Viernes, 29 de Marzo de 2024

Desafío a la capacidad de gestión

ChileEl Mercurio, Chile 17 de febrero de 2019

En un febrero de escasa actividad política, la atención del Gobierno ha seguido focalizada en las emergencias que han afectado al país este verano, sean los efectos del invierno altiplánico en la zona norte, los incendios en el sur o las consecuencias del sismo de enero en Coquimbo

En un febrero de escasa actividad política, la atención del Gobierno ha seguido focalizada en las emergencias que han afectado al país este verano, sean los efectos del invierno altiplánico en la zona norte, los incendios en el sur o las consecuencias del sismo de enero en Coquimbo. Ha presidido la acción gubernamental un sentido de urgencia, evidente en la adopción pronta de decisiones, como la declaración del estado de catástrofe en distintas áreas, y en el despliegue territorial de las principales autoridades. La ciudadanía valora esta actitud y reconoce esfuerzos preventivos como el de haber dotado a la Conaf de mayores recursos, asumiendo las lecciones que en ese sentido dejó la experiencia de 2017, durante la anterior administración. Nada de lo anterior exime, sin embargo, del escrutinio severo por parte de quienes, por estar sufriendo las consecuencias de las catástrofes, demandarán siempre mayor rapidez. El caso de Aysén, donde el incendio ha alcanzado proporciones inmensas y se ha reclamado atraso en la reacción estatal, aparentemente más concentrada en otras regiones, es ejemplo de ello.
Una opinión pública exigente espera además adecuada coordinación entre las autoridades, y por ello un episodio como el del fallido toque de queda anunciado por el intendente y por el jefe de la Defensa en el Biobío ha llamado la atención. Ciertamente, una medida así de extrema, restrictiva de las libertades públicas, solo podría justificarse en condiciones de completa excepcionalidad, y con el conocimiento y anuencia del gobierno central. Ha procedido este acertadamente al corregir aquella situación. Sin embargo, la descoordinación con el actuar del jefe regional constituye un problema complejo, que no cabe minimizar, en particular tratándose de una administración que ha buscado reivindicar la excelencia en la gestión pública.
Preguntas pertinentes
Pero las dudas que plantea el episodio van más allá de la actual coyuntura. A menos de dos años de que debute en el país la figura de los gobernadores regionales, cabe preguntarse cómo funcionará la coordinación entre estos y el gobierno central en escenarios como el de estos días en el sur.
La normativa es clara en cuanto a que el gobierno interior y el control del orden público continuarán siendo responsabilidad del representante del Presidente de la República, el futuro "delegado presidencial", pero ¿es realista imaginar que en estas materias, y ante situaciones delicadas, pueda no considerarse la opinión de quien será la máxima autoridad regional electa? Si, como se ha visto, un funcionario designado por el jefe de Estado puede protagonizar descoordinaciones públicas con los ministros del gabinete, ¿qué cabrá esperar de un jefe regional autónomo, revestido por la legitimidad del voto ciudadano, pero a la vez poseedor de limitadísimas facultades?
La precariedad del diseño institucional que sustenta esta reforma -recientemente advertida por un grupo asesor presidencial- vuelve del todo pertinentes esas preguntas.
Caso Castillo, condicionamiento inaceptable
El mero anuncio de que el Gobierno presentaría una reforma al sistema de indemnizaciones por años de servicio ha suscitado un cerrado rechazo opositor. Ello, pese a tratarse de una iniciativa que suscita amplio respaldo técnico y cuyos contenidos coinciden con los de propuestas elaboradas por exministros y especialistas de la antigua Concertación. Subyace a esas reacciones, que pretenden cerrar el espacio a la mera posibilidad de la discusión, un cierto germen de intolerancia, ajeno a la noción misma de debate democrático.
En una línea similar se ubica el condicionamiento expresado por sectores de la Democracia Cristiana, subordinando cualquier diálogo con el Gobierno a la remoción del subsecretario Luis Castillo. Contrario al sentido más propio de la política, cuya esencia es el diálogo y la apertura para analizar cada iniciativa en su mérito y de acuerdo con el interés del país, dicho condicionamiento es inaceptable para La Moneda. Decidida la administración a construir acuerdos para lograr aprobar sus iniciativas más trascendentes, y consciente de que en esos acuerdos la DC puede jugar un papel determinante, la exigencia respecto de Castillo -funcionario que no ha sido objeto de imputación judicial alguna y a quien han respaldado todos los partidos de Chile Vamos- bordea, sin embargo, un peligroso límite. Cruzar ese límite en aras de sacar adelante proyectos puede significarle a un gobierno pagar en el largo plazo costos -en términos de debilidad, de renuncia a sus atribuciones y de señal hacia sus propios partidarios- muy superiores a los de perder una votación determinada en el Congreso.
Cabe preguntarse cómo funcionará la coordinación entre los futuros gobernadores regionales y el gobierno central en escenarios como el de estos días en el sur.
Aceptar el condicionamiento de la DC respecto del subsecretario supondría para el Gobierno cruzar un límite complejo.
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