Sábado, 19 de Octubre de 2019

Desviaron más de $15 millones

Puerto RicoEl Nuevo Dia, Puerto Rico 19 de octubre de 2019

Desde las primeras semanas del cuatrienio, mientras se ideaban los cierres de escuelas públicas y se proponía la reducción de beneficios en el Plan de Salud del Gobierno (PSG), conocido ahora como Vital, presuntamente se cuajaron -al menos- tres esquemas de corrupción que desviaron sobre $15 millones en fondos estatales y federales a empresas e individuos que aprovecharon sus contactos con el gobierno para abultar sus alcancías

Desde las primeras semanas del cuatrienio, mientras se ideaban los cierres de escuelas públicas y se proponía la reducción de beneficios en el Plan de Salud del Gobierno (PSG), conocido ahora como Vital, presuntamente se cuajaron -al menos- tres esquemas de corrupción que desviaron sobre $15 millones en fondos estatales y federales a empresas e individuos que aprovecharon sus contactos con el gobierno para abultar sus alcancías.
Los arrestos de seis ejecutivos asociados directamente con estos casos de corrupción se plasmaban ayer como el inicio de una serie de intervenciones criminales contra personas que, de alguna manera, participaron directamente en los esquemas de corrupción investigados por el gobierno federal.
La propia jefa de la fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, mientras explicaba los arrestos, advertía que conocen de -al menos- una persona adicional, además de los seis detenidos, que participó directamente en el esquema de fraude y lavado de dinero y que, por el momento, no fue acusada. "La investigación continúa, no puedo decirles más", afirmó la fiscal federal.
En la mañana de ayer, los agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) arrestaron a la exadministradora de Seguros de Salud Ángela "Angie" Ávila Marrero; al socio administrador de la firma BDO Puerto Rico, Fernando Scherrer Caillet, a la exsecretaria de Educación Julia Keleher; al asesor gubernamental Alberto Velázquez Piñol, a la contratista del Departamento de Educación Mayra Ponce Mendoza y su hermana Glenda Ponce Mendoza.
Esta última trabajaba directamente como asistente de Keleher.
Tarde anoche, BDO Puerto Rico confirmó la renuncia de Scherrer Caillet al puesto que ocupaba en la empresa. "Esto le permitirá al señor Scherrer enfocarse en su defensa, (y) permitirá a BDO concentrar sus esfuerzos en proveerle servicios a sus clientes", dijo por escrito Gabriel Hernández, socio fundador de la compañía.
En el primero de los esquemas, presuntamente Keleher timoneó un proceso de licitación para beneficiar la empresa Colón & Ponce, que pertenecía Mayra Ponce Mendoza, la hermana de su ayudante especial.
El contrato pagado con fondos federales fue de $43,500, aunque luego se enmendó para alcanzar los $95,000. Alegadamente, hubo otro intento de aumentar la cuantía en agosto de 2017, esta vez a $450,000, pero no se logró.
Bajo este contrato entre Educación y la empresa Colón & Ponce, la agencia obtuvo los servicios de Marie Estela Cesteros, la exdirectora de campaña del candidato independiente a la gobernación Manuel Cidre.
"Da vergüenza... Es una pena que veamos este tipo de esquema una vez detrás de otra. Es una pena porque hay mucho por hacer por Puerto Rico y estos acusados se lucraron, buscaron beneficiarse para seguir con sus intereses personales y no pensaron que podían ayudar y estaban en una posición de ayudar a Puerto Rico", señaló la jefa de fiscales federales en Puerto Rico.
En la acusación, se menciona que hasta la Oficina del Inspector General dentro del Departamento de Educación federal le advirtió a Keleher que tenía que obedecer los procesos de licitación federal e hizo referencia específica al contrato con la firma Colón & Ponce.
Los otros dos esquemas consistieron en la manipulación de los procesos de licitación para que la firma BDO Puerto Rico fuera agraciada por los contratos de asesoría de Educación y ASES.
El principal enlace entre la empresa y las entidades públicas era Velázquez Piñol, quien, además de facturar por los servicios que prestaba a BDO Puerto Rico cobraba un diezmo por cada contrato del gobierno que conseguía para la firma. En este esquema, BDO Puerto Rico alcanzó contratos con montos que sobrepasaron los $15 millones. Velázquez Piñol, por su parte, obtuvo ingresos que sobrepasaron los $920,000.
En este proceso, tanto Keleher como Ávila Marrero participaron activamente compartiendo información privilegiada a Velázquez Piñol para facilitar la obtención de contratos.
El caso de ASES fue más dramático puesto que Ávila Marrero canceló una serie de contratos para dárselos a BDO Puerto Rico.
Ayer, hasta el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, indicó públicamente que Velázquez Piñol dirigía las reuniones con los proveedores de servicios asociados al PSG, conocido como Vital. El galeno indicó que el ahora acusado se presentaba como representante de La Fortaleza en los procesos de negociación para la implantación de los últimos cambios al modelo de cubierta médica.
"Él (Velázquez Piñol) se presentaba en las reuniones como representante de La Fortaleza y Angie Ávila estaba en las reuniones y nunca lo corrigió", dijo Ramos.
individuos desviados
Los arrestos se producen en momentos en que el gobernador está de vacaciones por Europa. De hecho, el propio ejecutivo, a través de las redes sociales informó que suspendía sus vacaciones para atender las repercusiones de la crisis causada por el arresto de dos de sus excolaboradoras más cercanas que, entre ambas, manejaron el 27% del presupuesto consolidado de Puerto Rico.
