Martes, 16 de Julio de 2019

Seria advertencia a la Junta Fiscal

Puerto RicoEl Nuevo Dia, Puerto Rico 16 de julio de 2019

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino, advirtió ayer que, si la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) incluye en el plan de ajuste de deudas del gobierno central una reducción en las pensiones que reciben los retirados del servicio público, no aprobarán legislación alguna conducente a la implantación del documento

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino, advirtió ayer que, si la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) incluye en el plan de ajuste de deudas del gobierno central una reducción en las pensiones que reciben los retirados del servicio público, no aprobarán legislación alguna conducente a la implantación del documento.
El plan de ajuste de deudas, en esencia, es el documento que, en el proceso de bancarrota, define los nuevos términos bajo los cuales se repagará el dinero que se debe. El documento puede incluir, por ejemplo, recortes al monto adeudado, una extensión en el tiempo que tiene el deudor para realizar los pagos, cambios en las tasas de interés, entre muchos otros elementos.
El miércoles, el principal abogado de la JSF, Martin Bienenstock, informó durante una audiencia frente a la jueza federal Laura Taylor Swain, que atiende los casos de bancarrota del gobierno de Puerto Rico, que dentro de un término de 30 días estaría sometiendo el documento. Ese plan, se informó en corte, contendrá los acuerdos que ha alcanzado la Junta con distintos acreedores, incluyendo el Comité Oficial de Retirados (COR) y la Asociación de Maestros. Ayer, la matrícula de este sindicato magisterial rechazó el acuerdo con la JSF, se informó.
Sobrino explicó que, para llevar a cabo estos ajustes, se necesitan emitir nuevos bonos (los cuales serían intercambiados por los bonos viejos) y para eso se necesita la aprobación de la Asamblea Legislativa y el aval del agente fiscal del gobierno, en este caso, la Aafaf.
"Bajo ese plan, se emitiría deuda nueva que reemplazaría la deuda vieja. Bajo la ley estatal, se necesita legislar para hacer ese tipo de transacción y este servidor, como agente fiscal, tiene que firmar. Eso no pasará. Si ese plan está atado a un ajuste de las pensiones, el plan no es confirmable", dijo Sobrino durante una rueda de prensa en la sede de Aafaf en Hato Rey.
"No hay puntos medios. Si incluyen el cambio para retiro, no tenemos nada que hablar (con la Junta)", añadió.
Reacciona la Junta
El portavoz de la JSF, Edward Zayas, al reaccionar a la postura de Sobrino, resaltó que el organismo fiscal "entiende que los acuerdos alcanzados con el COR y las uniones es una parte integral del camino hacia un plan de ajuste de deudas y la salida de la isla de los procedimientos bajo el Título III de Promesa".
"No es nuevo el comentario de Sobrino con esa postura del gobierno", sostuvo Zayas en declaraciones escritas.
La Junta no tiene el poder de legislar
Sobrino, no obstante, enfatizó que la Junta no tiene el poder de sustituir la Asamblea Legislativa, ni puede tomar determinaciones por encima de la política pública del gobierno. Del mismo modo, advirtió que ni el tribunal federal puede obligar a un cuerpo electo, como la Legislatura, a adoptar algún acuerdo.
"El voto de un legislador está protegido por la primera enmienda de la Constitución (de EE.UU.). El voto de los legisladores está protegido y no se puede hacer nada que impacte el derecho que tienen a expresarse", sostuvo, además, el jefe de Aafaf.
Sobrino indicó que reestructuraciones de deudas, como la que ocurrió en la ciudad de Stockton en California, no requirieron un cambio en la estructura de pensiones.
El plan fiscal vigente contiene ajustes en las pensiones equivalentes a una reducción de 10% en la nómina de los pensionados. Los ajustes son progresivos, lo que implica que aquellos que reciben menos dinero en su jubilación recibirán recortes proporcionalmente menores a los que tendrán aquellos que devengan los cheques más altos.
El más reciente acuerdo entre la JSF y el COR, según Sobrino, implica una merma de 8% en la nómina de empleados jubilados. Alegó que, en la práctica, este cambio no representa mucho en términos fiscales, ya que adelanta las futuras deficiencias presupuestarias en un solo año.
"La reestructuración de la deuda no requiere un cambio en las pensiones y a la mayoría de los acreedores ni le importa este tema. Ellos se mantienen con lo suyo", sostuvo el funcionario.
El argumento en números
Sobrino explicó que el recorte de 10% propuesto por la JSF para la nómina de los jubilados representa un ahorro que varía entre los $180 millones y los $200 millones al año.
Mitigar ese recorte a un 8%, como pasaría con el acuerdo entre el ente fiscal y el Comité Oficial de Retirados, implicaría que los ahorros rondarían entre $100 millones y $150 millones anuales.
"Con estos recortes agresivos, la diferencia que eso tienen en el modelo a largo plazo de la Junta que llega al 2049, el déficit operacional (del gobierno) solo se adelanta un año", reafirmó.
Sobrino indicó que la postura de la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares es de no alterar las pensiones que reciben los jubilados del servicio público.
La insistencia del ejecutivo se basa, en parte, en que entre 2013 y 2014 se ajustaron muchos de los beneficios de retiro en el servicio de público, por lo que el ajuste que se busca en este renglón ya se llevó a cabo.
"Esta postura del gobierno ha sido desde el principio", dijo Sobrino.
Los cambios históricos
Originalmente, los sistemas de retiro en Puerto Rico seguían un modelo de beneficios definidos. Las pensiones, en esencia, no se calculaban según lo que aportaba el empleado al sistema, sino a base de los años de servicio y los salarios devengados. Los que se jubilaban tenían derecho a pensiones que podían alcanzar hasta 75% de los ingresos que devengaban cuando eran empleados activos del sistema público.
En 2000, se hizo el primer gran cambio al sistema. Los empleados que entraban al servicio público, en lugar del participar en el viejo sistema de beneficios definidos, tenían unas cuentas de ahorro parecidas a las que comúnmente existen en el sector privado conocidas como 401k.
Entre 2013 y 2014, se legislaron cambios adicionales para que los tres principales sistemas de retiro en el gobierno. Las nuevas leyes congelaban la acumulación de beneficios para aquellos empleados que todavía estaban en el viejo sistema de pensiones y los iniciaba al sistema de contribución definida, como se conocen los planes de ahorro para la jubilación. También, se eliminaron o se redujeron algunos beneficios que recibían los jubilados a través de leyes especiales, como los bonos de verano y de medicamentos entre otros.
Decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico limitaron el alcance de estas nuevas reformas al sistema de pensiones de los maestros y jueces.