Jueves, 28 de Marzo de 2024

Contratistas piden acción a la Junta de Supervisión

Puerto RicoEl Nuevo Dia, Puerto Rico 22 de mayo de 2019

Señalando que sus acciones podrían resultar en la cancelación de servicios que se prestan al gobierno, la Asociación de Contratistas Generales (AGCPR) clamó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que establezca cuanto antes un proceso para dirimir las demandas de cobro que se han radicado contra cientos de contratistas y suplidores del gobierno

Señalando que sus acciones podrían resultar en la cancelación de servicios que se prestan al gobierno, la Asociación de Contratistas Generales (AGCPR) clamó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que establezca cuanto antes un proceso para dirimir las demandas de cobro que se han radicado contra cientos de contratistas y suplidores del gobierno.
"Entendemos que la Junta tiene una obligación que cumplir, sin embargo, le exigimos que establezca un proceso de resolución de disputa que le permita atender estos casos de una manera expedita y al menor costo posible para las partes implicadas", sostuvo el presidente de la ACGPR, Alejandro J. Abrams.
"Estas demandas crean incertidumbre en la contratación con el gobierno, y podrían provocar la cancelación de servicios por parte de la empresa privada al gobierno afectando así la estabilidad de cientos de empleos directos e indirectos y la calidad de los servicios ofrecidos por parte del gobierno a sus constituyentes", agregó el ingeniero.
El pasado fin de semana, el Comité de Reclamaciones Especiales (CRE) y el Comité de AcreeIIIdores no Asegurados (UCC, en inglés) radicó una docena de demandas contra suplidores de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) a la luz del Código de Quiebras y la ley federal Promesa.
El dinero que se obtenga de las demandas que ha incoado la JSF, supo El Nuevo Día, podría ir a un fideicomiso de litigios que se incluirá en el plan de ajuste del gobierno y de ser aprobado por la corte, se distribuiría entre los acreedores del gobierno central.
En el caso de la ACT, el CRE y el UCC demandaron a Gila, la empresa que gestionaba las multas del Autoexpreso y Skanska USA -la operadora del Tren Urbano- al igual que empresas locales como West Corporation, Alfa y Omega y la firma de diseño e ingeniería Atkins Caribe.
A diferencia de las acciones contra terceros en el gobierno central, la JSF no ofreció acuerdos para extender los términos a suplidores o bonistas en el caso de la ASR y ACT.
A principios de mes, la JSF informó que se crearía un proceso "informal" para que contratistas y suplidores presenten la evidencia de sus casos sin tener que recurrir al tribunal. El diseño del proceso tomaría alrededor de un mes, se informó.

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