Aseguremos la calma y la estabilidad de Puerto Rico

Con toda razón, nuestra gente se siente indignada y desilusionada por el contenido del chat que sostuvieron el gobernador y once de sus allegados. Es claramente razonable exigir respuestas y acción a los que han trastocado la confianza del pueblo. Pero a esto se procede con la mayor serenidad.
La paz, la prudencia y el sosiego deben prevalecer para garantizar la seguridad de ciudadanos y policías. Evitar la violencia también resguarda la imagen de los puertorriqueños ante el resto del mundo. El paso del huracán María provocó el reconocimiento internacional de nuestra isla. La solidaridad se ha expresado con el envío de ayudas y visitas de turistas. Como entonces, la altura del civismo de nuestro pueblo marcó la huella. Hoy, otra vez, corresponde a los propios ciudadanos crecerse en medio de la vorágine que las acciones del gobernante y sus allegados han provocado.
En el reclamo al gobernador por sus actos, es importante que el país siga operando. Eso implica que los secretarios de gabinete que están en sus puestos deben realizar sus labores con el objetivo de ofrecerle el mejor servicio al pueblo. Las energías del gobierno y del resto del país tienen que enfocarse en los esfuerzos para la recuperación física, económica y social.
En el presente clima de conmoción social, es sumamente importante que el gobernador Ricardo Rosselló preste atención a la voz de la indignación pública. Esa voz refleja el sentir mayoritario de la empresa privada, las iglesias, las uniones, el tercer sector y los ciudadanos que de múltiples formas han expresado su enfado. Escucharlos con apertura de mente, corazón y voluntad de responder acorde al clamor es esencial en la reflexión profunda que el mandatario tiene que hacer, pensando en las mejores oportunidades para el futuro de Puerto Rico.
Mientras, el gobernador tiene la responsabilidad de hacer los nombramientos pendientes en su gabinete, en particular, la Secretaría de Estado y la representación del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal. Quedan por delante grandes desafíos que requieren gestiones proactivas y diligentes.
En la capital federal, esta semana, el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes se dispone a imponer mayores controles a la asignación para Puerto Rico de $12,000 millones en fondos de Medicaid para los próximos cuatro años fiscales. Nuestro país tiene que hacer un frente común para construir puentes de confianza con el gobierno federal.
Añadirle parámetros más estrictos al gobierno de Puerto Rico es la respuesta del Congreso a los acontecimientos de la última semana que han remecido la gobernabilidad local. Líderes congresionales han expresado preocupación particular con las acusaciones federales de corrupción asociada a la Administración de Seguros de Salud, manejadora del plan de salud pública.
También, el Senado federal se prepara para hacer más rigurosas las condiciones para el otorgamiento de los fondos, con miras a asegurar que el dinero de los contribuyentes se utilice con prudencia. Desde el Congreso se ha cuestionado también la capacidad del gobernante para mantenerse a cargo.
Con la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington bajo dirección interina, e importantes jefaturas del equipo económico del gobierno vacantes, las gestiones de la Junta de Supervisión Fiscal, el sector privado y otros asociados a la salud son vitales.
Así, pues, todos los esfuerzos de Puerto Rico deben centrarse en que Puerto Rico retome el mayor grado de normalidad posible, mientras el gobernador pondera su futuro con el bienestar del país como faro. Puerto Rico se juega su futuro en la forma como supere la presente crisis institucional. Tiene la capacidad de crecerse para recuperar la estabilidad y credibilidad. Pongamos, todos y juntos, voluntad para lograrlo.