Educación patrimonial

Desde hace varias décadas, la educación escolar chilena contempla una serie de contenidos que buscan fomentar en niños y jóvenes el conocimiento y cuidado del medio ambiente, la protección de la flora y fauna, y la importancia del reciclaje, entre otras materias. Esto ha redundado en que, en muchas ocasiones, las generaciones más jóvenes demuestren tener una conciencia ambiental más desarrollada que la de los adultos, quienes no recibieron esa formación.
Algo distinto ocurre en materia patrimonial. Los principales monumentos históricos y culturales sufren continuamente de daños, atentados y rayados. El año pasado, por ejemplo, la Municipalidad de Santiago gastó cerca de $600 millones en borrar grafitis en el centro de la ciudad; su caso no es, ni con mucho, único: en mayor o menor medida, prácticamente todas las ciudades del país se ven enfrentadas a ese tipo de acciones vandálicas. Por ello, parece acertado que el proyecto de ley sobre conductas antisociales -presentado a mediados de 2018 por el Gobierno- intente abordar esta situación, estableciendo sanciones más duras para quienes rayen inmuebles de valor patrimonial. Pero tal vez aún más relevante que la sanción legal sería desarrollar un enfoque preventivo, basado en la educación. Este debiera iniciarse en los primeros años de la formación escolar, de modo de reforzar en las nuevas generaciones la valoración del patrimonio material e inmaterial, y la consiguiente necesidad de respetarlo. De acuerdo con su edad e intereses, los estudiantes debieran aprender a conocer, en principio, los espacios públicos de su barrio, y sus monumentos históricos y artísticos, para después avanzar a un nivel más amplio. A su vez, los jóvenes debieran tener la ocasión de tomar contacto con quienes cultivan oficios y expresiones artísticas tradicionales enraizados en nuestra cultura inmaterial.
Desde otro ámbito, las municipalidades también pueden desempeñar un papel importante en este proceso de formación ciudadana. Además de sus tareas obvias en materia de preservación de los bienes públicos, cuestiones como la colocación de placas históricas o incluso la conservación de los nombres tradicionales de calles y espacios permiten a los actuales habitantes apreciar el vínculo entre su entorno y el pasado, y valorizar así los lugares físicos que lo expresan. Además, esta estrategia acerca a quienes transitan por la zona con los personajes históricos que vivieron en el barrio o comuna, y que no solo pueden corresponder a personalidades de importancia nacional, sino a individuos que hayan realizado un aporte relevante a sus ciudades o pueblos. En un país que, por otra parte, aspira a seguir desarrollando su industria turística, medidas como esta resultan particularmente necesarias.
En definitiva, el daño al patrimonio es otra manifestación de un déficit más profundo de nuestra educación, en materia de formación cívica. El cuidado de aquellos bienes materiales e inmateriales que expresan un acervo común debiera, en efecto, fluir naturalmente en un ciudadano consciente de sus responsabilidades y respetuoso del esfuerzo de quienes lo precedieron en la construcción del país, sus instituciones y su cultura. El estado deplorable que hoy exhiben muchos de aquellos bienes es muestra de la urgencia de reparar ese déficit.