¿Qué sigue para Electricaribe?

Camilo Sánchez Ortega*
La solución que presentó el Gobierno Nacional es una buena cuota inicial para atender los problemas de prestación del servicio en la región Caribe. Hacerse cargo de 1,2 billones de pesos para el pasivo pensional y comprometerse a invertir casi 700.000 millones de pesos durante el 2019, son pasos en la dirección correcta. La hoja de ruta trazada prevé que el año entrante se realizará la selección de los operadores especializados para atender la segmentación resultante. La definición de los criterios para esta, es un paso clave que deberá atender conceptos técnicos y de mercado. Se necesita ofrecer condiciones financieras equilibradas que hagan viable la operación futura para atraer a más inversionistas, porque se estima que se requieren 7,1 billones de pesos para realizar la intervención en redes durante la próxima década. Por eso, creemos que no sería conveniente promover la creación de una nueva empresa sin experiencia operativa y músculo financiero para realizar las inversiones mencionadas. No tiene sentido repetir errores del pasado que afectarían el servicio prestado a los usuarios. Tampoco se puede olvidar el pago pendiente de 380 mil millones de pesos adeudados a los generadores de energía antes de la toma de posesión, hay que clarificar de una vez quién cubrirá estas obligaciones. Para el éxito de esta hoja de ruta consideramos necesario archivar los proyectos de ley del 2018 que están en curso en el Congreso: el 130 sobre cargo por confiabilidad, y el 132 de Topes de Participación, por lo cual el Gobierno debería expresar su inconveniencia ya que afectan la institucionalidad y avances sectoriales. De no hacerlo, irían en contravía de las soluciones anunciadas. Si existe una adecuada segmentación del mercado, es indispensable analizar con detenimiento si es necesario modificar los límites actuales para comercialización (debido a que se mencionó un valor tentativo de hasta 35 por ciento); si se aumenta la concentración del mercado en cada vez menos agentes, se pueden generar efectos sobre los precios y los beneficios que percibirán los usuarios, a menos que se definan reglas de control complementarias. Por esto, es importante disminuir el riesgo sistémico y se logra no teniendo agentes tan grandes en los mercados porque si algo les ocurre, el efecto sobre el servicio puede ser inmanejable. Se deben tomar decisiones basadas en conceptos técnicos más que políticos. Solicitar el levantamiento de límites sería abrir una caja de Pandora, porque otros sectores que hoy los tienen y han operado con éxito durante años, muy seguramente exigirían al gobierno en el futuro las mismas condiciones En Colombia, hemos avanzado para que haya un mayor nivel de competencia para grandes consumidores (usuarios no regulados) que pueden negociar sus compras de energía, y para que esto sea posible para cualquier usuario, es necesario acelerar la implementación masiva de medidores inteligentes. Definir la adecuada segmentación con operadores especializados que inviertan; acelerar la medida inteligente; lograr que los usuarios se empoderen del uso legal de la energía; garantizar el pago del servicio mensual por parte de las entidades territoriales así como el cubrimiento oportuno de los subsidios, son parte del círculo virtuoso que necesitamos para que el Caribe siga siendo una región pujante y clave para el desarrollo del país. Que no nos salga más caro el collar que el perro, sin derecho en el futuro a pedir más rescates.
*Presidente de Andesco