, el magistrado Fernando Cruz (...) dice que la Asamblea no puede aprobar ninguna figura que tenga un menor rango que el matrimonio para acatar lo que dispuso la Sala, de lo contrario, sería discriminatorio y atentaría contra la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¡Haberlo dicho así de claro en el por tanto! Le hubieran ahorrado una discusión muy compleja al país', lamentó Benavides.
El miércoles, el magistrado Castillo aseguró que si el Congreso no legisla sobre el tema en 18 meses, el matrimonio homosexual quedará automáticamente en vigencia.
Eduardo Cruickshank, del PRN, advirtió de que el plazo de 18 meses fijado por la Sala IV será infructuoso debido a las diferencias radicales de criterio que hay entre las bancadas.
'Que no venga ahora la Sala a tratar de endilgar responsabilidad política al Parlamento, porque por supuesto esto tiene un costo político y alguien lo debe pagar. Pretenden lavarse las manos para que la responsabilidad caiga sobre este parlamento', recalcó.
Su compañero de bancada, Jonathan Prendas, agregó que la resolución de los magistrados 'no tiene pies ni cabeza' y que la Sala se extralimitó en sus competencias al fijarle un plazo al Parlamento para que legisle sobre el tema. 'Si saben contar, quiten 14 votos si en el plazo de 18 meses quieren aprobar algo de matrimonio igualitario', enfatizó.
Wálter Muñoz, jefe de fracción del PIN, coincidió en que 'no hay nada claro y preciso' en la resolución de la Sala. Y agregó: 'Por el contrario, lo que hizo fue, básicamente, pronunciarse de una manera confusa, incompleta y trasladarle a la Asamblea Legislativa una polémica que, en realidad, no compete en estos momentos al Parlamento. Censuramos que la Sala no haya actuado con claridad y transparencia', opinó.
El parlamentario José María Villalta, del FA, coincidió en que es inviable que el Parlamento tome una decisión al respecto en el año y medio de plazo que le otorgó el Tribunal y que sus integrantes perdieron la oportunidad de resolver un caso complejo acogiéndose, sin que existiera justificación, a la posibilidad de dimensionar los efectos de una resolución sobre la vida social.