Reclaman un junte
Los funcionarios electos del Partido Popular Democrático (PPD) que participaron como amigos de la corte en el pleito legal que -entre otras cosas- cuestionó la constitucionalidad de los nombramientos a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) exigieron al gobernador Ricardo Rosselló que se una al reclamo para eliminar el organismo federal
"Hago un llamado al gobernador y a la Asamblea Legislativa
Los funcionarios electos del Partido Popular Democrático (PPD) que participaron como amigos de la corte en el pleito legal que -entre otras cosas- cuestionó la constitucionalidad de los nombramientos a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) exigieron al gobernador Ricardo Rosselló que se una al reclamo para eliminar el organismo federal
"Hago un llamado al gobernador y a la Asamblea Legislativa... a que hagamos el junte, la alianza que hay que hacer para conseguir los votos para aprobar legislación congresional en los próximos 90 días que elimine la Junta, que mantenga el Título III de la Ley Promesa, y que le permita al pueblo de Puerto Rico ser el que negocie y litigue lo que va a pasar con sus finanzas públicas", señaló el representante Luis Vega Ramos.
El Primer Circuito de Apelaciones concluyó el jueves que el proceso de nombramientos establecido en la ley federal Promesa, y que dio paso a la JSF, es contrario a la Constitución de Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, tiene 90 días para decidir si corrige los nombramientos o si constituye un nuevo cuerpo rector con el consentimiento del Senado.
Por su parte, el portavoz de la Cámara de Representantes, Rafael "Tatito" Hernández, dijo que acudirán al Congreso en las próximas semanas.
"No estoy diciendo que va a haber cambio, pero ya tienes un mensaje del tribunal y un calendario de vistas relacionadas a la situación de Puerto Rico y todos los territorios", señaló.
Agregó que están "listos" para ir al Tribunal Supremo en caso de que haya una apelación.
El aspirante a la candidatura a la gobernación por el PPD, Carlos Delgado Altieri, reconoció que la decisión del tribunal no debe dar paso a que el gobierno abandone la rigurosidad para manejar los asuntos fiscales.