Sábado, 19 de Octubre de 2019

Crisis socialista

ChileEl Mercurio, Chile 19 de octubre de 2019

Las respuestas de la dirigencia han parecido ir siempre un paso atrás, sin hacerse cargo de la profundidad del problema.

Después de una pugna electoral interna, de la demora en la entrega de resultados definitivos y del escándalo que desató un reportaje televisivo que reveló la profundidad de las prácticas clientelistas en la comuna de San Ramón y reiteró antiguas denuncias sobre el eventual vínculo de personas condenadas por narcotráfico con el municipio de esa comuna (encabezado por un exmilitante), el Partido Socialista ratificó, el fin de semana pasado, al senador Álvaro Elizalde para que lo siga presidiendo por dos años más. Pero esa reunión del nuevo comité central socialista, lejos de apaciguar el conflicto interno, parece haberlo agudizado. Sin darse tregua, los bandos que apoyaron a Elizalde y a Maya Fernández volvieron a enfrentarse. Y protestando contra lo que denunció como la ausencia de debate, la mayoría de la disidencia se retiró del encuentro y se restó de llenar los dos cupos a los que tiene derecho en la directiva.
Aunque en este conflicto incide un conjunto de factores disímiles -desde rivalidades personales, hasta diferencias respecto del actual estilo de conducción-, su evolución ha mostrado una aparente incapacidad de los dirigentes para hacerse cargo de la naturaleza más profunda del problema que hoy enfrentan. Si el caso San Ramón ha afectado al PS del modo en que lo ha hecho, ha sido, en parte, porque las denuncias formuladas este año ya habían sido planteadas en el pasado, en 2017. Entonces, el mismo timonel partidario expresó su rechazo frente a esas situaciones y la opinión pública entendió que se adoptarían las medidas para superarlas. Dos años después, se ha evidenciado que los problemas no solo continuaban, sino que la actual conducción sostenía entendimientos con el sector cuestionado, al punto de haber sido parte de la misma lista en la última elección y beneficiarse de sus votos.
Frente a la reacción que ello ha generado, las respuestas han parecido ir siempre un paso atrás de los hechos; primero, haciendo notar que los sufragios de San Ramón no afectaban las actuales mayorías, cual si solo hubiera habido aquí un conflicto electoral; luego, recurriendo al Servicio Electoral para que este auditara su padrón, tarea que, como hizo notar el Servel, correspondía hacer a la propia colectividad, y anunciando ahora medidas como la incorporación de fórmulas de premilitancia y la decisión de volver a utilizar carnés para identificar a los afiliados. Aunque algunas de estas determinaciones pueden ser útiles, la ciudadanía las observa con desconfianza no solo porque aparecen planteadas por la directiva de un partido fracturado, sino también porque esos mismos dirigentes ya anteriormente habían comprometido la superación de las malas prácticas que hoy se denuncian, pero en lugar de hacerlo, se beneficiaron de las maquinarias clientelistas existentes para consolidar su control de la colectividad.
Desde esa perspectiva, es la credibilidad de la dirigencia socialista la que aparece hoy cuestionada, en un momento en que el partido no ha encontrado un proyecto político claro, de lo que la última elección interna -marcada por la falta de debate ideológico- fue prueba palmaria. El que las denuncias involucren, además, un elemento tan corrosivo como es el narcotráfico agrava la situación y el rechazo frente a un discurso que parece querer minimizar el problema. Es claro que el sector encabezado por Elizalde consiguió una contundente mayoría en los comicios internos, pero el mero intento de restaurar una legitimidad para seguir operando sobre los mismos fundamentos no parece suficiente para superar la crisis. Seguir adelante sin tomar decisiones difíciles, que desde luego tendrán costos en lo personal, puede a la larga acarrear un precio mayor para el partido y para la política en general.