En IVA, renta y pensiones empezaría el ajuste a la ley de financiamiento

El proyecto de ley de financiamiento, que completó su segunda semana de debate entre los diferentes sectores económicos del país, y que está a las puertas de comenzar su discusión en el Legislativo, ya tiene prácticamente definida la que será su primera ‘peluqueada’. Portafolio conoció que tras varias reuniones con gremios, empresarios, congresistas, académicos y analistas, el Gobierno ha abierto la puerta que permitiría realizar algunos cambios al texto de la ley, relacionados con el impuesto a las ventas (IVA), la renta a personas naturales y el gravamen a las pensiones. Por ejemplo, el primer punto, que incluye la universalización de la tarifa del IVA al 80% de la canasta familiar, se modificaría, luego de la polémica desatada a nivel nacional y de que la bancada del Centro Democrático le pidiera al Gobierno su revisión. Es más, su vocero, el expresidente Uribe, aseguró que "el ministro (Alberto) Carrasquilla va a buscar opciones con los ponentes de los partidos, porque el país necesita corregir esta reforma". ¿Más IVA? Una de las opciones que se estaría barajando para ajustar este punto fue ventilada por el presidente del Consejo Gremial, Jorge Humberto Botero, quien indicó que si bien aún no tienen una postura oficial, podrían llegar a un acuerdo para que el IVA a la canasta familiar no salte hasta el 18%, sino al 10% o el 12%, lo cual podría darle al Estado entre $6 billones y $8 billones. También se ha planteado la posibilidad de que la tarifa general no se reduzca del 19%, lo cual dejaría el recaudo actual congelado y no le implicaría al fisco dejar de recibir algo más de $5 billones. El exdirector de la Dian, Gustavo Cote, explicó que "la presión frente al IVA a la canasta ha sido grande y nadie le quiere caminar a eso. De hecho, si el Gobierno cede, sería más conveniente para el proyecto, ya que al no rebajar la tarifa nominal al 17%, hacia el 2022, el Estado seguiría recibiendo los $5 billones que implicarían ese bajón". Y agregó los ajustes podrían sumar $7 billones, ya que el gasto fiscal por devolver el IVA a los más pobres no serían tan alto, es decir sería "una carambola a tres bandas, porque bajaría las necesidades fiscales, le daría ‘contentillo’ a todo el país y facilitaría el trámite del resto de la ley en el Congreso. Desde ese punto de vista, la tarea se reduciría a conseguir $7 billones que perfectamente se pueden compensar con las demás medidas de la reforma". Otro punto que se revisaría tiene que ver con el IVA a la vivienda usada, ya que el propio jefe de esa cartera, Jonathan Malagón, ha sido enfático en advertir sobre el impacto negativo para el sector. Adicionalmente, la primera ‘peluqueada’ incluiría la reducción del piso para gravar las pensiones, que en la reforma busca que las mesadas desde $4,8 millones paguen renta. Si bien esto ampliaría el recaudo en $1 billón anual, para Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, "ese impuesto solo debería ser para las pensiones altas y subsidiadas del régimen público". Cirugía mayor El debate público desatado desde que Carrasquilla radicó el articulado abrió la puerta a propuestas de todos los matices. Para Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda, se puede tener perfectamente un plan B. "Hay varios puntos para tener una reforma pragmática. Por ejemplo, se puede lograr reducir la necesidad en 0,2% del PIB al tener mayores ingresos petroleros (incluyendo impuestos y rendimientos de Ecopetrol), otro 0,2% por reducir más el gasto público y un 0,2% adicional de menor gasto fiscal, por cuenta de relajar la Regla Fiscal. Este último punto se daría por un mayor endeudamiento, pero a la vez generaría un gasto menor, por lo cual no sería para nada escandaloso". Esto quiere decir que el déficit del próximo año no sería de 2,4% del PIB, sino de 2,6%, y en total llevaría a que la reforma no necesite recaudar 1,4% del PIB, sino 0,8%, que, para Echeverry, "esto es más razonable, en lugar de sacarle más a la clase media y de aumentar tanto el gasto público, porque eso es precisamente lo que están buscando financiar". En cuanto al IVA propone dejarlo en 19% para los productos que ya lo tienen, eliminar las tarifas diferenciales de 0% y 5% y crear una sola de, por ejemplo, 8%, para incluir los demás bienes y servicios. El centro de estudios Anif tampoco está de acuerdo con la expansión del IVA a la canasta familiar. Sergio Clavijo, su presidente, aseguró que "si la ley de financiamiento queda tal y como está, sería mejor dejar así y dar la discusión el próximo año con más calma". En su lugar, planteó que una salida estaría en dejar inalterada la tasa corporativa en el 33% ("taponando las excesivas prebendas"); eliminar las tarifas diferenciales del IVA y unificar todo en 19% (sin tocar la canasta familiar que hoy está exenta); devolverles 0,2% del PIB a los más pobres y, por último, gravar a tasas bajas del 1% al 2% los ingresos de $4 millones por mes, "llevando la tasa efectiva a cerca del 25% para los hogares ricos que reciben $50 millones mensuales". Todas estas propuestas comenzarán a discutirse oficialmente esta semana. De hecho, hoy a las 11 am, se dará la primera reunión de trabajo de coordinadores y ponentes de este proyecto de ley, que se realizará en el Ministerio de Hacienda. De antemano se prevé que esta cita dure buena parte del día, ya que allí se definirán los primeros puntos que se incluirán y recortarán para la ponencia de primer debate, que mañana mismo podría comenzarse a discutir en el Congreso de la República. Esto, pues las Comisiones económicas conjuntas citaron a las 8 am de este miércoles una sesión para estudiar y discutir el articulado de la ley de financiamiento, en la cual podría fijarse el punto de partida para futuras discusiones. El próximo jueves habrá otra reunión, a las 8 de la mañana en el Ministerio de Hacienda, a la que están invitados los coordinadores y ponentes del proyecto. Se espera que allí queden definidos los últimos puntos de la ponencia, de modo que los primeros debates y votaciones tengan su hora cero a partir del martes de la próxima semana.