Domingo, 18 de Noviembre de 2018

¿Incentivos o privilegios?

PerúEl Comercio, Perú 18 de noviembre de 2018

Por CarolineGibu

Lea mañana en Economía a

Oswaldo Molina

El Comercio no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta

Por CarolineGibu



Lea mañana en Economía a





Oswaldo Molina





El Comercio no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.





En los últimos días los medios de comunicación han recogido elementos del debate entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Congreso sobre la eliminación de exoneraciones tributarias y la generación de nuevos beneficios tributarios, asignaciones directas o fideicomisos para incentivar la inversión, mejorar la recaudación y contribuir al crecimiento económico. El MEF ha indicado que las exoneraciones y beneficios tributarios cuestan al país S/17 mil millones anuales ?recursos que bien podrían ser utilizados para mejorar la inversión en salud y educación a nivel nacional? y, aun así, estos son renovados ampliando su vigencia sin una evaluación de su pertinencia o cumplimiento de los objetivos para los que fueron creados.





Para la mayor parte de los ciudadanos, esta discusión resulta poco clara aun cuando pareciera que resulta mejor pagar menos impuestos o que nos devuelvan tributos en dinero para impulsar nuestros emprendimientos. Sin embargo, un ciudadano más acucioso podrá preguntar: ¿Por qué solo ciertas actividades y no todas las actividades económicas gozan de exoneraciones o beneficios tributarios? ¿Cuáles son los criterios para determinar que una actividad o zona geográfica debe ser considerada? ¿Existe algún control para que quien aprueba la norma no se beneficie de la misma, en un claro conflicto de interés? ¿Quiénes son los que reciben estos beneficios? ¿Son incentivos o privilegios para algunos pocos?





Para determinar si una exoneración o beneficio tributario es ?bueno? o ?malo?, el International Budget Partnership, una organización internacional que promueve la transparencia presupuestaria, publicó hace unos meses ?Evaluar los gastos fiscales?, una guía práctica para ayudar a establecer parámetros sencillos que impulsen sistemas tributarios con enfoque ciudadano. Dicha guía propone cinco criterios que deben ser considerados al evaluar un incentivo: transparencia, rendición de cuentas, equidad, eficiencia y adecuación o pertinencia.





Entre las medidas que se proponen se citan, por ejemplo, (i) la publicación accesible del listado de las exoneraciones y beneficios tributarios existentes, su marco legal, su objetivo y fecha de caducidad; (ii) la publicación de los beneficiarios de la misma, estadísticas generales, como número de contribuyentes beneficiados, así como información desagregada, como nivel de ingresos, ubicación geográfica, entre otros; (iii) el acceso o levantamiento de datos abiertos para la evaluación de impacto económico y social; (iv) los costos administrativos de implementación y supervisión para Sunat y agentes sectoriales.





Promover la integridad en el Estado implica también generar sistemas tributarios íntegros, que permitan una buena atención al contribuyente, trámites simplificados y fiscalización adecuada, sin arbitrariedades o excesos que alienten la corrupción. Pero además de ello, requerimos que las normas que regulan los impuestos que pagamos o dejamos de pagar sean claras, transparentes y evaluables. Un Congreso comprometido con la integridad debería incorporar los cinco criterios al momento de decidir si prolonga una exoneración.