Viernes, 29 de Marzo de 2024

Cárceles en emergencia

ArgentinaLa Nación, Argentina 24 de abril de 2019

Mientras en países como Finlandia las cárceles se muestran como un modelo a seguir y en Suecia se vienen cerrando unidades penitenciarias por falta de presos, en la Argentina la superpoblación carcelaria hace que el sistema esté al borde del colapso

Mientras en países como Finlandia las cárceles se muestran como un modelo a seguir y en Suecia se vienen cerrando unidades penitenciarias por falta de presos, en la Argentina la superpoblación carcelaria hace que el sistema esté al borde del colapso.
La sobrepoblación en las cárceles argentinas no es un problema nuevo, como tampoco lo es el hecho de que las comisarías también estén abarrotadas, con el agravante de que los agentes no están formados para custodiar a los detenidos. Pero en los últimos tiempos se ha tomado conciencia de que el actual escenario es, a todas luces, insostenible. Así pareció entenderlo el gobierno nacional, ya que recientemente ha declarado por tres años la emergencia en materia penitenciaria.
Esta resolución fue tomada luego de un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que consignó que en la alcaidía judicial del Palacio de Tribunales las condiciones de alojamiento "no son aptas para la condición humana".
Según datos oficiales, existen en nuestras cárceles cerca de 14.000 internos, por lo que la sobrepoblación supera en un 12% las plazas disponibles, razón que motiva la medida oficial para hacer frente al hacinamiento en el que viven los internos en las diferentes alcaidías o dependencias del Servicio Penitenciario Federal.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, además de declarar esta emergencia, creó una comisión especial que buscará resolver el déficit habitacional en las prisiones federales, mejorar las condiciones de privación de la libertad e implementar "medidas alternativas" al encarcelamiento.
Entre las explicaciones oficiales del crecimiento sostenido de los presos aparecen el incremento de la persecución del delito tanto como la gran demora de los procesos judiciales, dado que, según la Procuración Penitenciaria, el 60% de los detenidos están procesados, pero sin condena.
La comisión recientemente creada deberá analizar la mejora de los centros penales existentes y evaluar proyectos que contemplen la apertura de centros penitenciarios que se sumen a los ya inaugurados, como por ejemplo el de Luján de Cuyo, en Mendoza, y el de Campana, en la provincia de Buenos Aires.
Es de esperar que la anunciada emergencia penitenciaria no limite o restrinja las detenciones que hacen frente al delito solo por el hecho de carecer de la infraestructura necesaria para alojar a sus causantes. En tiempos en que la población reclama cada vez mayor seguridad, sería una pésima forma de resolver un problema que se viene incrementando desde hace tiempo.

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