Jueves, 28 de Marzo de 2024

Estremecida la gobernanza del IEPR

Puerto RicoEl Nuevo Dia, Puerto Rico 14 de diciembre de 2018

La recién conformada junta de directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) se reúne hoy para considerar si entabla un proceso de remoción contra el director ejecutivo de esa dependencia, Mario Marazzi-Santiago, informó a El Nuevo Día, el presidente de ese cuerpo rector, Arnaldo Cruz Rivera

La recién conformada junta de directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) se reúne hoy para considerar si entabla un proceso de remoción contra el director ejecutivo de esa dependencia, Mario Marazzi-Santiago, informó a El Nuevo Día, el presidente de ese cuerpo rector, Arnaldo Cruz Rivera.
Los directivos del IEPR dirimen el futuro de Marazzi-Santiago luego de que el pasado 28 de noviembre, la jueza Larissa Ortiz Modesti extendió hasta mayo de 2019, la vigencia de una orden de protección contra Marazzi-Santiago por un supuesto incidente de violencia de género entre el funcionario y su expareja.
Cruz Rivera explicó a El Nuevo Día que transcurrido el plazo dado a Marazzi-Santiago para dejar el cargo, el pasado lunes, los directivos llevaron a cabo una reunión extraordinaria para entender lo que dispone la ley orgánica del IEPR en cuanto a la remoción del director ejecutivo. A esos efectos, Cruz Rivera explicó que hoy se discutirá la información recopilada sobre el tema, el procedimiento a seguirse, así como la contratación de abogados y un oficial examinador, entre otras cosas.
Marazzi-Santiago ha indicado que apelará la orden de protección en su contra y solicitó separarse temporalmente de sus funciones, lo que así se hizo. El subdirector del IEPR, Orvill Disdier, ha tomado las riendas de la dependencia de manera interina.
"Necesitamos algo de claridad", dijo Cruz Rivera, aunque destacó que el IEPR opera como de costumbre. "Una institución no es una persona y el Instituto tiene un personal de primera".
Una junta ilegítima
El futuro de Marazzi-Santiago en el IEPR se discute en medio de cuestionamientos acerca de la legalidad de la composición de la junta del IEPR.
Ayer, el demógrafo, Alexis Santos Lozada divulgó en la red social Twitter una carta dirigida a Cruz Rivera en la que señala que los nombramientos efectuados por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares en noviembre pasado son contrarios a la ley orgánica del IEPR.
Santos Lozada se refería a los nombramientos del economista Nicolás Muñoz, el contador público y exdirector de Finanzas de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Harry Santiago, y el secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy. Con tales designaciones, así como el reciente nombramiento de Carola Ballester (quien sucede a Antonio Fernós Sagebién tras este renunciar a su cargo) al menos cinco de los siete integrantes de la junta del IEPR que se reúnen hoy fueron nombrados por Rosselló Nevares.
Mientras, Santos Lozada dijo que Cruz Rivera tampoco tendría los méritos para ocupar una silla en el cuerpo rector, por lo que las decisiones que tomen estos serían nulas.
"Estas personas pueden tener carreras distinguidas, pero la contabilidad no es economía y ser un abogado no te hace experto en datos", dijo Santos Lozada a El Nuevo Día.
"Sería una pena que porque se quiera tomar el control del Instituto, se nomine a personas sin el peritaje y terminemos con un Instituto que no ejerza a cabalidad sus funciones", agregó Santos Lozada al señalar que Puerto Rico no puede permitirse regresar al "oscurantismo estadístico" que vivía antes de la creación del IEPR.
Cuestionado por los señalamientos de Santos Lozada, Cruz Rivera indicó que hoy los directivos del IEPR también deben decidir si la institución debe buscar una opinión legal de una firma de abogados distinta al estudio legal Hernández Gutiérrez, que hasta ahora ha asesorado al IEPR.
Dicha consulta legal para determinar la legitimidad de los nombramientos hechos por Rosselló Nevares, de ser avalada por el cuerpo rector al tiempo en que comenzaría el proceso para destituir a Marazzi-Santiago, un proceso que de probarse en sus méritos podría tardar unos dos meses, dijo Cruz Rivera.

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