Grave episodio en elección FEUC

El mapa político nacional ha estado configurado en parte importante, desde hace décadas, por movimientos que han surgido y se han desarrollado en las aulas universitarias; de hecho, muchos de sus dirigentes han optado por el servicio público, ya sea en el Congreso o en gobiernos. La incidencia de dichos movimientos universitarios se plasma también en su capacidad para instalar temas en la agenda nacional. De allí la importancia que adquieren los procesos para elegir a sus directivas, pues constituyen una especial oportunidad para el intercambio de ideas, la confrontación de visiones políticas y el ejercicio democrático del pensamiento divergente en un entorno académico.
Sin embargo, recientemente, las elecciones de federaciones se han visto afectadas, en distintos planteles, por una creciente baja en la participación estudiantil (como ocurrió en la reciente elección de la FECh, donde solo votaron 8 mil estudiantes de un universo de 30 mil), y también por acusaciones que han alterado su curso. Se aprecia una desafección de los estudiantes con las dirigencias, cuyos líderes, más que poner el acento en temas académicos y propiamente estudiantiles, optan por propuestas ideológicas fundacionales de carácter nacional. A este distanciamiento se suma una creciente tendencia al asambleísmo, donde pequeños grupos impulsan agendas propias, ignorando las estructuras institucionales de representación que cada institución se ha dado.
En este contexto, resulta revelador y de particular gravedad lo ocurrido en las elecciones de octubre pasado en la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC). Un día antes de la primera vuelta, una denuncia anónima -supuestamente suscrita por una joven del plantel y que luego fuera eliminada para no dejar rastro digital- acusaba a José Ignacio Palma, líder de la lista del Movimiento Gremial, de un presunto abuso sexual. El afectado se autodenunció con el fin de acreditar la falsedad de la acusación, iniciándose investigaciones que se prolongaron por meses y cuyos resultados fueron revelados el domingo por "El Mercurio": indagatorias del Ministerio Público y de la propia universidad no solo constataron la inocencia de Palma y la falsedad de la denuncia, sino también que esta había sido hecha por un exmilitante del mismo movimiento, quien confesó haber actuado así con el fin de perjudicar al dirigente. Si bien es difícil establecer la eventual incidencia de la falsa acusación en el resultado de la elección (ganada por la lista del movimiento NAU), ella fue uno de los elementos que marcaron el proceso, viéndose el candidato enfrentado a manifestaciones y "funas" en su contra, y siendo el tema usado por listas rivales para cuestionar su postulación.
El episodio revela preocupantes malas prácticas e inconsistencias éticas en un ámbito al cual el país suele mirar con la expectativa de encontrar allí bases para una renovación de la política. Si, como se ha dicho, los dirigentes del futuro provendrán, en parte importante, del mundo estudiantil, es inevitable observar este caso con inquietud. Pero, además, lo ocurrido plantea una alerta en momentos en que la temática del abuso sexual ha tomado un lugar protagónico en la agenda. Tal vez como reacción pendular a tiempos en que este tipo de situaciones tendían a silenciarse o a no ser enfrentadas con la debida atención, arriesga hoy imponerse en el país una nueva actitud que, en nombre de la empatía con quien denuncia (incluso, aunque se trate, como en este caso, de una figura anónima), no vacila en condenar anticipadamente al denunciado; en esa mirada, el mero esbozar alguna duda respecto de los hechos es visto como una forma de complicidad con el supuesto abuso. Sustentada en la loable intención de dar acogida a quien dice haber sido víctima de actos repudiables, tal actitud puede dar lugar, sin embargo, a injusticias tan graves como la situación vivida durante meses por el excandidato a la FEUC.