Michelle Bachelet en Venezuela

A pocos días de que se inicie el período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la alta comisionada, Michelle Bachelet, realizó su esperada visita a Venezuela. En su balance destacó el haberse podido reunir con representantes de todos los sectores, así como escuchar dramáticos testimonios de víctimas. La expresidenta chilena evitó, sin embargo, formular una condena al régimen de Nicolás Maduro y se apreció en sus palabras un permanente esfuerzo por equilibrar sus menciones al gobierno y a la oposición.
La postergada visita tuvo una larga historia. Fueron la Asamblea General con el Consejo los que exhortaron al régimen a recibir a sus encargados. Pero aunque el permiso se solicitó por años, no se consiguió sino hasta ahora, posiblemente porque el gobierno de Maduro está buscando alguna forma de disminuir las sanciones económicas que pesan sobre el país; por lo mismo, debe haberlo satisfecho que la alta comisionada afirmara que esas sanciones han "exacerbado" la crisis humanitaria preexistente. Por su parte, la Asamblea Nacional de Juan Guaidó había invitado a Bachelet en diciembre, con motivo del aniversario de la declaración universal de los derechos humanos. A pesar de los obstáculos, miembros de la oficina responsable sí habían viajado a Caracas y comprobado ya la veracidad de muchas denuncias, lo que se reveló en los informes anteriores, el último de ellos ejecutado bajo la dirección de Bachelet. En este reveló su inquietud por la magnitud y gravedad de las violaciones, entre las que enumeró las amenazas, intimidaciones, violencia y ejecuciones de que son víctimas los opositores al régimen.
No es fácil la tarea ni pequeña la responsabilidad que recae sobre la expresidenta. Fue el gobierno de Maduro el que formalmente la invitó y, por muy respetado que sea un comisionado ONU, las autoridades locales pueden ser claves en la impresión que este se forme del acatamiento a la normativa universal. Habrá que esperar si gestos como aceptar la futura instalación de una oficina del Alto Comisionado y comprometer el acceso a los lugares de detención, se traducen efectivamente en un mejoramiento en el respeto a los derechos humanos severamente vulnerados y no son solo estrategias que utiliza el régimen para mejorar su imagen. La conducta permanente de Maduro y su gobierno impone el escepticismo.
El tono y las palabras de Bachelet al dejar Venezuela pudieron defraudar a quienes, lejos de pretendidas equidistancias, esperaban un pronunciamiento más claro y acorde con toda la evidencia que señala al régimen chavista como gran responsable de las violaciones en sus derechos fundamentales que sufre la población de ese país. Con todo, cabe esperar que en su informe exhaustivo ante el Consejo, en julio, la alta comisionada se pronuncie sobre la situación en la línea de lo declarado en los informes preliminares. De mantener su posición, ese reporte no será del agrado de Maduro, pero podría constituir un estímulo adicional para convencer a la comunidad internacional de la necesidad de buscar una salida a una crisis sin parangón en la historia de nuestro continente.