Martes, 23 de Julio de 2019

Fijada la fecha para un síndico

Puerto RicoEl Nuevo Dia, Puerto Rico 22 de julio de 2019

Mientras la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) han solicitado al tribunal que apruebe el acuerdo de reestructuración (RSA, en inglés) suscrito con ciertos acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la jueza Laura Taylor Swain determinó ayer que examinará el pedido de National Public Finance Guarantee y otras dos aseguradoras municipales para nombrar un síndico en esa corporación pública

Mientras la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) han solicitado al tribunal que apruebe el acuerdo de reestructuración (RSA, en inglés) suscrito con ciertos acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la jueza Laura Taylor Swain determinó ayer que examinará el pedido de National Public Finance Guarantee y otras dos aseguradoras municipales para nombrar un síndico en esa corporación pública.
Luego de meses de ruegos por parte de National, Assured Guaranty y Syncora Guarantee, y de al menos dos órdenes concedidas por Swain para que la JSF y el gobierno puertorriqueño pudieran llegar a un acuerdo con los bonistas, la jueza que preside los casos de Título III de Puerto Rico determinó que examinará el pedido de las aseguradoras municipales el 12 de junio.
Swain dio hasta el próximo 28 de mayo para que las partes que interesen expresen su posición y, para réplicas, otorgó hasta el 5 de junio, a fin de ver el caso en sus méritos durante la audiencia general del mes entrante.
La decisión de Swain surge al tiempo en que el organismo fiscal y la Aafaf solicitaron a la jueza que apruebe el RSA definitivo en la AEE, que se alega recortará, en principio, el 30% del principal adeudado en bonos.
Para pagar a los bonistas, según reveló ayer El Nuevo Día, el RSA contempla cuatro cargos, incluyendo el cargo de transición (que será el colateral de los nuevos bonos de la AEE), que al sumarse al ajuste de otras obligaciones como las pensiones, supondría un aumento de 28% en la factura de la luz de hogares e industrias hacia el año 2023. Ello, según un análisis del Instituto de Sostenibilidad y Competitividad Energética (ISCE).
Hace unas dos semanas, el gobierno informó que había llegado a un acuerdo definitivo con el grupo organizado de bonistas de la AEE (Ad Hoc-AEE) y la aseguradora Assured, que en un recurso separado pide junto a National el síndico para la AEE. El acuerdo no tiene el respaldo de las instituciones que financiaron la compra de combustible en la AEE ni de las aseguradoras National y Syncora.
Ayer, National indicó que no emitiría comentarios a su insistencia en nombrar un síndico en la AEE.
Empero, una mirada detallada al RSA ante la consideración de Swain y de varios entrevistados, apunta a que más allá de los cargos requeridos para pagar a los bonistas, la principal deficiencia del RSA es el impacto adverso que este tendrá en el proceso de transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico y el alto grado de flexibilidad que tendría la corporación sucesora de la AEE.
Más allá de la tarifa
"Es un acuerdo burdo", dijo el representante popular Jesús Santa, al admitir que se enteró del impacto del RSA tras el reportaje de este diario.
Santa dijo que el acuerdo de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) contiene disposiciones que limitaron el campo de acción futuro del gobierno con el impuesto al consumo, pero dijo que no se concedió tanta flexibilidad como ahora.
Santa recordó que, en el caso de Cofina, el proyecto no fue a vistas públicas, y anticipa que lo mismo suceda con el RSA de la AEE.
"Me parece un escándalo que a los miembros de esa junta de directores no les cobije la Ley de Ética Gubernamental y el Código Electoral. Eso significa que estas personas podrán hacer los donativos que quieran a cualquier campaña política", dijo Santa.
Entre otras cosas, el RSA establece que la Corporación para la Revitalización de la AEE -entidad sucesora de la AEE- no estará sujeta a unas 16 leyes vigentes en Puerto Rico.
Según el anejo I-B del acuerdo, la entidad sucesora de la AEE no estará sujeta a la supervisión de la Aafaf, no estará requerida de cumplir con las leyes que limitan la tasa de interés que puede pagar el gobierno en bonos y tampoco con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, entre otras.
Mientras, los directivos de la nueva entidad serán nombrados por el gobernador de una terna de 10 personas escogida por una firma de reclutamiento de ejecutivos y tendrán nombramientos escalonados y recibirán paga.
En el 2016, luego que la firma Alix Partners logró un primer RSA, la Legislatura aprobó la Ley 4 para crear la corporación sucesora de la AEE, que será dueña del cargo de transición y emitiría los nuevos bonos.
Vivo el impuesto al sol
De acuerdo con Ingrid Vila, líder del movimiento Queremos Sol, el gravamen contra la tarifa eléctrica será tan alto que restará "cualquier posibilidad de eficiencia o competitividad" al interior de la AEE.
"Es un acuerdo contradictorio a la propia política pública que promueve la integración de renovables", expresó la ingeniera.
El RSA establece que ningún cargo será transferible o evitable e, incluso, establece una penalidad inicial de $250 para cualquiera que no informe que posee un sistema de generación propio.
Según Vila, el cargo a los llamados prosumidores (productores y consumidores de electricidad) será "un disuasivo" para que hogares y empresas inviertan en renovables.
Vila adelantó que abogarán en la Legislatura para evitar que se aprueben las leyes que viabilizarían el RSA. Reconoció, empero, que el año pasado, cuando se aprobó la ley para promover el uso de alianzas público-privadas en la AEE, se determinó que esos jugadores privados tampoco tienen que cumplir con la política pública energética.
El RSA establece que la Ley de Política Pública Energética (Ley 17-2019) tampoco aplicará a la corporación sucesora de la AEE.
"Hemos trabajado día y noche para lograr la transición a energía renovable", dijo por su parte el senador Eduardo Bhatia, propulsor de la Ley de Reforma Energética de 2014 y coartífice de la Ley 17 de este año junto al senador novoprogresista Larry Seilheimer.
"La ley dice que no se impondrán cargos a la autogeneración de energía renovable", indicó Bhatia.
Cerrado el Título III
Según el RSA, Puerto Rico también tendrá que legislar para asegurar que nada afectará el cargo de transición o el carácter exento de los nuevos bonos. Y una vez se pacte en definitiva con los bonistas, la AEE nunca más podrá invocar el Título III de la ley federal Promesa.
Para la JSF y el gobierno, que abogan por desestimar el pedido de un síndico en la AEE, el RSA de la AEE es pieza clave para presentar el plan de ajuste de la utilidad.
Movidas de contrapeso
Según el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, los aumentos que se contemplan en el RSA serán mitigados por ahorros en compra de combustible -una vez la AEE se mueva al uso de gas natural como principal materia generatriz- y otras mejoras.
En total, dijo Rosselló Nevares, los cambios operacionales al interior de la AEE reducirían la factura de la luz en 5.3 centavos kvh para el 2023.
"La transformación del sistema también nos provee la oportunidad para tener un sistema más resiliente, más responsivo, robusto y más barato", dijo el mandatario antes de partir a Nueva York para un evento de recaudación de fondos de su campaña política.
Si los estimados del mandatario se convierten en realidad, las eficiencias operacionales en la AEE dejarían una brecha de aproximadamente un centavo por kvh como resultado de la reestructuración. Ello, porque según estimados del ICSE, renegociar todas las obligaciones de la AEE requerirá dedicar unos 6.2 centavos por kvh de la factura de cada abonado.
Javier Colón y Ricardo Cortés colaboraron en esta nota.