Más allá del bitcóin

Han pasado meses desde cuando el mundo observó cómo se desinfló la burbuja especulativa que llevó a instrumentos como el bitcóin a alcanzar precios que desafiaban la lógica. Desde entonces, dichas cotizaciones se ubicaron en cercanías de una tercera parte de sus máximos históricos, un nivel que, en todo caso, supera con creces el de su valor de lanzamiento. La resiliencia mostrada sirve para comprobar que hay alternativas que no existían un tiempo atrás y que hoy forman parte de la realidad en decenas de países, incluido Colombia. Por tal motivo, hay que reconocer la creación de un equipo de alto nivel en el Banco de la República para trabajar sobre el tema y, eventualmente, proponer cambios en la ley y los mecanismos de supervisión vigentes. Qué hay mucho por hacer, lo demuestra el simple hecho de que las entidades que le han metido el diente al asunto hablan de criptoactivos y no de criptomonedas. La discusión puede sonar semántica, pero no lo es, pues los técnicos recuerdan que la moneda, aparte de servir para hacer pagos, es depósito de valor, funge como unidad de cuenta y tiene poder liberatorio a la hora de liquidar obligaciones entre diferentes agentes. No menos importante es el respaldo de un banco central y la confianza que inspira en la sociedad. En comparación, ni el bitcóin ni sus pares son de curso legal y tampoco son reconocidos como divisas. Además, sus protocolos de emisión y seguridad son opacos, aparte de que sus precios son volátiles. La experiencia muestra que no hay maneras de proteger al consumidor o al inversionista, que quedan abandonados a su suerte. Lo anterior no implica que haya que proscribir los criptoactivos. Los expertos reconocen el enorme potencial que acompaña a la tecnología de registros distribuidos. En la medida en que estos subsanen los problemas que los aquejan, es indudable que se convierten en una alternativa frente al efectivo, comenzando por su portabilidad, divisibilidad y transferibilidad. Puesto de otra manera, los costos de una transacción bajarían al mínimo, con un máximo de seguridad. No obstante, falta todavía mucho camino por recorrer. Una mirada a lo sucedido revela la aparición de centenares de opciones, algunas de las cuales se han prestado para fraudes, pues muchas operaciones se hacen por debajo del radar de las autoridades. También es malo que el secreto inherente a esta tecnología se presta para que sea utilizada en acciones criminales como lavado de activos o evasión de impuestos. Por tal motivo, hay que comenzar por ponerse de acuerdo en el ámbito internacional sobre cómo se tratan los criptoactivos. En algunas legislaciones, estos se asemejan a mercancías, mientras que en otras se les caracteriza como fondos transferibles, activos financieros, títulos valores o unidades digitales susceptibles de ser usadas como medio de pago. Para completar, la aproximación es distinta en materia tributaria, financiera o cambiaria. En consecuencia, Colombia necesita seguir de cerca la discusión que se adelanta en el mundo. Hasta la fecha, la labor de las autoridades locales ha estado limitada a advertirle al público sobre las características y riesgos de estas opciones, pero todo apunta a que en algún momento se adoptará una legislación flexible que les permita regular y supervisar este universo. Sería ideal que más que concentrarse en puntos específicos se defina un marco amplio que permita actuar con agilidad. Dicha labor va a estar acompañada de un examen a los posibles usos de los registros distribuidos. Sistemas seguros e inviolables serían ideales para el manejo de los documentos de identidad o los títulos de propiedad de la tierra, por ejemplo. Y es que esta revolución existe. Ahora de lo que se trata es de aprovecharla y evitar que se nos salga de las manos.