Viernes, 29 de Marzo de 2024

Funcionaria del Registro Civil entre los cinco primeros imputados por pasaportes falsos

ChileEl Mercurio, Chile 17 de agosto de 2019

Fue detenida el 13 de agosto, prestó declaración a la PDI, y reconoció facilitar la gestión de documentos falsificados. Ya se habrían detectado más de 30 credenciales adulteradas.

A puertas cerradas, se realizó ayer en el 1 {+e} {+r} Juzgado de Garantía de Santiago, el control de detención y formalización de los cinco primeros imputados por el caso de pasaportes falsos que indaga -de manera reservada- la Fiscalía Metropolitana Occidente.
El Ministerio Público investiga la falsificación de este tipo de documento válidamente emitidos, pero con datos que no corresponden. Por estos hechos el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ya presentó una querella.
Durante julio pasado, el Departamento de Inspección Secundaria del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, de la Policía de Investigaciones (PDI), detuvo a una persona intentando salir del país con un pasaporte válidamente emitido, pero con datos civiles que no le correspondían.
Quienes conocen el caso, indican a "El Mercurio" que, como en el aeropuerto se revisan solo las fotos del pasaporte y no las huellas digitales, la persona que viajaba aparecía en la imagen del documento, pero las huellas, nombre, firma y RUT eran de otra persona.
Al ser entrevistado por los funcionarios policiales, el detenido habría reconocido la suplantación de identidad, y habría explicado que obtuvo el documento que portaba mediante pagos a un funcionario del Servicio de Registro Civil e Identificación. La de ayer sería solo una de las aristas que se investigan.
Los cinco imputados -por delitos de falsificación de instrumento público, cohecho y delito informático- son Andrés Meza, David Contreras, Juan Manuel Iriarte, Raúl Salazar y Carolina Bevensee.
Está última aparece como funcionaria a contrata en el Registro Civil en transparencia activa de la institución. El último registro es de julio pasado.
Quienes conocieron lo que se trató en la audiencia, señalan que Bevensee fue detenida el 13 de agosto, declaró ante la PDI, reconoció la falsificación de los pasaportes, y ha colaborado en la indagatoria.
Durante la formalización, el Ministerio Público explicó que la funcionaria habría recibido unos $700 mil por los documentos. También que accedió al computador de otra funcionaria con su clave.
Eduardo Baeza, fiscal jefe de Pudahuel, pidió prisión preventiva para los imputados, lo que fue rechazado por el magistrado Gonzalo Figueroa en tres de los cinco casos. En los otros dos -Iriarte y Contreras- sí se accedió, pero se concedió una caución de $10 millones. Bevensee quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo.
En la investigación ya se han identificado más de treinta pasaportes adulterados y se ha logrado determinar cuántos de estos están fuera del país y cuántos aún están en territorio nacional.
Quienes conocen la investigación, aseguran que como todos han sido bloqueados por el Registro Civil, si se tratan de utilizar para salir de Chile serán inmediatamente identificados. También que las policías internacionales de los países en los cuales habría salido gente del país con documentos falsos ya están alertadas.
"Tolerancia cero con la corrupción"
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, destaca que apenas levantada la alarma en el Registro Civil se recibió la información desde el Ministerio de Justicia. Esto, porque la repartición que lidera es la que debe denunciar estos hechos al CDE. Este último hizo llegar rápidamente todos los antecedentes al Ministerio Público.
Paralelamente, explica Ubilla, "se removió de inmediato a los cinco funcionarios involucrados (...) Hay tolerancia cero con la corrupción", asegura.
Explica que el caso se ha abordado para poder determinar "el tamaño de la vulnerabilidad, si son cuatro, seis o diez pasaportes; segundo, tomando las medidas administrativas que corresponden, como bloquear los documentos, y eso previene que el daño sea mayor".
Finalmente, manifiesta que si bien "nunca es grato que funcionarios públicos participen de este tipo de situaciones que generan vulnerabilidades, la manera en cómo se ha actuado muestra que hay una proactividad que esperamos permita acotar el daño".
$700 mil se habría cobrado, al menos, para obtener los pasaportes, según intervinientes de la audiencia.
"Nunca es grato que funcionarios públicos participen de este tipo de situaciones; la manera en cómo se ha actuado muestra que hay una proactividad que esperamos permita acotar el daño". ................................................................
RODRIGO UBILLA
SUBSECRETARIO DEL INTERIOR
Algunos hitos de la causaSe detecta irregularidad . En julio pasado, el Departamento de Inspección Secundaria del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de la PDI detiene a una persona tratando de salir del país con un pasaporte emitido válidamente, pero con datos que no corresponden.
En paralelo, el Servicio de Registro Civil detecta de forma interna que una imagen registrada de los rasgos faciales de un usuario que había ido hasta el servicio para sacar documentación de identificación no coincidía con las del sistema. Comienza a revisarse el hecho.
Querella. En las últimas semanas, el CDE toma conocimiento de estos hechos y presenta una querella. Es por los delitos de falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento público y usurpación de nombre.
Detenciones. El 13 de agosto es detenida una funcionaria del Registro Civil junto con otras cuatro personas. El control de detención se hace el 14 de agosto y se amplía.
Imputaciones. Quienes asistieron a la formalización de ayer dicen que la fiscalía realizó imputaciones por falsificación de instrumento público, cohecho y delito informático.
Plazo: Ayer se decretaron 120 días de plazo para la investigación.
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