Petición de asilo

Con cinco expresidentes enfrentados a procesos judiciales, el ambiente político en Perú se tensó aún más con el asilo que solicitara el exmandatario Alan García al gobierno uruguayo, argumentando persecución política, una acusación que es rechazada ampliamente en un país donde las instituciones democráticas están vigentes y personeros de todo el espectro están siendo investigados.
Mediante su ingreso a la embajada de Uruguay, el líder aprista intenta evitar someterse a la reciente solicitud de prohibición de salir del país hecha por el fiscal a cargo de investigar casos de corrupción vinculados a la constructora brasileña Odebrecht, que habría pagado unos 29 millones de dólares en sobornos a políticos y funcionarios peruanos. García había colaborado con la justicia en las fases previas de la investigación, pero cambió de estrategia después de que se le informó sobre la ampliación de la indagatoria a los delitos de lavado de activos y colusión agravada, por haber supuestamente favorecido a Odebrecht en la licitación para construir el metro de Lima.
En su categórico desmentido a cualquier indicio de persecución política, el Presidente Martín Vizcarra hizo hincapié en que en Perú se respetan "la separación de poderes, la Constitución y los tratados internacionales", y que todos los peruanos, sin excepciones, deben someterse a la justicia. Vale esta aclaración por cuanto el convulsionado panorama político y judicial que se ha vivido el último tiempo en ese país podría dar la sensación de que el orden democrático pudiera estar en riesgo y que no están dadas las garantías del debido proceso. Pero en el ámbito político, el recambio presidencial, que elevó a la presidencia a Vizcarra luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, estuvo dentro del marco constitucional; las dificultades que tiene el mandatario con el Congreso (con mayoría de oposición) son de carácter político, y en el área judicial, las denuncias de la existencia de una red de corrupción, hasta donde se conoce, no afectan a los fiscales que investigan los sobornos de Odebrecht.
Con todo, el gobierno de Tabaré Vázquez deberá ser muy cuidadoso en no intervenir en asuntos internos de un Estado democrático, y tener todos los antecedentes a la vista al decidir otorgarle o no asilo a un expresidente que ya en una oportunidad anterior, en circunstancias completamente distintas, buscó protección en el extranjero. En efecto, el pedido de asilo que hiciera García en 1993 a Colombia se dio en el contexto del "autogolpe" de Alberto Fujimori, época en que se iniciaron investigaciones en su contra por otros delitos de corrupción, los que finalmente prescribieron, permitiéndole regresar a Lima, en 2001, y reanudar su carrera política.
García ha dicho que hubo "ratas" corruptas en su segundo gobierno, pero niega vínculos con ningún esquema ilegal. Si esto es así, más que pedir asilo, García debería usar todas las herramientas que le da la justicia para demostrar su inocencia. Buscar refugio en Uruguay da la razón al fiscal, quien con su pedido de prohibición de salir trataba de evitar que García eludiera la justicia.
Al buscar refugio en Uruguay Alan García da la razón al fiscal, quien con su pedido de prohibición de salir trataba de evitar que eludiera la justicia.