Domingo, 25 de Agosto de 2019

De frente alcaldes y la Junta

Puerto RicoEl Nuevo Dia, Puerto Rico 25 de agosto de 2019

En medio del pulseo entre el gobierno central y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por el presupuesto, un grupo de los alcaldes de la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) se reunió ayer con la directora ejecutiva del ente federal, Natalie Jaresko, con miras a que ese encuentro les abra la puerta ante los miembros del organismo fiscal para exponer los problemas de los ayuntamientos

En medio del pulseo entre el gobierno central y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por el presupuesto, un grupo de los alcaldes de la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) se reunió ayer con la directora ejecutiva del ente federal, Natalie Jaresko, con miras a que ese encuentro les abra la puerta ante los miembros del organismo fiscal para exponer los problemas de los ayuntamientos.
Jaresko dejó saber a seis de los nueve alcaldes de la junta directiva del CRIM que estuvieron presentes que la JSF se sostiene en sus reservas respecto a la "Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios" (Ley 29-2019), que exime a los ayuntamientos del pago al plan de salud del gobierno y de las pensiones a través del sistema de retiro "PayGo".
La ejecutiva vaticinó que esa controversia terminará en los tribunales, según los ejecutivos municipales que hablaron con El Nuevo Día al salir del encuentro.
"Ella nos dijo categóricamente que eso va a terminar en los tribunales", puntualizó el alcalde de Cidra y presidente de la junta del CRIM, Javier Carrasquillo, al salir de las oficinas de la JSF, en Hato Rey.
De esa forma, a los alcaldes les quedó claro que el choque entre el gobierno central y la JSF es "real" y les puede traer consecuencias negativas.
"Claro que sí. Esto es una realidad", dijo el alcalde de Orocovis, Jesús Colon Berlingeri.
Los ejecutivos municipales dijeron a este diario que entienden que, con esa pugna, se pueden revertir los beneficios que obtuvieron los 78 municipios a través de la Ley 29. Hasta el momento, el tranque por la viabilidad de ese estatuto persiste entre la administración de Ricardo Rosselló Nevares y la JSF.
Jaresko, mencionó Carrasquillo, reiteró a los miembros del CRIM que la JSF no se opone a la Ley 29, pero el gobierno debe proveer para su financiamiento o, de lo contrario, no será avalada.
"La directora (de la Junta) se mantuvo firme en que esa ley es inconsistente con el plan fiscal y que la Junta estaría evaluando sus próximos pasos seguir", dijo el portavoz del ente a cargo de fiscalizar las finanzas de la isla, Edward Zayas, a este diario.
En el presupuesto que recomendó el gobernador para el próximo año fiscal -ascendente a $9,624 millones- se incluye una partida de $286 millones en aportaciones municipales para, a través de la Ley 29, inyectar dinero al Fondo de Equiparación, que destina recursos a los municipios para igualar sus ingresos con los del año anterior.
Pero Jaresko ha insistido en que el presupuesto debe ser de $9,100 millones y que, para sustentar la Ley 29, se deben reasignar partidas.
"Somos parte afectada en la controversia, en las diferencias de criterio, y realmente no está en manos nuestras determinar una cosa o la otra", reconoció Carrasquillo.
A la reunión, no asistió la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien demandó a la JSF para que se le impida intervenir en las finanzas de los municipios. Tampoco fue el alcalde de Santa Isabel, Enrique Questell, ni el de Caguas, William Miranda Torres.
Medidas de contingencia
El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, dijo que Jaresko les advirtió que, si "no se llega a algún arreglo mediante el diálogo -que es lo preferible para evitar eso (ir a tribunales)-, entonces hay gasto adicional de dinero".
"Ella está clara y consciente de que preparamos los presupuestos a base de la Ley 29", indicó Rivera Cruz.
"Lo que nos está diciendo es ‘si esto va a los tribunales y ellos (la Junta) ganan el caso, tendrían los municipios que hacer unos recuentos en sus presupuestos, contando con menos dinero’", agregó.
Por eso, el alcalde entiende que lo más prudente y correcto es que sus homólogos tomen medidas cautelares para que, en caso de un fallo adverso al gobierno, puedan lidiar con sus respectivas finanzas sin contar con la Ley 29.
Ante esa posibilidad, el alcalde de Aibonito, William Alicea, sostuvo que ya reservó $1 millón para contingencias y posibles ajustes al presupuesto del próximo año fiscal.
Rivera Cruz dijo que, durante la reunión, habló de la posibilidad de buscar "un mecanismo transicional en lo que se puede llegar a entendidos a largo plazo".
El Nuevo Día supo que el alcalde bayamonés propuso que la Ley 29 se mantenga por un año, que al año siguiente los municipios se hagan cargo nuevamente del pago del PayGo y, al tercer año, vuelvan a asumir la responsabilidad de las pensiones y de la aportación al plan de salud.
A juicio del alcalde de Maunabo, Jorge L. Márquez, lo idóneo es hablar con la JSF de manera directa para obtener condiciones o términos favorables para los municipios.
"La batalla se da en el ‘inside’ (adentro). Tenemos que demostrarle el escenario real de los municipios. Vamos allí y le explicamos el escenario real para que vean que lo que se ha hecho con los municipios, es injusto. Ellos desconocen todas las responsabilidades que tienen los municipios", sostuvo el alcalde de Maunabo.
Propuso -con éxito- una reunión con los miembros de la JSF para explicarles con detalles el funcionamiento de los municipios, sus ingresos, gastos y responsabilidades. La reunión todavía no ha sido calendarizada, dijo.
Pero, según el alcalde de Bayamón, el diálogo de la JSF con los alcaldes, sin intermediarios, "ya comenzó".
En días recientes y producto de ese diálogo, la JSF logró acuerdos con dos gremios respecto a sus beneficios y sus pensiones.
Ayer, también la JSF aprovechó para extender el plazo de los 10 municipios que conforman un proyecto piloto para la entrega de planes fiscales. Tres de esos alcaldes participaron de la reunión al ser también miembros de la junta directiva del CRIM.
Los 10 alcaldes habían pedido que se les permitiera entregar el plan que incluye proyecciones económicas a cinco años, en septiembre u octubre, en vez del 14 de junio. Jaresko, indicaron los alcaldes, les concedió hasta el 30 de junio.
Para el alcalde de Aibonito, "no es (tiempo) suficiente", mientras que el alcalde de Orocovis aseguró que entregará a tiempo.
Entretanto, el CRIM, que también debe entregar un plan fiscal este viernes, cumplirá con la fecha, dijo Carrasquillo.
"La voluntad de nosotros -como alcaldes y de la Junta- es de trabajar en conjunto para recibir sus recomendaciones de cómo se pueden mejorar las cosas", apuntó.