Huelga en Chuquicamata

Los socios de los sindicatos 1, 2 y 3 de la división Chuquicamata no aceptaron la última oferta de la empresa, que incluía beneficios por 14,1 millones de pesos, además de mejores condiciones en los planes de egreso y de salud para quienes dejen la compañía, y votaron la huelga legal. A pesar de que las remuneraciones y beneficios de los trabajadores de la minería en general, y de Codelco y de la mina Chuquicamata en particular, se ubican muy por sobre el promedio de los de otras actividades económicas, y por esa razón resultan atractivos para muchos que quisieran acceder a un contrato en esas condiciones, los trabajadores de Codelco no estuvieron dispuestos a aceptarlo. Sugerentemente, la decisión la adoptaron votando a mano alzada y no en urna.
Diferentes factores inciden en esta negociación.
Desde luego, el hecho de que las rentas asociadas a la actividad minera generen importantes excedentes ha llevado a las compañías progresivamente a pactar salarios más altos que el promedio, y así evitar conflictos que les impidan continuar percibiendo esos excedentes. Por otra parte, las dificultades que impone la legislación laboral para terminar contratos de trabajo demasiado onerosos -agravadas por las presiones políticas que se dan cuando una empresa tiene carácter estatal- les dan mejores herramientas de negociación a sus funcionarios.
Una huelga en Chuquicamata -que produce el 5,5% del cobre de Chile- resulta dañina no solo para la empresa en conflicto, sino que, además, para el país en su conjunto. Un mes de hipotética paralización total en Chuqui rebajaría el Imacec de ese mes en más de medio punto. Es por ello que tanto empresa como trabajadores tienen una responsabilidad que va más allá de sus intereses coyunturales, y deben continuar negociando de buena fe, aun durante la huelga.
Al margen de este proceso, los salarios de los mineros en Chile enfrentan dos importantes restricciones para continuar su alza. La primera es que su productividad es sustancialmente inferior a la de sus pares de países mineros como Australia, Canadá, EE.UU. o Suecia -en especial, en el caso de Codelco, como denunció su vicepresidente ejecutivo-, y eso, a la larga, disminuirá su competitividad y capacidad para seguir invirtiendo y desarrollándose. La segunda es que la minería del futuro se automatizará radicalmente, y no requerirá de gran parte de los trabajos que hoy están contratados, desapareciendo esos salarios de su planilla.
De modo que los sindicatos deben considerar esos antecedentes: un alza permanente y desmesurada de sus salarios dificultará la sostenibilidad de una mina como Chuqui, o bien, acelerará el recambio de trabajadores por equipos automatizados. Tal vez una votación amparada en el secreto de la urna hubiera permitido una mayor reflexión respecto de estos puntos.