Urgen corregir el curso de la recuperación

A 19 meses de la devastación que dejó el huracán María, Puerto Rico todavía está a la expectativa de que cobren impulso las transferencias federales destinadas a su recuperación, que se estiman en unos $70,000 millones.
Sin embargo, aun con el compás de espera - que ha incluido elaborar planes de acción y mecanismos de rendición de cuentas- la industria de la construcción, el gobierno estatal y las administraciones municipales no están listos para canalizar la inyección ni para que la bonanza temporera genere desarrollo económico duradero.
Esta fue la radiografía que formularon los exsecretarios del Departamento de Obras Públicas y Transportación (DTOP) José "Pepe" Izquierdo y Carlos Pesquera en entrevista con Negocios.
"Tenemos que maximizar el ‘output’ de proyectos, que el resultado final sea lo más posible. Vamos a contabilizar lo que usamos y que lo usemos bien, que no se vayan en gastos sin beneficio directo", urgió Pesquera tras reconocer que los estimados de fondos federales varían grandemente y, al final del día, aún se ignora cuánto realmente se desembolsará.
"Hay que pensar en el país ‘después de’. En cómo prepararnos para tener un país sostenible después de la recuperación", expresó, por su parte, Izquierdo. O, como lo ilustró con una analogía agraria, "no puedo comerme todas las habichuelas porque no voy a tener habichuelas para sembrar el próximo año".
A su vez, el dúo de ingenieros civiles fustigó a las entidades encargadas de los desembolsos, como la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) y el Departamento federal de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), por no decidirse de una vez sobre las normativas que van a aplicar a Puerto Rico y propiciar una burocracia que catalogaron de excesiva y costosa.
"Pensé que al llegar COR3 (la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción) se liberaba la máquina. Pero el COR3 está totalmente en el limbo", lamentó Izquierdo.
Pesquera advirtió que ya se ha identificado trabas específicas como que no hay capacidad suficiente para procesar el alto volumen de permisos que se requerirán para iniciar múltiples proyectos a la vez, pero que "COR3 no se está anticipando a estos problemas para que no se conviertan en factores limitantes".
Ante este diagnóstico basado en lo que observan día a día en su ejercicio como ingenieros civiles y en su experiencia con obras financiadas con fondos federales, también compartieron sus soluciones y qué pasos se pueden tomar para maximizar el impacto positivo de los fondos de recuperación.
Lo primero, según Izquierdo, es tener una persona a cargo: "Es esencial porque si no, no va a suceder nada. Hay que tener un ‘champion’, que tenga el poder, la autoridad para resolver y que asuma responsabilidad", sentenció.
Lo segundo es reconocer la realidad de que los fondos a corto plazo no van a resolver la insolvencia de los municipios y del gobierno estatal: "No acaban de entender que hay una cantidad limitada de dinero. Es importante reconocerlo y decidir en qué lo voy a gastar. Si antes como gobierno daba 100 servicios y ahora puedo dar 60, pues cuáles de esos 60 quiero dar". Esto lo aplicó también al ejercicio de decidir cuáles proyectos de recuperación tendrán mayor impacto y un efecto multiplicador.
"Hay que tener proyectos estratégicos a nivel municipal, regional y estatal", sintetizó Pesquera. Usó como ejemplo el corredor de la industria aeronáutica en el noroeste. Mientras, Izquierdo recomendó acelerar la revitalización de la antigua base Roosevelt Roads en Ceiba, la zona del Puerto de Ponce y eliminar el Aeropuerto de Isla Grande, junto a la cementera y chatarrera, para que no interrumpan la revitalización costera del Distrito de Convenciones hasta El Viejo San Juan.
Mientras, Pesquera recalcó la importancia de que se aproveche la coyuntura no solo para reparar vías y puentes prioritarios, sino también para culminar proyectos pendientes sin capital disponible. En esto mencionó finalizar la PR-53 y la PR-10, además de la extensión de la PR-22.
En cuanto a la vivienda, Izquierdo opinó que "no hay solución única para todo Puerto Rico", porque las regiones y los municipios están en distintas fases de recuperación y también de desarrollo. Dijo que lo que sí se puede hacer es reconstruir con el doble propósito de ofrecer techo seguro y repoblar los centros urbanos. Esta sería una opción para reubicar las comunidades y viviendas que FEMA determinó que no se pueden reconstruir por estar en zonas de alto riesgo.
Sobre la capacidad técnica y administrativa de los municipios para someter propuestas y acceder a subvenciones del Programa de Desarrollo Comunitario conocido por sus siglas CDBG-DR, Pesquera urgió a buscar un mecanismo para que los municipios tengan acceso a asignaciones de "dinero semilla" que les permitan contratar asesoría técnica para evaluar sus proyectos y ejecutar las tareas de cumplimiento. Para ello, sugirió establecer consorcios regionales, en vez de que cada pueblo tenga su propio equipo. "Tiene que haber el entendimiento de muchos municipios están insolventes", recalcó.
