Economía y debate constitucional

La discusión constitucional se ha centrado hasta ahora en materias de procedimiento. Precisamente de eso trataba el debate abierto por quienes pedían una asamblea constituyente, zanjado finalmente con el acuerdo político alcanzado la semana pasada. Este estableció un esquema general con distintas opciones, incluida la de mantener el texto actual o avanzar hacia una nueva Constitución. Aun así, el documento dejó abierta una serie de temas procedimentales, lo que anticipa un debate importante en torno a su ejecución. De hecho, ya se comienzan a observar las primeras diferencias de interpretación a ese respecto.
Sería, sin embargo, desafortunado que las cuestiones procedimentales terminaran distrayendo la atención en relación a los temas de fondo que un cambio de esta naturaleza involucra. Dentro de las muchas dimensiones a analizar, es fundamental enfatizar ciertos aspectos del ordenamiento constitucional que son claves en el buen funcionamiento de la economía. Sobre ello, resultan pertinentes conceptos planteados en entrevista con "El Mercurio" por el exministro y expresidente del Banco Central José De Gregorio, quien ha planteado que una nueva Constitución no debe bloquear las posibilidades de progreso y crecimiento del país; en cambio, debiera contribuir a garantizar la fortaleza fiscal y también mantener inalterada la autonomía del Banco Central.
Respecto del primer punto, bien sabido es que la fuente original del progreso es la iniciativa privada, la que, producto de la búsqueda de oportunidades, genera innovación e inversión. Una constitución debe reconocer esta pieza fundamental de cualquier sistema económico moderno, estableciendo el marco general para el desenvolvimiento del sector privado, y cautelando al mismo tiempo que la propiedad privada y la propiedad de las rentas generadas por la actividad se encuentren debidamente protegidas. Principios como la libertad de emprendimiento y el trato no discriminatorio por parte del Estado en materia económica son también relevantes.
En relación al manejo fiscal, resulta fundamental que la Constitución no fije prioridades de gasto que sustituyan al debate político democrático y que además comprometan seriamente la solvencia de las cuentas de gobierno. Un listado de derechos universales garantizados en una diversidad de áreas puede recibir el aplauso rápido de la calle, pero -y la experiencia así lo demuestra- no asegura el efectivo cumplimiento de tales compromisos. Una constitución excesivamente garantista en esta materia representa una camisa de fuerza para la discusión democrática, y entrega una señal equívoca en cuanto a la real capacidad del Estado para afianzar la provisión de ciertos bienes y servicios. Entendido como un conjunto de reglas comunes que sirven de base para el desarrollo de la vida democrática, el texto constitucional debiera admitir la ejecución por los distintos gobiernos de una diversidad de iniciativas de variado signo y orientación, en la medida en que respeten los principios básicos del ordenamiento. Al contrario, la constitucionalización de las políticas públicas, junto con limitar los márgenes del debate, puede terminar perjudicando la propia capacidad del Estado para proveer los servicios que le corresponden.
Clave para la fortaleza fiscal ha sido la iniciativa exclusiva presidencial en materias que irroguen gasto, concepto previo a la Constitución vigente, pero que esta consolidó. La actual discusión de pensiones ha encendido justificadas alarmas respecto de la verdadera adhesión a este principio por parte de parlamentarios. Se trata, sin embargo, de uno de los pilares sobre los que se ha sustentado nuestra estabilidad macroeconómica; su debilitamiento tendría costos significativos para el futuro desarrollo del país.
Por cierto, el debate constitucional debiera valorar el papel que el Banco Central autónomo ha cumplido en el logro de esa estabilidad, al terminar con el endémico problema inflacionario que afectó a Chile por décadas. Junto con el diseño institucional de este organismo, es importante la prohibición de que pueda ser usado para financiar gasto público. Esta barrera constituye una garantía de que los problemas fiscales no serán monetizados y, de esa manera, financiados con el llamado impuesto inflación, cuyo costo terminan pagando de modo especialmente duro los sectores más pobres de un país.