La Nacion, Costa Rica
24 de junio de 2019
En un pronunciamiento, la Defensoría de los Habitantes asegura que la división de poderes está en juego y cuestiona el informe de Servicios Técnicos del Congreso que recomendó hacer secreta la votación.
La Defensoría de los Habitantes pide a los diputados obrar este lunes con transparencia y definir en una votación pública, sin secretismo, el futuro del magistrado Paul Rueda en la Sala Constitucional.
"La transparencia no debe verse únicamente como un acto de rendición de cuentas sino también como una herramienta fundamental que permita dar legitimidad a las decisiones, generando garantía para todos los habitantes".
"Para la Defensoría es necesario que en el caso del Poder Judicial se fortalezca su independencia y, en este marco, hay una nueva oportunidad para que mediante el voto público, el país siga por el camino que lo ha diferenciado de una mayoría de naciones del continente", señala un pronunciamiento de la institución hecho público la noche de este domingo.
En ese documento insiste, además, en que la continuidad o no, de Rueda en la Sala IV, no debe estar condicionada al contenido de sus sentencias, pues eso atentaría contra "el principio de división de poderes".
"La Constitución Política es clara al establecer en el artículo 158 que los motivos que fundamenten la no reelección deben estar asociados a ineficiencia o bien, faltas al deber de probidad".
"Con la anterior disposición, los Constituyentes reiteraron el principio de división de poderes que debe privar, de forma tal que la decisión de reelección de un magistrado no esté relacionada con el contenido de sus sentencias", añade el pronunciamiento de tres páginas.
Al menos un diputado, el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, ya reconoció ante la opinión pública que él está estudiando las resoluciones del magistrado constitucional para decidir si se opone a su continuidad o no.
Incluso, días antes de que la Comisión legislativa de Nombramientos recomendara la no reelección del alto juez, Abarca y su compañero de bancada, el puntarenense Óscar Cascante, criticaron en ese foro legislativo, al magistrado constitucional por el voto que prohibió la pesca de arrastre en Puntarenas, bajo el alegado de que afectó a la economía del Pacífico central.
Los legisladores que en Comisión se opusieron a la continuidad de Paul Rueda fueron: Rodolfo Peña, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Luis Fernando Chacón, del Partido Liberación Nacional (PLN); Carlos Avendaño y Xiomara Rodríguez, del Partido Restauración Nacional (PRN); así como Dragos Dolanescu, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).
Ellos abogan por su salida a pesar de que la Corte remitió un informe, a petición del Congreso, que detalla que el alto juez no tiene ningún tipo de mancha en su expediente. No cuenta con amonestaciones escritas, quejas, sanciones ni investigaciones, así como tampoco constan procedimientos disciplinarios por acoso laboral, sexual ni por violencia doméstica.
Critica dictamen de Servicios Técnicos
La Defensoría también cuestionó este domingo el informe del departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, el cual ecomienda realizar la votación en secreto. En criterio de esta entidad, "el secretismo" es una vía excepcional y en la Constitución no se establece que se debe utilizar en los casos de reelección de magistrados.
"Existen principios constitucionales claramente establecidos y desarrollados jurisprudencialmente que establecen la publicidad de las sesiones y votaciones de la Asamblea Legislativa como regla general, y solo por vía excepcional el secretismo".
"(...) Conforme a los artículos 29, 30 y 117 de la Constitución Política, así como la jurisprudencia constitucional citada, la Defensoría de los Habitantes considera que en la votación que se realice deben privar los principios de transparencia, publicidad, acceso a la información y rendición de cuentas.
"Para la Defensoría de los Habitantes no resulta de recibo el alegar una costumbre parlamentaria, que, constituye contraria a los principios constitucionales y su desarrollo normativo".
Otra voces en contra
Al igual que la Defensoría, varias figuras jurídicas también cuestionan que esa votación se haga secreta.
Tal es el caso del exmagistrado y exdiputado del PLN, Carlos Arguedas; del abogado constitucionalista Rubén Hernández; y de la jueza penal Rosaura Chinchilla Calderón, coordinadora de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Además, la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), con diez legisladores, ya tiene lista una moción para solicitar que este lunes el plenario legislativo vote pública y nominalmente sobre el caso de Rueda.
En tanto, la jefa de fracción del PLN, Silvia Hernández, anunció que recomendará a sus 16 compañeros de bancada votar de forma pública.
José María Villalta, del Frente Amplio (FA), también afirmó que la votación debe ser pública.
Por su parte, Pedro Muñoz, subjefe del PUSC, dijo que los nueve diputados de su fracción tienen libertad para votar como quieran y que él hará público el suyo, el cual será en contra de la reelección del magistrado.
Erwen Masís, también de la Unidad, anunció que votará en público y que lo hará en favor de la continuidad de Rueda.
En el bloque Nueva República, el subcoordinador Harllan Hoepelman afirmó: "Estamos valorando todavía cómo debería ser la votación, aunque Servicios Técnicos ya dijo cómo. El lunes tomaríamos una decisión y lo daremos a conocer".
Al respecto, Eduardo Cruickshank, líder de la bancada de Restauración Nacional, también se apegó a lo que dijo ese departamento, que opera como asesor del Congreso.
