El debate presupuestario

La administración de la expresidenta Bachelet se caracterizó por un persistente y pronunciado desajuste entre los ingresos y los gastos fiscales: mientras el gasto anual creció 5,5% en promedio durante el período 2014-2017, la expansión promedio del producto fue de 1,9%. Este desequilibrio alcanzó su mayor tamaño el año 2017, cuando tanto el déficit efectivo como el estructural registraron sus valores más altos desde la crisis subprime del año 2009 (2,8 y 2%, respectivamente).
El significativo deterioro de las arcas públicas indujo a las principales clasificadoras de riesgo internacionales a reducir la calificación soberana de Chile. Así, debido a la deficiente gestión fiscal de la Nueva Mayoría, empresas, familias y el Estado enfrentan tasas de interés más elevadas para acceder a financiamiento crediticio. Otro aspecto nocivo de aquella indisciplina fiscal es que el Estado de Chile cuenta hoy con menos recursos para, por ejemplo, mitigar los efectos de una eventual recesión global desencadenada por una profundización del conflicto comercial entre EE.UU. y China.
Para enmendar esta situación, el gobierno del Presidente Piñera se comprometió a disminuir el déficit estructural a razón de 0,2% del PIB por año. En este contexto, y dado el dinamismo que se espera tenga la economía chilena durante el próximo año, distintos estudios técnicos indican que el incremento real de 3,2% en el gasto público contemplado en la Ley de Presupuestos 2019 resulta congruente con dicho objetivo. Entre sus prioridades se identifican las áreas de educación, salud y trabajo, agregándose importantes subsidios habitacionales y a la Región de La Araucanía.
Las críticasComo suele suceder durante cada noviembre, distintas voces están cuestionando la estrategia de priorización del Ejecutivo contenida en su proyecto de Ley de Presupuestos. Asimismo, han surgido críticas en torno a la modificación de los criterios a utilizar para asignar recursos al interior de las distintas carteras. En este debate, lamentablemente se brinda poca atención a la importancia de recuperar el orden en las finanzas públicas del país.
Uno de los temas que han recibido más cuestionamientos es el presupuesto asignado a Ciencia, Tecnología e Innovación. Este se reduce en 4,6% respecto del año anterior. Se ha planteado que la merma de los recursos asignados es particularmente contraproducente, toda vez que la inversión pública como porcentaje del PIB en Investigación y Desarrollo (I+D) de los países avanzados supera ampliamente a la de Chile. No obstante, esta postura omite los cambios en cada uno de los componentes. De hecho, las cifras sugieren que los componentes de Ciencia y Tecnología ven aumentar el presupuesto en 1,4% respecto del presupuesto vigente. En cuanto a la innovación, la inspección de las cifras indica que su reducción se produce en parte importante por el presupuesto del Ministerio de Economía, donde se plantea una reestructuración de distintos programas. En este sentido, un elemento que sería necesario conocer son los criterios técnicos considerados por la administración para implementar dichos cambios. ¿Es el resultado de una evaluación deficiente de la acción del Estado en el ámbito de innovación? ¿Responden a un cambio de estrategia para potenciar un área que se sabe es fundamental para el desarrollo del país?
Cultura es otro ámbito en el que las partidas han sido objeto de críticas. A pesar de que el presupuesto destinado a dicha cartera crece a una tasa superior a la del erario nacional (4% versus 3,2%), han surgido reclamos en torno a las disminuciones en las transferencias directas a determinadas organizaciones privadas. Inesperadamente, tal debate ha permitido identificar particularidades en la asignación de recursos públicos a través de la Ley de Presupuestos.
Aquí dos preguntas relacionadas demandan una respuesta por parte de las autoridades. En primer lugar, ¿qué explica la reducción de la asignación a determinadas instituciones privadas en el ámbito de la cultura? Cualquier criterio debería pasar por la evaluación del impacto social de los recursos asignados a dichas instituciones en el pasado. Y más general, ¿por qué la Ley de Presupuestos permite la arbitrariedad de asignar recursos fiscales a determinadas instituciones privadas? Tal como han planteado distintos técnicos, la forma más eficiente y justa de asignar recursos en este ámbito parece ser a través de concursos públicos basados en parámetros objetivos y verificables. La Ley de Presupuestos no puede ser utilizada para asignar recursos fiscales de forma arbitraria, independientemente de las características de las instituciones privadas en consideración.
Dipres 2.0En este sentido, parece necesario acelerar los esfuerzos para dotar a la Dirección de Presupuestos con las herramientas técnicas y un capital político suficiente para avanzar en la configuración de una institucionalidad presupuestaria que reduzca la asignación de recursos fiscales en forma excepcional y que la reasignación entre años sea realizada sobre la base de criterios de evaluación de proyectos objetivos. Esto permitiría implementar ajustes pertinentes, con argumentos técnicos, en muchos programas sociales que han mostrado desempeño poco satisfactorio. Como ha quedado de manifiesto, la ausencia de una institucionalidad sólida que blinde de presiones políticas de cualquier tipo puede afectar un pilar esencial de nuestra estrategia de desarrollo: la responsabilidad fiscal.