Lunes, 22 de Abril de 2019

Buscan aliviar costo de deuda de los fallos contra el Estado

ColombiaEl Tiempo, Colombia 22 de abril de 2019

Ante la carga fiscal que representan las obligaciones en mora de la Nación por sentencias ejecutoriadas en su contra y los altos intereses que paga por ellas, el Plan Nacional de Desarrollo plantea un mecanismo de alivio

Ante la carga fiscal que representan las obligaciones en mora de la Nación por sentencias ejecutoriadas en su contra y los altos intereses que paga por ellas, el Plan Nacional de Desarrollo plantea un mecanismo de alivio. En el artículo 53 del proyecto, que fue radicado la semana pasada en el Congreso, se abre la puerta para que el Gobierno pueda reconocer como deuda pública los montos que están en mora hasta el momento en que se expida la Ley, bien sea con cargo al servicio de deuda del Presupuesto, o emitiendo Títulos de Tesorería (TES). Como se sabe, al cierre del 2018 había casi 400.000 procesos en contra de la Nación -entre casos judiciales, arbitraje internacional, controversias internacionales de inversión y otros), cuyas pretensiones rondan los 338 billones de pesos. Pero además, los rezagos en el pago de sentencias y conciliaciones han generado una deuda de 7,2 billones de pesos, según datos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, que en su mayoría está relacionada con temas laborales, de pensiones y procesos contra la fuerza pública. A diferencia de otro tipo de obligaciones del Estado, estas tienen costos particularmente altos, pues están causando intereses moratorios que incluso ascienden al nivel de la tasa de usura, que este mes está en 29,55 por ciento. Así, si estas obligaciones se reconocen como deuda pública y la Nación emitiera TES para cubrirlas, pasaría de pagar una tasa de casi 30 por ciento anual a una que estaría entre 6 y 7 por ciento, que es la que pagan hoy los títulos de Tesorería con maduraciones a entre cinco y 15 años. "Es una decisión valiente y conveniente que le va a ahorrar billones de pesos al Estado colombiano, porque actualmente, por un ‘mico’ en el Código Contencioso Administrativo, las sentencias ejecutoriadas en contra del Estado pagan el interés de usura. Eso es ridículo", señaló el exdirector de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, Luis Guillermo Vélez. Expertos consultados por este diario señalaron que además de que los intereses actuales son exagerados -como quiera que el Estado es un deudor de muy bajo riesgo-, la situación se presta para que haya abogados que se dediquen a dilatar los procesos y así provocar demoras para obtener más dinero. Lo más complicado es que las obligaciones en mora tienden a aumentar ante las restricciones fiscales que hay, pues el Presupuesto no da para apropiar la cantidad necesaria para garantizar todos los pagos. De hecho, a finales del año pasado el Contralor General, Carlos Felipe Córdoba, advirtió que no hay recursos suficientes para hacerles frente a todas las demandas que pierde la Nación. El articulado del Plan de Desarrollo especifica que el reconocimiento de deuda pública "operará exclusivamente para las entidades que hagan parte del Presupuesto General de la Nación y por una sola vez". Añade que "en estos casos, dichas obligaciones de pago serán reconocidas y pagadas bien sea con cargo al servicio de deuda del Presupuesto General de la Nación o mediante la emisión de Títulos de Tesorería TES Clase B". El exdirector de Crédito Público, Luis Eduardo Arango Varón, coincide en que esta operación representa un ahorro importante e incluso ya se realiza con algunas conciliaciones a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), pero advierte que podría tener otras implicaciones. "Se hace un gasto que no aumenta el presupuesto, pero sí incrementa la deuda, lo que afecta la consolidación fiscal. Habrá que ver cómo se ve esta operación afuera, particularmente a los ojos de las calificadoras, porque dependiendo del monto subirá el endeudamiento, y ese es uno de los indicadores clave que ellas tienen en cuenta a la hora de fijar la nota del país", dijo. Por otra parte, en el articulado presentado ante el Congreso de la República se precisa que las entidades a las que se les tomó la deuda deberán suscribir con el Ministerio de Hacienda acuerdos de pago "para asumir el principal e intereses de los títulos con cargo a sus presupuestos de gasto y procederán con los registros contables que sean del caso para extinguir dichas obligaciones". Además, insiste en que dichas entidades deberán tener en cuenta "la veracidad, oportunidad y verificación de los requisitos para el pago de las obligaciones, así como la responsabilidad de adelantar las gestiones pertinentes", y que "podrán celebrar acuerdos de pago o conciliaciones extrajudiciales con los beneficiarios finales, respecto de los montos adeudados".