Domingo, 25 de Agosto de 2019

Pide excluir el ELA y pone el ojo en las exenciones

Puerto RicoEl Nuevo Dia, Puerto Rico 25 de agosto de 2019

WASHINGTON

WASHINGTON.- Por iniciativa del demócrata boricua José Serrano, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes recomendó al Departamento de Justicia de EE.UU. excluir el actual status territorial de un próximo referéndum, y reclamó que se rinda cuenta sobre exenciones fiscales federales y locales que existen en Puerto Rico.
Como parte del informe que acompaña el proyecto de ley que incluye las asignaciones al Departamento de Justicia federal para el año fiscal federal 2020, el Comité también pidió a esa agencia que, 45 días después de que su presupuesto se convierta en ley, notifique "los formatos de la papeleta electoral" y "los materiales de educación a los electores" que estaría dispuesta a avalar la de cara a una próxima consulta en la isla que sea regulada por un estatuto federal de enero de 2014.
Aunque no puede obligar al Departamento de Justicia de EE.UU. a excluir el llamado Estado Libre Asociado (ELA) de las alternativas de status, "el Comité le da su opinión", dijo ayer Serrano, quien preside el subcomité de Asignaciones de Comercio, Justicia y Ciencias, en entrevista con El Nuevo Día. "Tienen que responder a la petición" sobre "las alternativas de status" que pudieran aceptar, sostuvo el congresista demócrata, quien se retira en 2020 y por décadas ha denunciado la relación colonial entre Puerto Rico y EE.UU.
Los reclamos se hacen antes de que el gobierno de Puerto Rico, como ha previsto el gobernador Ricardo Rosselló Nevares en o antes de las elecciones generales de noviembre de 2020, intente organizar un referéndum cuyas alternativas de status y la campaña educativa sean avaladas por el secretario de Justicia de EE.UU., como permite la ley federal.
Junto con el entonces comisionado Pedro Pierluisi, Serrano promovió el pasado cuatrienio, ante el presidente Barack Obama, el lenguaje que luego se convirtió en ley que permite al secretario de Justicia de EE.UU. certificar las alternativas de status y la campaña educativa de un referéndum dirigido a "resolver" el status en la isla, a cambio de $2.5 millones que se le entregarían a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
Aunque el gobierno de Rosselló Nevares comenzó las gestiones con Justicia federal de cara al plebiscito del 11 de junio de 2017, no esperó por el análisis final de la oficina del entonces secretario Jeff Sessions. La consulta -en la que la estadidad obtuvo el 97% de los votos- se celebró sin el aval de Justicia federal, en medio un boicot de la oposición y tuvo la más baja participación (23%) de la historia para un referéndum de status.
El gobierno de Rosselló Nevares no ha hecho gestiones concretas con la oficina de Justicia federal pese a que el directorio del Partido Nuevo Progresista acogió, en febrero, la idea de convocar en o antes de las elecciones de 2020 a un referéndum estadidad "sí o no".
"Este señalamiento (del Comité de Asignaciones) permite establecer un sentido de urgencia", dijo Rosselló Nevares, al agradecer, como la comisionada Jenniffer González, la gestión de Serrano.
Cuando Rosselló Nevares propuso un plebiscito "estadidad versus soberanía política (libre asociación o independencia)", el Departamento de Justicia de EE.UU. advirtió que cualquier consulta debería incluir el status territorial, para cumplir, como requiere la ley de 2014, con las normas constitucionales, legales y de política pública del gobierno federal.
"Cualquier legislación local o federal que pretenda eliminar como alternativa de status a la opción de autonomía política representada por el desarrollo del ELA, no tendrá validez ni legitimidad y estará destinada, una vez más, al fracaso", indicó el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres.
evasiones fiscales
El Comité de Asignaciones, por otro lado, aprobó ayer un proyecto de asignaciones para dependencias de Servicios Financieros cuyo informe solicita al Departamento del Tesoro que ofrezca detalles sobre el impacto de los beneficios que tienen las empresas foráneas en la isla, y las leyes 20 y 22 de Puerto Rico.
"El Comité ordena al Departamento que presente un informe que detalle los montos de impuestos que han logrado evitar durante los pasados cinco años las compañías que han establecido corporaciones en Puerto Rico que operan como foráneas, así como la cantidad de impuestos territoriales pagados localmente, las ventas anuales y el número de empleos creados", indica el lenguaje, también impulsado por Serrano.
El Comité de Asignaciones "está preocupado por la interacción entre las nuevas leyes fiscales territoriales (leyes 20 y 22 de 2012 de Puerto Rico) y la sección 933 del Código (contributivo) de Estados Unidos, que permita la evasión fiscal y niega ingresos a los gobiernos federal, estatal y territorial, incluido Puerto Rico".
El Comité de Asignaciones ordena al Servicio de Rentas Internas presentar un informe sobre "el número de personas y empresas que se han trasladado a Puerto Rico desde 2012 y se les ha otorgado exenciones de impuestos bajo las leyes de Puerto Rico 20 y 22".