Domingo, 13 de Octubre de 2019

OAS, investigación que demanda avances

ChileEl Mercurio, Chile 13 de octubre de 2019

Si una parte de la izquierda latinoamericana ha demorado años en separar aguas del chavismo, aún más difícil parece estarle resultando abandonar visiones victimizadoras respecto de lo ocurrido en Brasil. Los próximos días mostrarán si el Gobierno logra ejercer un liderazgo ordenador, luego de las señales confusas en que pareció sumirse a propósito de la discusión de la iniciativa sobre las 40 horas.

Ciertamente -tal como lo han advertido autoridades de Gobierno-, han de evitarse juicios precipitados a propósito de los nuevos antecedentes que ha publicado la prensa brasileña respecto de eventuales aportes ilegales de la constructora OAS a la última campaña de la expresidenta Michelle Bachelet. La necesaria prudencia y el respeto al principio básico de presunción de inocencia no deben confundirse; sin embargo, con actitud alguna que minimice los posibles alcances del tema.
Investigaciones judiciales en distintos países han mostrado cómo el llamado Lava Jato, el esquema de corrupción que vinculó a firmas brasileñas y al gobierno de ese país en la era del PT, extendió sus redes por toda la región. En el caso específico de Chile, un excandidato presidencial que habría recibido aportes de la mencionada firma se encuentra formalizado por fraude al fisco. Pero, además, desde hace casi tres años, medios de Brasil han venido publicando informaciones -principalmente propuestas de declaración de exejecutivos de OAS- que aluden a una posible contribución de esa empresa, al margen de la ley, a la campaña de la exmandataria. Se han conocido incluso wasaps que aludirían a uno de los operadores de dicha campaña, el mismo que ya fue sancionado en el país en otro caso por financiamiento ilegal de la política. Aun así, los avances del Ministerio Público chileno en la indagación de esta última arista han sido modestísimos. Las dificultades para poder acceder a los antecedentes de la investigación brasileña y las diferencias entre uno y otro sistema judicial pueden en parte explicar esto. En cualquier caso, tal lentitud contrasta frente a la celeridad y profundidad con que parecen ir las investigaciones en otros países, pese a involucrar a figuras políticas de alta relevancia.
Resulta evidente la importancia de que esta indagación también se desarrolle en Chile con rigor y pueda pronto ofrecer resultados, ya sea que confirmen los antecedentes que ha difundido la prensa o permitan descartar su veracidad. La continuación del escenario actual, de dudas e incertidumbre, no solo es negativa para el sistema político, sino que además daña a todos quienes participaron en esa campaña, al mantenerlos expuestos a una sospecha que no es despejada ni acotada. En ese sentido, aun cuando los antecedentes de la prensa brasileña no involucran a la expresidenta en acción ni gestión alguna, es valioso que se haya hecho cargo de la situación, saliendo a desmentir de modo enfático cualquier vínculo entre ella y OAS. Esto, sin embargo, no necesariamente permite descartar que operadores del comando pudieran haber incurrido en acciones irregulares, como ocurrió en el caso SQM a propósito de la llamada precampaña.
La izquierda y el caso brasileño
Llaman la atención las reacciones que el tema ha suscitado en una parte de la izquierda que, en lugar de apoyar la investigación del Ministerio Público, se ha apresurado en denunciar con enojo oscuras conspiraciones. De alguna manera -y yendo más allá de este caso específico-, tal actitud parece corresponderse con el modo en que, en general, un sector se ha aproximado al tema del Lava Jato. Ejemplo de ello fue la carta que el año pasado suscribieron algunas de sus más destacadas personalidades cuestionando la pena de cárcel que cumple Lula da Silva, exigiendo que se le dejara participar en la última elección presidencial y advirtiendo que de lo contrario se empañaría la legitimidad de ella.
Si una parte de la izquierda democrática latinoamericana ha demorado años en separar aguas del chavismo y de la dictadura de Nicolás Maduro (proceso en que el informe Bachelet vino a marcar un hito), aún más difícil parece estarle resultando abandonar visiones victimizadoras respecto de lo ocurrido en Brasil, y condenar con claridad un caso que terminó corrompiendo a líderes y autoridades de toda América Latina.
El año político en etapa de definicionesLuego del receso de Fiestas Patrias, la última etapa del año político debiera significar una serie de definiciones clave, desde la acusación constitucional contra la ministra de Educación hasta el futuro de las reformas previsional y tributaria, además del proyecto sobre jornada laboral. No siendo obvio que en este período se vaya a producir algún mejoramiento del crispado clima político, los próximos días mostrarán si el Gobierno logra ejercer un liderazgo ordenador, luego de las señales confusas en que pareció sumirse a propósito de la discusión de la iniciativa sobre las 40 horas.
Partiendo en octubre la cuenta regresiva con vistas a las elecciones municipales y de gobernadores regionales de 2020, crucial resulta la capacidad que muestren el Ejecutivo y su equipo político para impedir que la sensación que hoy expresa el ministro de Salud en cuanto a una desproporción entre expectativas y realidad quede instalada en el juicio ciudadano sobre esta administración.