La misión de Bachelet

El pasado viernes, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) ratificó por unanimidad la designación de la ex Presidenta Michelle Bachelet para ocupar el cargo de Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Como se ha dicho, el que tan importante nombramiento haya recaído en la ex Presidenta es motivo de orgullo para nuestro país. Y al mismo tiempo, por la responsabilidad que conlleva ese cargo, junto con los deseos de éxito, deben calibrarse los desafíos.
Con sede en Ginebra y dependencia directa del secretario general de la ONU, el alto comisionado tiene como misión promover y proteger los derechos humanos a nivel global. Además de la educación para la prevención, tanto dentro de los organismos de la ONU como hacia todo el mundo, esa tarea supone también la formulación de llamados públicos cuando tales derechos son vulnerados, así como concurrir personalmente a las zonas en que ello ocurre, si es que hacerlo contribuye al objetivo de su defensa. Así, las responsabilidades involucradas rebasan con mucho las meras labores administrativas o la simple declaración teórica.
Por lo mismo, llaman la atención las declaraciones de algunos dirigentes de la ex Nueva Mayoría, anticipándose a señalar que el rol a cumplir por Bachelet sería "más de promoción que de sanción", incluso buscando evitar la confrontación directa en esta materia. Siendo obviamente necesario el diálogo y la búsqueda de entendimientos en una tarea como esta, resulta también fundamental el liderazgo para levantar la voz y denunciar sin eufemismos las situaciones de flagrante atropello de los derechos humanos en distintos lugares del mundo. Aunque en absoluto sencillo, pues, además de capacidades diplomáticas, esto implica mucha exposición y resistencia frente a las presiones, fue precisamente el papel en el que se comprometió el jordano Zeid Ra'ad Al Hussein, a quien Bachelet sucederá en el cargo. Como alto comisionado, entre muchas otras acciones, cuestionó sin equívocos las declaraciones de Marine Le Pen y de Donald Trump contra los inmigrantes, y denunció sin ambages situaciones de abuso por parte de regímenes de disímil signo político. Ciertamente no todas sus actuaciones pueden estimarse acertadas, pero resulta indudable la determinación con que asumió el cargo.
Más allá de centrar sus esfuerzos en ciertas regiones especialmente críticas, quien debe velar por los derechos humanos en el mundo tiene sobre sus hombros una misión que lo obliga a condenar su vulneración siempre y en todo lugar, tan pronto se acredite su evidencia. Esta incondicionalidad no debiera admitir miramientos políticos, ideológicos, religiosos o de cualquier otro tipo. Desde ya, en nuestra región son varias las situaciones que reclaman un compromiso urgente y concreto a quien ejerza el cargo en el que ha sido nombrada la ex Presidenta. Como es público y notorio, la población civil en Nicaragua está siendo víctima de una feroz represión por parte del gobierno de Daniel Ortega. Prolongados en el tiempo han sido también los abusos cometidos por los gobiernos de Venezuela y Cuba. Gestos como los que en el pasado ha tenido la Mandataria respecto de la dictadura que gobierna este último país no debieran significar una menor severidad para alzar su voz en defensa de quienes han sufrido allí la vulneración de sus derechos básicos.