A su vez, Izquierdo pidió a COR3 a emitir los formatos finales que deberán usar los municipios para sus solicitudes de propuestas (RFP, en inglés). "Al día de hoy siguen cambiando los procedimientos y documentos que tienen que usar los municipios. Es una cosa ridícula", lamentó. Pesquera hizo el mismo reclamo a FEMA respecto al formato para proyectos pequeños, aún sin finiquitar.
Parte esencial para que los fondos de recuperación rindan para más proyectos y mayor desarrollo de la economía es que en esta fase haya mayor contratación de firmas y suplidores locales, afirmaron los entrevistados. Para ello, según argumentó Pesquera, es clave que no se perpetúe lo sucedido en la respuesta inicial, que estuvo dominada por "megaempresas precalificadas por FEMA", con el mollero económico para absorber gastos imposibles para los locales. "Eso obligó a que nuestras empresas locales participaran como subcontratistas. Se convierten en proveedores de recursos como si fueran Manpower o Kelly Servicies. Y ese rol nuestro lo critico. Somos víctimas de nuestra propia timidez y de no querer pelear por lo que nos corresponde", expresó.
Pesquera fue más allá, al denunciar que en su experiencia trabajando desde el 1 de diciembre de 2017 con FEMA y otro personal contratado para responder al desastre "he visto un desastre de burocracia, de incapacidad, de personas que se duermen en las reuniones. Nadie acepta responsabilidad".
También mencionó que ha confirmado con documentos públicos que algunas de esas personas están contratadas a tarifas de "$300 a $400 la hora y le pagan 1/3 parte al local que hace la labor".
Esta alegada ineficiencia se refleja en que "la formulación de los proyectos de obras permanentes está en un 5% y la fecha límite para determinar cuáles son los proyectos es octubre de 2019", alertó sobre la fecha que tanto él como Izquierdo auguraron que se va a tener que extender.
"Estamos lentos, pero los fondos se van a adjudicar, los proyectos van a salir", advirtió Pesquera sobre la necesidad de que para entonces la industria local esté en posición de competir por las contrataciones.
"Tenemos que adiestrar a nuestros profesionales sobre ese cumplimiento con estándares federales", reconoció Izquierdo, quien destacó que el Colegio de Ingenieros y Agrimensores (CIAPR) está activo en el ofrecimiento de educación continua a esos fines. Resaltó que lo que antes aplicaba a los profesionales de la construcción que hacían trabajos para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, por ejemplo, ahora le aplicará a todos.
También se han ofrecido cursos para que las plantas de concreto locales estén en cumplimiento y puedan participar del alza en la demanda que se espera.
Potencial sin precendente
En 2009, $849 millones de fondos del Programa de Reinversión y Estímulo Económico (conocido como fondos ARRA) se destinaron a inversión de capital. Esto hizo que la tajada de la construcción en el producto nacional bruto (PNB) fuera de 5.8% en 2009 a cerca de 6.5% en 2012, según datos de la Junta de Planificación. Pero, tras ese pico, la industria continuó en descenso hasta menos de 4% en 2017. Esto respondió a que de los $7,090 millones en fondos ARRA, "solo una fracción modesta" se destinó a inversión de capital, según se recoge en el más reciente informe de progreso económico de Banco Popular, emitido en agosto de 2018.
Ahora, para la recuperación de María, la misma fuente contrasta que el gobierno espera un mínimo de $67,000 millones en transferencias federales y $8,000 millones en pagos de aseguradoras, con "un componente significativo de inversión de capital. Así pues, los $20,000 millones en fondos CDBG-DR tienen que ser asignados a vivienda, desarrollo económico e infraestructura". Y, según el más reciente estimado de la firma Estudios Técnicos, emitido en febrero, el influjo de los primeros $1,500 millones de los fondos CDBG-DR que supervisa HUD producirá un crecimiento económico de 4.2% en el año fiscal 2020. Esta proyección se basó en que, de ese total, $1,000 millones irán a construcción y reparación de vivienda y que, aún con nuevas partidas de fondos, el impacto será solo de 1.7% en el 2022.
No obstante, si una enorme tajada - por encima del 15% que tanto Izquierdo como Pesquera estimaron razonable - se gasta en costos de cumplimiento e indirectos, no en obras permanentes ni en reinversión, alertaron que Puerto Rico perderá esta singular oportunidad de revivir su economía.
"Dentro de la burocracia que he visto ese 15% se va a trepar a 33% o más", estimó Izquierdo. Pesquera fue más pesimista al temer que de 40% a 50% se pierdan en ese renglón.
"Esto es un llamado a la acción. Tenemos que hacer algo pronto y tener transparencia total de parte de FEMA y COR3 para decirnos el progreso en este proceso", reclamó Pesquera.
Pesquera e Izquierdo continuarán la conversación sobre el estatus de la fase de recuperación y sus recomendaciones para potenciar el futuro de la industria durante la próxima edición del Mega Viernes Civil, pautada para el 5 de abril en el Centro de Convenciones. Este es la principal jornada educativa que celebra ya por 20 años el Instituto de Ingenieros Civiles, destacó Marilú de la Cruz, presidenta de esta institución adscrita al CIAPR.