Transparencia electoral y fortalecimiento democrático

El empezó a correr. Varias provincias han decidido desdoblar sus elecciones respecto de la nacional, mientras otras siguen evaluando qué actitud adoptar Pero hay fechas que competen a todo el país y ya han sido dispuestas: el 11 de agosto se harán las PASO para las elecciones presidenciales y legislativas; el 27 de octubre serán los comicios generales para esos mismos cargos, y para el 24 de noviembre está prevista la eventual segunda vuelta presidencial.
A esa previsión se opone una deuda tan inexplicable como lamentable: el Congreso no ha sancionado aún la ley de financiamiento de las campañas electorales. El debate será retomado, según prometen legisladores de varios bloques políticos, el mes próximo, cuando arranque un nuevo año parlamentario. Aspiran a aprobarla no más allá de abril.
¿Por qué es tan importante contar con ese instrumento legal a la brevedad? Las razones son muchas, pero hay tres que resultan claves: los aportes electorales deben ser transparentes, los partidos tienen que rendir debida cuenta del dinero que reciben para financiar sus campañas y urge disponer sanciones ejemplares y ejecutables en la práctica para aplicar a quienes no cumplan con esas exigencias.
El vínculo entre el dinero y la política siempre ha sido complejo. La historia reciente, por no extendernos demasiado en el tiempo, es lo suficientemente reveladora del lado oscuro de ese matrimonio espurio de mutuas conveniencias. En Brasil, por ejemplo, el escándalo del Lava Jato, vinculado al financiamiento de las campañas políticas por medio de la empresa Petrobras y la constructora Odebrecht, derivó en la cárcel para el expresidente Lula da Silva. Los efectos del Lava Jato se extendieron a otros países de la región. Mientras Pedro Kuczynski se vio obligado a renunciar a la presidencia de Perú, en nuestro país la Justicia comenzó a investigar aportes de fondos de Odebrecht para la campaña de varios partidos en los comicios de 2015.
En 2014, en tanto, la Justicia argentina determinó que al menos una parte de la financiación de la campaña kirchnerista de 2007 había tenido origen irregular, ya que tres laboratorios que aportaron fondos para la postulación de Cristina Fernández no pudieron justificar de dónde habían obtenido el dinero. Y, por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que recientemente rechazó el cierre por prescripción, sigue en pie la investigación por el destino de los 800.000 dólares que el venezolano Antonini Wilson ingresó al país sin declarar en 2007 y sobre los que se presume que también estaban dirigidos a financiar la campaña kirchnerista.
Personas fallecidas o insolventes que aparecen como grandes aportantes, contribuyentes inexistentes, firmas que triangulan dinero, apoyos económicos abiertamente incompatibles, uso de fondos públicos, gastos incomprobables porque no hay registro de ellos y avales económicos para condicionar al candidato en caso de que gane los comicios son apenas algunas de las nefastas estrategias que se repiten, campaña tras campaña electoral, al amparo de la falta de una ley que ponga las cosas en orden.
En la propia causa de los llamados cuadernos de las coimas numerosos empresarios declararon que aportaban dinero a funcionarios kirchneristas bajo el paraguas de gastos de campaña.
¿Cómo hacer para transparentar este manejo espurio de fondos públicos y privados? En el Congreso hay varias propuestas. Son más las coincidencias que las disidencias, pero algunas de estas últimas han sido lo suficientemente profundas como para frenar el debate. Entre ellas, la posición del sector liderado por Elisa Carrió, que, en principio, rechaza el aporte de empresas privadas a las campañas políticas.
Otro de los graves problemas es la existencia de Estados financistas de las campañas, es decir, cuando los dineros para los candidatos de los oficialismos salen de las arcas que sustentan todos los ciudadanos con sus impuestos. Muchas veces, esos fondos no son en negro, como ocurre con los provistos por empresas privadas, pero resultan igualmente fraudulentos porque se trata del uso de recursos humanos y materiales del Estado: empleados públicos que utilizan cajas oficiales para la confección de afiches o spots de campaña, que asignan vehículos o que desvían partidas de programas estatales para fines políticos personales o de grupo.
Una reciente solicitada publicada en los medios por el Cippec, junto con Poder Ciudadano y la fundación Red de Acción Política (RAP), impulsa una campaña para que se apruebe la ley de financiamiento político, haciendo eje en la prohibición de la utilización de partidas estatales para las campañas electorales y de aportes de dinero en efectivo; privilegiando la necesidad de bancarización de los aportes y el blanqueo de su procedencia; regulando la publicidad oficial de forma que no pueda usarse con fines partidarios, y estableciendo un mecanismo eficaz para el control de los gastos de campaña. Este último punto es clave, ya que la amplia mayoría de los partidos políticos han presentado sistemáticamente balances defectuosos.
Entre otros muchos cargos, este año se elegirán presidente y vicepresidente de la Nación, 130 diputados y 24 senadores nacionales, además de 43 parlamentarios del Mercosur (19 por el distrito nacional y 24 por los provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). A ellos deben agregarse los distritos que eligen cargos locales.
Como sostuvimos reiteradamente desde estas columnas, no debemos subestimar ni desmerecer la enorme relevancia del tema eleccionario, por lo que urge sancionar una buena ley de financiamiento de las campañas.
Un sistema político sano, robusto y transparente es condición imprescindible para el sostenimiento y fortalecimiento de la democracia.