Entrega de calificaciones

Después de muchos ires y venires, el trámite de la ley de financiamiento está por llegar a su fin. Todo indica que en estos días, por fin, tendremos una reforma tributaria que poco o nada tiene que ver con el proyecto original. De los 14 billones de pesos que buscaba el Gobierno, la reforma recaudará menos de la mitad en su primer año de vigencia, y de sus lineamientos conceptuales no queda ni la sombra. De esta manera, lo que saldrá del Congreso no solo es un Frankenstein, como dicen los observadores, sino peor aún: medio Frankenstein. Pero los problemas de la ley de financiamiento van más allá. Estamos ante una reforma tributaria que lleva incorporada la garantía de que en menos de un año estaremos discutiendo otra más. Los cálculos de Fedesarrollo muestran que la ley implicaría un aumento del recaudo de 0,7 por ciento del PIB en el 2019, pero a partir de ahí el impacto neto sobre los ingresos del Gobierno sería negativo: -0,1 por ciento del PIB en el 2020, -0,3 por ciento del PIB en el 2021 y -0,4 por ciento del PIB en el 2022. ¿Cómo puede darse semejante absurdo? Porque mientras los aumentos del recaudo resultantes de la ley se dan desde el primer año, las gabelas que propone para el sector empresarial se harían efectivas gradualmente, erosionando así el impacto positivo sobre el recaudo. Este adefesio (una reforma que deteriora las finanzas públicas a partir de su segundo año de vigencia) se habría podido corregir en un trámite legislativo más ordenado, a partir de un razonamiento simple: si no fue posible conseguir todos los ingresos que estaban previstos en el proyecto orginal, tampoco deberían sobrevivir todas las gabelas planteadas inicialmente. Todos sabemos que los impuestos a las empresas en Colombia son excesivamente altos comparados con los de otros países con los que competimos, y desde ese punto de vista tiene sentido buscar una reducción de los gravámenes corporativos. Sin embargo, mantener toda suerte de regalos navideños (gabelas para megainversiones, proyectos agrícolas, una economía naranja de múltiples tonos y sabores…), en un contexto en el que se reducen los recaudos a partir del 2020 es un despropósito. Lo que es un absurdo desde el punto de vista conceptual, puede ser fatal en el campo de la política económica. La agencia Moody’s acaba de bajar la calificación de riesgo de Costa Rica, a pesar de que las autoridades de ese país lograron pasar una reforma tributaria en los primeros días de diciembre. ¿La razón? La calificadora considera que esa reforma es insuficiente para resolver los problemas de las finanzas públicas que agobian a los ticos. Con ese antecedente, no es difícil imaginar lo que pensarán las agencias calificadoras de una ley de financiamiento como la colombiana que deteriora las finanzas públicas al cabo de dos años. Pero como toda situación es susceptible de empeorar, ya algunos empezaron a hablar de la conveniencia de relajar la Regla Fiscal para que quepa la laxitud de esta reforma… Todo un banquete navideño para las calificadoras.
*Investigador Asociado de Fedesarrollo
Mauricio Reina*