La Supersalud está en vilo por una demanda

El Tribunal Superior de Barranquilla determinó que la Superintendencia de Salud debe pagar 85.000 millones de pesos a 37 IPS que tenían contratos con las EPS Selvasalud, Salud Cóndor, Solsalud, Calisalud, Golden Group y Humana Vivir. La demanda en contra de la Supersalud señala que la entidad debe cubrir estos valores por tener a su cargo la vigilancia de las EPS y por haber ordenado su liquidación, proceso durante el cual no se les reconocieron esas deudas. En 2013, la entidad inició unos procesos contra las EPS Solsalud, Humanavivir, Golden Group, Selva Salud y Salud Cóndor y, de acuerdo con el superintendente de salud Fabio Aristizábal, la respuesta de estas entidades fue la demanda. "El mensaje que le estamos mandando al país es terrible y dramático para nosotros, por que ahora se volvió más peligroso actuar que no actuar. La función de la Superintendencia es entrar a corregir esos defectos que tienen las EPS y ahora resulta que por intervenirlos la demanda será contra de la Superintendencia", señaló Aristizábal. Además, agregó que con esta determinación se abre una brecha peligrosa para las entidades de vigilancia. "Si eso sigue así no solo nosotros corremos peligro, sino cualquier otra Superintendencia y el mensaje a los vigilados es terrible porque una EPS que hoy no esté cumpliendo, no tenga solvencia y no tenga patrimonio, no le va a importar y se va a quedar tranquila porque de esa deuda que va a dejar se encarga la Super intendencia. Así mismo pasaría con las IPS porque ellos habían hecho sus contratos con una mala depuración de cartera o demás y entonces van a responsabilizar a la Superintendencia y si la EPS se liquida es la Super la que va a pagar. Si esto avanza debemos pensar en liquidar esta Superintendencia, para corregir el rumbo. Es un pésimo mensaje para los colombianos", manifestó Aristizábal. Según el Superintendente, el presupuesto de la entidad es de solo 150.000 millones de pesos, de los cuales 89.000 millones están destinados a su funcionamiento. "Si la demanda nos cuesta 85.000 millones de pesos, tendríamos 4.000 millones para funcionar, entonces el precedente que le estamos generando al país es nefasto. Este es un fallo exótico porque lo está haciendo un juzgado ordinario y no una jurisdicción administrativa como debería ser", dijo.