Fútbol, triunfo del miedo

Entre los tantos fenómenos que la crisis social en curso ha revelado, uno evidente es el de la insana dependencia de la actividad futbolística respecto de las barras bravas. Eso es lo que parece subyacer a la reciente decisión de la ANFP de cerrar anticipadamente el campeonato: el éxito de un grupo de bandas organizadas que, a punta de violencia y amenazas, pudieron paralizar una de las actividades más emblemáticas del país. Producto de esto, por primera vez en 86 años, un certamen de primera división no ha podido culminar de manera regular.
En realidad, desde que los violentos incidentes del fin de semana del 18 de octubre, junto con alterar la vida nacional, también obligaran a paralizar el torneo, todo lo que ha rodeado al fútbol ha sido complejo. Los sucesivos intentos por reanudar el campeonato no tuvieron éxito; los miembros de la Selección Nacional, aduciendo solidaridad con las demandas de la población, pero también luego de haber sido objeto de duras críticas en redes sociales, desistieron de jugar un partido amistoso contra Perú, y la final de la Copa Libertadores, que debía disputarse en Santiago, se trasladó a Lima. En ese crispado escenario, el sindicato de futbolistas también jugó un papel relevante, expresando su sintonía con la movilización social.
Sin embargo, con el correr de los días, fue haciéndose notorio que la decisión de retomar el campeonato no dependía ni de los jugadores ni de los dirigentes, sino de un tercer sector: los grupos de violentistas que han estado históricamente refugiados en las barras bravas. Esta situación se hizo palpable luego del consejo extraordinario de presidentes del pasado 14 de noviembre. El mismo día en que congresistas de los principales partidos políticos del país se reunían para acordar un proyecto constituyente, en la ANFP se congregaban dirigentes, jugadores y cuerpos técnicos. En la cita, todos los actores relevantes del fútbol nacional acordaron recalendarizar y comprometerse con el desarrollo del campeonato. Lamentablemente, nada de eso se logró. El posterior encuentro entre Iquique y La Calera terminó siendo suspendido ante la irrupción violenta de miembros de la Garra Blanca en el Estadio Bicentenario de La Florida. Los barristas cumplían así las amenazas difundidas por redes sociales e imponían su postura. A partir de ese momento, se hizo clara la imposibilidad de garantizar mínimas condiciones de seguridad que permitieran retomar el campeonato.
La esperable decisión oficializada la semana pasada de dar por cerrado el torneo ha dado origen a controversias y situaciones injustas, como las de los equipos impedidos de ascender, así como a la "alegría amarga" de los dirigentes de la Universidad Católica, el plantel que debió celebrar a puertas cerradas su título de campeón. Lo más grave de este capítulo de la historia deportiva chilena es, sin embargo, la constatación del fracaso del país en detener el fenómeno de las barras bravas, las mismas que realizan violentas amenazas a jugadores y dirigentes, que han dañado el carácter del fútbol como espectáculo familiar y que constantemente protagonizan episodios de saqueos y desórdenes en los alrededores de los estadios y en ciudades de regiones. Pero el alcance de este fracaso ha demostrado trascender mucho más allá de la actividad deportiva, conforme se acumulan antecedentes sobre la participación de miembros de estos grupos en los episodios de violencia que han golpeado al país, al tiempo que sus métodos de amedrentamiento se replican ahora a escala nacional.