"Reconociendo la importancia y la trascendencia de los arrestos ocurridos en el día de hoy (ayer), así como su impacto en el quehacer gubernamental, he decidido regresar de inmediato... Las alegaciones contra las personas arrestadas hoy (ayer) son una vergüenza. Nuestra política pública es clara: batallaremos la corrupción en todas sus modalidades", sostuvo el mandatario a través de la red social Twitter.
Keleher fue secretaria de Educación hasta inicios de abril, mientras que Ávila Marrero estuvo en su puesto hasta hace dos semanas.
En el Palacio de Santa Catalina, el ambiente parecía tenso y estresante. El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Anthony Maceira, por ejemplo, antes de emitir la reacción oficial en la mansión ejecutiva, se detuvo por varios minutos en lo que recibía en su teléfono instrucciones precisas sobre cómo proceder.
Cuando se dirigió a los medios, una y otra vez reiteró que los arrestos representan casos de individuos que pudieron haberse desviado de la ley y no un esquema institucional en el gobierno para malversar fondos públicos.
"Es un esquema con distintas personas y todas actuaron en beneficio propio y por intereses personales. Esto no se trata de un asunto institucional", dijo Maceira, al hacerse eco del estribillo de las "manzanas podridas".
El pliego acusatorio, sin embargo, en la página 15 sostiene que "oficiales del gobierno permitieron que individuos que no estaban empleados por el Estado ejercieran autoridad sobre los departamentos y las agencias gubernamentales".
En un momento, sin que ningún medio preguntara, Maceira también hizo una defensa de Elías Sánchez, el exdirector de la campaña del 2016 del gobernador Rosselló Nevares, al resaltar que él no fue mencionado en la acusación federal. También, destacó que la jefa de los fiscales federales en Puerto Rico dijo que el gobernador no estaba involucrado en el fraude destapado ayer.
Hasta hace poco, la postura del gobierno ante las investigaciones de corrupción era que las autoridades investigaban principalmente a Velázquez Piñol y los contratos de la empresa privada BDO Puerto Rico. De hecho, resaltaban que hasta donde conocían ningún funcionario del gobierno estaba siendo investigado.
Consistente con esto, Maceira dijo ayer que el gobernador se enteró de los presuntos malos pasos de Keleher ayer, cuando fue detenida por las autoridades federales, pese a los informes que en múltiples ocasiones la señalaban como foco de una pesquisa federal.
Mientras Maceira hacía su defensa a los medios de comunicación, se fraguaban nuevos desentendidos, especialmente en el campo político y legal.
Por un lado, la comisionada residente Jenniffer González afirmó que los arrestos crean "sombras" en la administración de los fondos federales en Puerto Rico, justo en momentos en que se discute la repartición de nuevos fondos de Medicaid para Puerto Rico.
De hecho, el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, salió a toda prisa a la capital federal para allí encontrarse con el secretario de Estado, Luis G. Rivera Marín, en un intento por mitigar daños ante los legisladores y funcionarios federales. Ayer, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, fungía como gobernadora interina.
Se trata de una misión que podría ser cuesta arriba especialmente si se toma en cuenta que el propio presidente de EE.UU., Donald Trump, ha denunciado ampliamente los problemas de corrupción gubernamental.
Por otro lado, el demócrata Raúl Grijalva, presidente del poderoso Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, pidió públicamente la renuncia del gobernador ante el escándalo de corrupción.
Hace apenas tres semanas, Ávila Marrero advirtió ante el Congreso el precipicio fiscal que enfrentaba el sistema de salud de Puerto Rico con la terminación de los fondos Medicaid asignados a la isla.
En el Capitolio, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz convocó a una reunión "inmediata" con la mayoría legislativa de la que salieron con una petición para que el gobernador rinda cuentas por lo sucedido en su administración gubernamental.
Esa reunión, según se informó, se concretaría cuando el gobernador regrese al país. Ayer, el primer ejecutivo emprendió su regreso, pero no se tenía una idea clara de cuándo aterrizaría a la isla.
Inicia proceso judicial
Keleher compareció en la tarde de ayer a una audiencia inicial, a puertas cerradas, en el Tribunal Federal de Washington D.C., ciudad donde fue arrestada. La exfuncionaria quedó en libertad luego de que se comprometiera en comparecer ante el Distrito de Puerto Rico del Tribunal Federal a más tardar el 17 de julio.
El Nuevo Día supo que la fiscalía llegó a solicitar la detención de Keleher, pero la magistrada Deborah Robinson concedió la fianza.
Por su parte, Velázquez Piñol se entregó en Connecticut por recomendación de su defensa legal, después de que no fuera arrestado en su residencia "por razones que desconoce". Ayer, no se tenían claros los detalles de su comparecencia inicial ante un magistrado.
En San Juan, el magistrado Bruce McGiverin les impuso fianzas a los restantes cuatro arrestados.
El abogado de Ávila Marrero, Jason González, fue el único en abordar a los medios a su salida del tribunal, y resaltó que su clienta no se benefició de manera alguna de los fondos públicos.
Los reporteros José A. Delgado, Joanisabel González, Laura M. Quintero, Keila L. López Alicea y Marga Parés Arroyo colaboraron en esta historia.