Bounine declaró, pero negó haber hecho pagos por 200.000 euros

Acusado de haber integrado una asociación ilícita para lavar dinero, en la causa conocida como y negó las responsabilidades que se le adjudicaron. El exsecretario santacruceño de la expresidenta Cristina Kirchner había quedado detenido el miércoles por la tarde y pasó su primera noche preso en la sede de Drogas Peligrosas de la Policía Federal. Ayer fue trasladado a primera hora hasta los tribunales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria en el juzgado de y escuchar los cargos que se le imputaron.
Allí junto a quien designó como su abogado defensor, Diego Richards. Pero aunque Bounine reconoció que habló con y respondió todas las preguntas del juez, desmintió haberle pagado 200.000 euros -tal como Campillo había indicado- y negó todos los cargos en su contra. Quedó detenido y al cierre de esta edición no estaba definido si lo trasladarían al penal de Marcos Paz o a Ezeiza.
Bounine quedó involucrado en la causa por los dichos de Campillo , el exministro de Economía de Santa Cruz, quien lo señaló como el nexo con el circuito de lavado del dinero de Daniel Muñoz. "Respecto de mi participación debo decir que a mí no me convoca el matrimonio Muñoz. Es el señor Isidro Bounine, exsecretario de la Dra. Cristina Elizabet Fernández de Kirchner. Me llamó telefónicamente. En mi actual teléfono está su número telefónico agendado como Isidro", había declarado Campillo.
Según declaró Campillo, Bounine lo llamó en abril de 2016 para pedirle que viajara a los Estados Unidos y participara de las operaciones de lavado de dinero. Dijo que Bounine le pagó 200.000 euros en efectivo por encargarse de una gestión que, según él, finalmente no hizo, y agregó que, para él, el llamado de Bounine era, en realidad, de Cristina. "Mi sobresalto cuando me llamó Bounine fue porque interpreté que era la doctora Kirchner la que podía estar llamándome, e insisto, los secretarios nunca cesaron en sus funciones y por discreción podían dejar de decir que los mandaba tal o cual persona". El episodio que describió Campillo vincula el dinero de Muñoz con el entorno de la expresidenta. Este es considerado, por los funcionarios judiciales que intervienen en esta investigación, un elemento clave para determinar si los activos que compró y vendió la familia Muñoz en el exterior provenían del dinero ilícito de la banda presuntamente liderada por Cristina Kirchner para cobrar dinero de las empresas contratistas del Estado.
Aunque nunca antes había quedado detenido, no es la primera vez que el exsecretario de Cristina Kirchner es citado por la Justicia. En 2011, Bounine fue investigado en una causa por enriquecimiento ilícito junto a otros secretarios del matrimonio presidencial, entre los que se encontraba Muñoz. Pero en ese entonces todos fueron sobreseídos, por el mismo juez que hoy debe volver a investigarlos: Bonadio.
Richards, el abogado de Bounine, también fue defensor de Jorge "Fino" Palacios, el exjefe de la Policía Metropolitana que estuvo procesado en la causa judicial de las escuchas ilegales junto al presidente Mauricio Macri.
La ronda de indagatorias en la causa sigue en curso. Ayer también visitó el juzgado de Claudio Bonadio la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, a quien ya le negaron dos veces la excarcelación y pidió que la trasladaran desde el penal de Ezeiza, donde se encuentra detenida, para presentar un escrito ante el juez. La fiscalía de Stornelli aún realiza peritajes sobre el material que secuestraron en el domicilio de Pochetti cuando fue detenida: un disco rígido y una computadora destruidos.
Bonadio tiene pendiente resolver la situación procesal de una tanda de imputados, entre los cuales se encuentran Pochetti, Juan Manuel Campillo, Gastón Campillo, y personas vinculadas a Muñoz.
En la lista de pendientes de Bonadio también se encuentra la decisión sobre el destino de Carlos Gellert, otro hombre del entorno de Muñoz -primo de Pochetti-, que declaró como arrepentido y celebró un acuerdo con los fiscales Rívolo y Stornelli. De homologarse el acuerdo de Gellert, este podría lograr la excarcelación. Aunque, según la última decisión del juez, una homologación no garantiza la excarcelación, como atestigua el caso de Juan Manuel Campillo.