Infracciones de tránsito y telerradares

Luego de su aprobación por la Cámara de Diputados, el Senado estudia el proyecto que crea un Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI), el que busca dar atribuciones para que el Ministerio de Transportes instale telerradares en los principales puntos de las ciudades, para detectar faltas como el exceso de velocidad. Una nueva división de fiscalización tendría así el control de las cámaras, tras lo cual se enviarían las multas respectivas a un correo electrónico o a la dirección postal del infractor. El proyecto busca recoger experiencias como la de Francia, que en 2003 creó el Centro Nacional de Tratamiento de Infracciones de Tráfico (CNT), logrando una disminución de 48% de muertes en los siniestros en las rutas.
En una primera aproximación, la gran cantidad de accidentes que existe en Chile parece justificar un cambio como el que se está impulsando. Se agregan a ello consideraciones como la de que, según encuestas, una mayoría de los conductores de vehículos -seis de cada diez- admite sobrepasar los límites de velocidad en las ciudades, mientras cinco de cada diez lo hacen en carreteras. Otros antecedentes indican que la cifra de fallecimientos producto de accidentes del tránsito alcanzó en 2015 a 12,4 por cada 100 mil habitantes, la más alta de entre los 35 países de la OCDE. Con todo, la legislación que finalmente se apruebe amerita una reflexión respecto de sus alcances.
Desde luego existe justificada suspicacia en un sector de la población producto de la mala experiencia que significó en el pasado la instalación de fotorradares, que tendieron a funcionar como suerte de cazabobos y fuente de recaudación para los municipios, antes que como un sistema eficaz en la prevención de accidentes. El proyecto intenta corregir aquello modificando el mecanismo recaudatorio -los dineros ya no irían al respectivo municipio-, de modo de terminar con incentivos perversos. La autoridad ha afirmado que en lugar de pretender sorprender a los conductores, se privilegiará la instalación de telerradares en zonas de alto riesgo, con la debida señalización.
Con el proyecto, las multas se aplicarían de modo administrativo, lo que aliviaría la carga de los juzgados de policía local, a los que solo se podría recurrir bajo ciertos supuestos limitados. Frente a ello, la Corte Suprema ha advertido, sin embargo, que -por consideraciones de debido proceso- un mecanismo así debiera reservarse para la fiscalización de infracciones de carácter leve, que no lleven aparejada una sanción demasiado onerosa, criterio que parece razonable.
Desde otra perspectiva, una política de tránsito moderna debiera también revisar la pertinencia de muchas de las restricciones actuales; por ejemplo, en materia de límites de velocidad, los que han sufrido sucesivos cambios, a menudo impulsados por la emotividad del momento. Especialistas señalan que en esta materia debiera abrirse el espacio para una mayor flexibilidad en el caso de las ciudades, de modo tal que las velocidades máximas se adecuen a las características de las distintas vías y sus entornos. El avance en los sistemas de estabilidad, defensa y frenado de los automóviles hace que sea también pertinente revisar si el límite establecido en las carreteras se corresponde con tales adelantos.