"Voy a ser el adjudicador final"

El director designado de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Luis Pérez Vargas, dijo estar consciente de que tras el verano de 2019, hace falta "sanear la percepción pública". Como hombre al mando de la agencia fiscalizadora, expresó que desea agilizar las investigaciones, que ascienden a 711 casos repartidos entre solo seis abogados.
A diferencia de su predecesora Zulma Rosario Vega, el funcionario decidió que no delegará la autoridad final de los casos ante la consideración de esa oficina. Al menos, ese será su proceder si la Legislatura confirma el nombramiento que hizo la gobernadora Wanda Vázquez Garced.
"Yo sí voy a ser el adjudicador final. Era la acción que hacía como subdirector, que por un año estuve haciendo... Entiendo que si mías son las responsabilidades, mías son las determinaciones finales", expresó el nominado en entrevista con El Nuevo Día.
Pérez Vargas se convirtió en el primer director designado de la OEG, que proviene de la propia agencia. Contó que comenzó como empleado de la OEG hace 12 años, tras participar de una convocatoria para el cargo de educador de ética, un puesto que le requería dar talleres en toda la isla. Posteriormente, surgieron vacantes para los cargos de especialista en recursos humanos, director auxiliar de personal y subdirector ejecutivo, todos puestos que ocupó en la agencia.
"Soy el primer servidor público, que viene de abajo, que llega acá (al puesto de director)", observó el hombre natural de Moca.
El nominado se reunirá el próximo lunes, con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz como parte del proceso previo a su confirmación.
Como subdirector de la OEG, una de las pocas apariciones públicas fue cuando anunció el archivo del planteamiento ético contra la presidenta del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), Nydia Cotto Vives, dos años después del referido por parte del Departamento de Justicia. Cuando hizo el anuncio, llevaba 10 meses en el puesto de subdirector. Reconoció que el tema "no fue bien visto", pues, según dijo, se trató de un "asunto técnico" por las funciones duales de ella como funcionaria pública y contratista. Defendió la determinación de la oficina, pues la ley establece que las violaciones éticas de cualquier empleado público tienen que haber sido "en el uso de sus funciones". Las acciones que se le adjudicaron a Cotto Vives fueron en calidad de contratista.
"Es un proceso que conlleva revisión judicial y obviamente, las cosas hay que hacerlas bien; esto no es fabricarle un caso a nadie ni presentar un caso por favoritismo, es hacer el proceso correcto", justificó.
Reveló que tuvo que preparar un informe distinto a la recomendación de la oficial examinadora, en el caso del exdirector de la Oficina de Compra de Combustible de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) Edwin Rodríguez Ruiz, a quien se multó por organizar una fiesta con contratistas y suplidores. La oficial examinadora había determinado que no hubo violación, algo con lo que Pérez Vargas discrepó y eventualmente prevaleció en el Tribunal de Apelaciones, cuando el querellado apeló.
Habla sobre corrupción
En cuanto a su percepción sobre la corrupción pública en Puerto Rico, Pérez Vargas se refirió a una radiografía que hizo la oficina hace algunos años, para rechazar que sea un mal institucional. Los resultados de ese estudio arrojaron que la mayoría de quienes cometen violaciones de ley son empleados que llevan entre uno a cinco años en el gobierno. "Es una muestra de que el servicio público no daña (a la persona). Muestra que (las personas) ya llegaban con esa idea, que era ocupar el cargo público y destruir la institución gubernamental y agenciarse de un dinero".
Abordado sobre si ese último análisis le aplica a Ricardo Rosselló y otros integrantes del chat de Telegram, indicó: "Pudo haber sido que no había compromiso en el servicio público, pero las violaciones tienen que probarse y cuando se dé ese proceso, se sabrá si (ellos) forman parte de la estadística o fue un momento desgraciado de nuestra historia" .
Reiteró que para ganar nuevamente la confianza, su rol será agilizar las investigaciones.
Reclutará personal
Precisamente, la OEG está en vías de reclutar a abogados. La oficina cuenta con solo seis abogados en el área de investigaciones y otros cuatro encargados de atender las consultas de funcionarios y exfuncionarios. Indicó que, además, creará un nuevo puesto gerencial en el área de investigaciones, para agilizar los trámites.
Posterior a las elecciones, Pérez Vargas anticipó que piensa visitar a los alcaldes para hacer orientaciones sobre las prohibiciones éticas en los procesos de compra y contrataciones.
De ser confirmado, ocuparía el cargo de director por un término de 10 años. El proceso requirió que fuera entrevistado por exjueces del Supremo y Apelativo.