Con 493 obras en estado crítico, regiones quieren más regalías

martha morales manchego el tiempo @marthamoralesm
La forma actual de repartir las regalías en el país está al borde de una nueva transformación, luego del cierre -en esta semana- de la legislatura en el Congreso de la República, donde la reforma que busca devolverles más recursos a las regiones productoras quedó aprobada en 4 de 8 debates que debe surtir un acto legislativo. Las regiones en las que se hacen exploraciones para obtener petróleo y minerales (carbón, oro y níquel) pasarán de contar con el 11,2 por ciento a disponer del 25 por ciento del total (14 % más); mientras se reducen fuertemente las regalías que se estaban destinando al fondo de ahorro que logró estabilizar las finanzas de las pensiones en los territorios, el cual pasa de contar con 22,5 a solo 4,5 por ciento. Más allá de la preocupación que esto último genera entre algunos analistas, muchos colombianos se están haciendo la misma pregunta: ¿y es que el esquema no estaba funcionando? Según las cuentas de Planeación Nacional, durante los últimos 8 años, el país ha contado con 37,9 billones de pesos del sistema de regalías, con los cuales ha apalancado 15.078 proyectos (con corte al 15 de junio de 2019) por valor de 48,2 billones de pesos, es decir, los restantes 10,3 billones provienen de fuentes distintas a las regalías. Pero si bien el uso de las regalías mejoró, la Contraloría, que está adelantando una evaluación a lo sucedido hasta ahora, señala que, con corte a 31 de diciembre de 2018, hay 493 proyectos, por valor de 2,8 billones de pesos, que están en estado crítico. Es más, este organismo de control manifiesta que en el mismo periodo (2012-2018) "ha encontrado hallazgos con presunta incidencia fiscal por 1,1 billones de pesos", siendo los sectores más afectados con proyectos sin terminar o mal hechos varios de los que son claves para la población: agua potable y saneamiento básico, transporte y vivienda. Hay que recordar que el esquema de distribución de las regalías se había modificado con un acto legislativo aprobado en el 2011, porque los recursos estaban concentrados en unas pocas regiones y eran mal manejados en los territorios: "8 departamentos en los que habita el 17 % de la población del país recibieron el 80 % de las regalías directas giradas entre 1995 y 2010". En pos de corregir lo que fue tildado como inequitativo, porque los recursos del subsuelo son de todo el país, se planteó un sistema de regalías para "repartir la mermelada en toda la tostada nacional", como lo describió el entonces ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, lo que implicó ponerle un objetivo más amplio a las regalías: ayudar a reducir la pobreza en las regiones más olvidadas del desarrollo y promover la competitividad regional, sin tener en cuenta solo el criterio de ser productor. El senador Roy Barreras, quien en su momento defendió como ponente el proyecto, destaca que "la reforma de ahora fue una promesa de campaña del presidente Iván Duque, pero el Congreso ha cuidado que no se vuelva de nuevo a la asignación casi total de los recursos a las regiones productoras". Agrega, además, que la crisis en la vía al Llano fue uno de los motivos que convenció a los congresistas para aprobar rápidamente el proyecto, en medio de una legislatura compleja, en la que parecía más probable el hundimiento que la aprobación de una iniciativa radicada a comienzos de abril, con solo dos meses para sacar adelante la mitad de los debates. "Dos coyunturas convencieron: los departamentos han sido incapaces de invertir en ciencia y tecnología, por lo tanto, esa plata termina financiando una bolsa de proyectos inútiles. Y la crisis en la vía al Llano ayudó, pues puso de manifiesto a una región como la Orinoquia, de donde sale más del 75 por ciento del petróleo, y ahora está bloqueada. No tiene sentido que, mientras se ponen recursos en vías de Antioquia, esta región no tenga suficiente para invertir en infraestructura con sus regalías directas", dijo Barreras. Y la directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso, argumentó que si bien "el actual esquema ha sido bueno en su espíritu redistributivo, pues irriga recursos a todo el país, había problemas de operatividad del sistema que impedían liberar recursos mientras las regiones necesitan inversión". Alonso recordó que se llegó a tener hasta 8 billones de pesos paralizados, sin poderlos utilizar, por la demora que implicaba aprobar un proyecto de inversión en los Ocad (órganos decisorios. Hay uno por cada municipio y uno por cada departamento). Otra razón expuesta por Alonso es el hecho de que las regiones productoras se estaban oponiendo a la exploración porque no veían el beneficio en sus territorios, y "para el país es prioritario mantener la producción minero-petrolera y, en paralelo, avanzar en el camino de diversificar y potenciar otros sectores de la economía". Según la funcionaria, el sistema de regalías fue positivo, por lo que, con la nueva reforma, buscaron mantener esa ganancia: la redistribución en regiones para reducir niveles de pobreza, sin quitarles tanto a las zonas productoras. "La alternativa para lograr ese balance fue la reducción del ahorro. No se trata de acabarlo, y los territorios que no han logrado acumular el 120 por ciento de los aportes previstos para el Fondo de Pensiones Territoriales (Fonpet) tendrán que continuar hasta cumplir la meta". Para el contralor General, Felipe Córdoba, también es válido hacerle ajustes al sistema de regalías después de 8 años "para que los recursos se usen de forma más eficaz y eficiente". Frente a la reducción que tendrán los recursos para fiscalización al sistema, de los cuales tiene una parte la Contraloría, advirtió que "en vez de disminuirlos, se debe aprovechar este espacio para fortalecerlos a fin de garantizar el cumplimiento de las normas y los contratos". Más aún si -agregó el contralor- "los más de 15.000 proyectos, multiplicados por los 66.000 contratos que soportan la ejecución de estos recursos, plantean grandes retos en la fiscalización".