Jueves, 28 de Marzo de 2024

Sindicalistas con coronita

ArgentinaLa Nación, Argentina 16 de noviembre de 2018

Resulta una burla a la sociedad que el actual borrador de la ley de ética pública permita a los gremialistas no divulgar sus bienes

En el último borrador del proyecto de ley de ética pública ha quedado excluida la obligación de que todos los sindicalistas hagan pública la declaración jurada de sus bienes. La decisión adoptada, no definitiva aún, no se condice con las manifestaciones que casi a diario realizan el presidente Macri y muchos de los integrantes del gabinete nacional reivindicando la lucha contra las mafias y la corrupción.
El sindicalismo en la Argentina está organizado de una manera monopólica, en la que existen gremios muy poderosos de cada actividad que no han permitido libertad y competencia de ofertas de servicios. Además se ha comprobado que son muchos los dirigentes sindicales multimillonarios vinculados con hechos de corrupción, que no tienen manera alguna de justificar el origen y la licitud de sus gigantescas fortunas. Como si eso fuera poco, hace décadas que han instaurado el régimen monárquico en sus sindicatos: se eternizan en sus cargos directivos mediante elecciones amañadas y luego, convertido el sindicato en una suerte de propiedad privada, colocan a sus hijos en carrera para que los sucedan.
Son varios los dirigentes que cumplen prisión y otros están obligados a presentarse ante la Justicia para tratar de explicar su descomunal patrimonio. Tal el caso, por ejemplo, de Marcelo Balcedo, titular del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación, al que se le incautaron más de siete millones de dólares en Uruguay, o el de Juan Pablo "Pata" Medina, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), seccional La Plata, que desviaba ingresos desde la organización sindical a su propio bolsillo.
No menos importante es el caso de Víctor Santa María, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios (Suterh), denunciado por la Unidad de Información Financiera (UIF) por operaciones sospechosas por 6 millones de dólares en Suiza. Y también son relevantes las investigaciones que se están llevando a cabo en la Justicia para determinar el origen del crecimiento desmedido del patrimonio de los integrantes del llamado clan Moyano.
Con este panorama a la vista, y sin el menor pudor ni temor al ridículo, el Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos (Safyb) convocó a elegir al mejor sindicalista de este año, entre Sergio Sassia, secretario general de la Unión Ferroviaria; Néstor Segovia, secretario adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, y Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros.
Resulta una burla la iniciativa presentada para que los jefes sindicales no hagan pública su situación patrimonial. Y mucho peor aún si, como es dable suponer, dicha decisión responde a una presión o una suerte de intercambio de favores entre el Gobierno y los dirigentes gremiales para paliar lo que se presume un tiempo de conflictividad social y posibles paros de actividades de los gremios en los próximos meses.
Es de esperar que la iniciativa presentada sea desestimada del proyecto y se vuelva a la redacción original que exige la publicidad de la declaración patrimonial de los sindicalistas, quienes deberían rendir cuentas y responder por el origen de sus patrimonios, como quienes ocupan cargos públicos. De lo contrario, se consagraría no solo la impunidad para ellos, sino un privilegio inadmisible ante una sociedad que, además de padecer por los sacrificios económicos, contempla absorta los graves escándalos de corrupción.

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