Venezuela: el informe Bachelet

La alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, dio a conocer un lapidario informe sobre la situación de Venezuela. En él, ella manifiesta su preocupación por la magnitud y la gravedad de las repercusiones de la crisis actual sobre los derechos humanos. Sin que su informe tenga un tono de reproche político, tampoco es ambiguo para afirmar que las autoridades venezolanas se niegan a reconocer las dimensiones de la crisis en lo que respecta a cuidados médicos, alimentación y servicios básicos. Con ello, los grupos más vulnerables -niños, mujeres embarazadas, ancianos y pueblos indígenas- han sido los principales afectados por la violación de sus derechos.
Pero el informe va todavía más lejos, al describir la situación económica por la que atraviesan los venezolanos. Según lo afirma la alta comisionada, el deterioro y la crisis comenzaron antes de la imposición de las primeras sanciones económicas. Se informa de situaciones increíblemente dramáticas, como el hecho de que más de un millón de niños han dejado de asistir a la escuela porque sus padres no pueden darles desayuno o porque los programas de almuerzo escolar han colapsado. También se ha producido una emigración importante de profesores, lo que, junto con la crisis del transporte público, contribuye a la pérdida de educación de los niños.
Más grave aún es la imputación que les hace a las fuerzas de seguridad y a "los colectivos armados progubernamentales" que han incurrido en "uso excesivo de fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos", además de amenazas e intimidaciones. Especial preocupación manifiesta por las denuncias de ejecuciones extrajudiciales realizadas por las fuerzas de seguridad. Al parecer, dice, existe un patrón común en muchos de estos asesinatos, cuyas víctimas son personas indefensas que viven en barrios pobres y han tomado parte en protestas antigubernamentales. Luego de los hechos y las denuncias, la fiscalía se ha negado explícitamente a iniciar investigaciones contra miembros de las fuerzas especiales de la policía.
Otro motivo de inquietud manifestado por Bachelet son las crecientes restricciones a la libertad de expresión y de prensa. Es sabido que cuando comienza la censura y la autocensura forzada por las amenazas de aplicar arbitrariamente las leyes, como ha sido en Venezuela, el pueblo queda desinformado, con lo cual es más fácil que reine la impunidad para los que detentan el poder. En un escenario como este, se termina siempre en un deterioro de la convivencia, con una tiranía que sofoca al ciudadano corriente. Si no se puede expresar, el pensamiento también muere ahogado. Por estas razones, entre otras, la libertad de prensa juega un papel clave en preservar una sociedad democrática y abierta.
Aunque para muchos observadores, especialmente para los venezolanos, el informe de Michelle Bachelet ha sido tardío, no hay duda de que se trata de una confirmación de las denuncias que ellos habían estado formulando y, en tal sentido, probablemente sea bien acogido. No puede descartarse que esta comprobación por parte de un organismo de Naciones Unidas de la existencia de gravísimos abusos sea el comienzo de una nueva etapa que lleve a un cambio de gobierno en ese país.
En Chile, también habrá repercusiones, en especial entre los sectores de izquierda que han defendido a Maduro y su forma de gobernar. Ya el Partido Comunista consideró el informe como parcial y sesgado, pero falta la reacción oficial de los dirigentes del Frente Amplio, quienes han tenido pronunciamientos contradictorios ante Venezuela. Pero no pueden caber dudas de que Michelle Bachelet, si bien tarde y luego de haber sido objeto de emplazamientos, ha confirmado las peores aprensiones que existían sobre el gobierno de la república bolivariana y lo ha hecho sin ambages, con notable claridad.