Lunes, 20 de Mayo de 2019

Protocolo controvertido

ChileEl Mercurio, Chile 20 de mayo de 2019

No es injustificada la cautela frente al tema.

Algo desproporcionada parece la controversia que se ha intentado generar a propósito del protocolo facultativo de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), de la ONU. Se trata de un documento que, habiendo sido enviado al Congreso en marzo de 2001 y aprobado por la Cámara en agosto de ese año, no ha tenido desde entonces -bajo cuatro gobiernos de signo distinto- avance en su tramitación. Recién en enero pasado, la comisión de RR.EE. del Senado lo retomó y ahora, luego de la marcha por el Día de la Mujer, sectores de oposición han iniciado una ofensiva emplazando al Gobierno a ponerle urgencia y advirtiendo que si este no se compromete con su texto íntegro, absteniéndose de formular reservas, obstaculizaría los derechos de la mujer y debilitaría el multilateralismo. Ambos planteamientos resultan un tanto excesivos.
La Cedaw se encuentra incorporada al ordenamiento jurídico chileno desde 1989. Ella obliga a los países a adoptar todas las medidas que permitan la plena igualdad entre hombres y mujeres. Además, establece un comité de 23 miembros nombrados por los Estados parte, encargado de verificar el cumplimiento del tratado. Este comité debe revisar los informes que cada cuatro años presentan esos Estados y formular recomendaciones. El mecanismo opera regularmente desde hace años, con la plena participación de Chile. No es, pues, real lo que se ha insinuado, en cuanto a que la ejecución de la Cedaw solo se haría efectiva al ratificarse el protocolo. El principal cambio que introduce este último documento es el de entregarle una facultad adicional al comité: la de pronunciarse ya no solo respecto de los informes de los países, sino también de las "comunicaciones" de personas o grupos que -habiendo agotado los recursos de la jurisdicción interna- aleguen haber sido víctimas de vulneraciones a los derechos estipulados en la Convención. Junto con evaluar las denuncias, el comité podría formular observaciones y recomendaciones al Estado respectivo, las que si bien no serían vinculantes, tendrían el peso "moral" de ser avaladas por un organismo internacional. El protocolo además faculta a la entidad a realizar investigaciones en caso de violaciones masivas a los mismos derechos.
Las dudas que paralizaron en su momento la discusión en el Congreso apuntaron en un doble sentido. Por una parte, se cuestionó por algunos la conveniencia de permitir que un órgano externo pueda conocer y revisar casos específicos ya zanjados por los tribunales nacionales. Por otro lado, se advirtió respecto de la interpretación -según algunos sesgada, pero en cualquier caso extremadamente amplia- que ha dado el comité a los contenidos de la Cedaw, más allá de lo que ella efectivamente establece. Ejemplo fueron las observaciones formuladas a Chile en 2018 a propósito de su último informe, cuando se recomendó al país, entre otros puntos, aprobar la ley sobre matrimonio homosexual, despenalizar el aborto en todos los casos y restringir la objeción de conciencia: temas debatibles, pero respecto de los cuales el texto de la Cedaw nada dice. Aprobar el protocolo supondría que ahora este comité podría además pronunciarse sobre situaciones particulares, incluso cuestionando nuestro ordenamiento jurídico en materias en torno a las cuales existe en el país una discusión legítima aún abierta.
Desde esa perspectiva, la actitud de cautela asumida por la autoridad no carece de justificación.