Le llegó la hora al RSA

Por muchos años la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no tuvo suficientes recursos económicos para cubrir sus gastos de operaciones e infraestructura. Por dicha brecha, se emitieron bonos que al 2017 ascendían a $9,250 millones de dólares. Considerando que la AEE en un año cobra unos $3,000 millones, la cantidad de la deuda de bonos acumulada no parecería que podría ser pagada en su totalidad.
Como parte de los procesos a tenor de la ley PROMESA, el 3 de mayo de 2019 la Junta de Supervisión Fiscal completó un acuerdo con ciertos acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con el nombre "Definite Restructuring Support Agreement" ("RSA") que pretendía reestructurar dicha deuda. De acuerdo a las proyecciones de la Junta, según plasmadas en el plan fiscal de la AEE, emitido el 27 de junio de 2019, el valor presente de dicha deuda considerando intereses era de $10,194 millones. Según el plan fiscal, bajo el RSA se negociaría para pagar solamente $7,218 millones para un ahorro de $2,977 millones. Aunque de primera mano parecería que hay un ahorro sustancial, el RSA ha sido fuertemente criticado por varios sectores incluyendo asociaciones profesionales, congresistas, entidades ambientales e incluso otros acreedores. La vista judicial para discutir el RSA está pautada para el 14 de enero de 2020. Resulta importante para todas las partes hacer un análisis de cómo les impactaría el RSA y tomar las acciones que entiendan pertinentes. A continuación algunos puntos a considerar.
Bajo el RSA los bonistas intercambiarían sus bonos y recibirían dos tipos de bonos: Tipo A y Tipo B. En los Tipo A se recibiría un bono con un periodo de repago de 40 años y que representaría un 67.5% del valor de los bonos anteriores. En el caso de los Tipo B, se recibiría un bono con un periodo de repago de 47 años y que representaría un 10% del valor de los bonos anteriores. Lo primero que llama la atención es que a estos bonistas se les está pagando 77.5% de la deuda con un recorte de 22.5%. Debemos recordar que bajo el Plan de Ajuste se propusieron recortes en promedio de 33% en los bonos de COFINA, de 40% en el caso del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y de 66% en el caso del Fondo General. En el caso de algunos proveedores de servicios van a recibir un recorte de 98.2% y solo cobrarán 1.8%. No parece razonable una diferencia tan marcada. También hay estudios como el del doctor Ramón Cao, de agosto de 2019, que afirman que el recorte bajo el RSA es demasiado bajo y no sería sostenible a largo plazo. Ese estudio recomienda pagar 51% de la deuda con un recorte de 49%. Este número parece cónsono con lo propuesto por el profesor Martín Guzmán en los escritos que ha realizado para Espacios Abiertos.
Actualmente los clientes de la AEE pagan unos 22 centavos por kilovatio/hora. Una aspiración cuando se aprobó el nuevo marco energético el año pasado era reducir dicha cantidad a 20 centavos. Para poder pagar la obligación contraída bajo el RSA, la tarifa de luz estaría sujeta a una serie de aumentos que van desde 2.768 centavos para el año 2020-2021 (el primer año del acuerdo) hasta 4.552 centavos desde el año fiscal 2043-2044 (el año 24 del acuerdo) hasta el final del acuerdo. El RSA nos aleja de alcanzar la reducción deseada pues, el costo sería de unos 25 centavos. De acuerdo al análisis del Dr. Cao, sin considerar otros factores externos, como consecuencia del RSA ocurriría un aumento de 17.5% en los clientes residenciales, 16.2% en los clientes comerciales y de 18.9% en los clientes industriales. En el escenario más pesimista los aumentos serían de 48.7% en el sector residencial, 45% en el sector comercial y 52.5% en el sector industrial. Este ajuste, si no hay una reducción en otra área, realmente no podría ser tolerado por el sector empresarial del país. También levanta serias preocupaciones en el sector individual pues una gran parte del aumento recaería en los sectores económicamente más vulnerables. Este argumento fue elaborado extensamente en la moción de Amigos de la Corte radicada por los congresistas Raúl Grijalva (D-Arizona), Nydia Velázquez (D-Nueva York) y Darren Soto (D-Florida).
Otra interrogante frecuente es si el nuevo cargo aplicaría a personas que generen energía bajo métodos alternos, como por ejemplo, una persona que ponga placas solares en su hogar. De acuerdo al Schedule I-A del RSA, el cargo aplicará a cualquier persona que se beneficie, se haya beneficiado o se vaya a beneficiar de la infraestructura de la AEE. Para evitar el cargo la persona tendría que desconectarse permanentemente de dicha red. Esto puede crear problemas pues muchas personas se mantienen conectados como mecanismo de respaldo ("back-up"). Además alguien que genera energía y la quiere vender, también tendría que mantenerse conectado al sistema. Surge una situación interesante pues el cargo del RSA ahora recaería en energía no generada por AEE. Esto se discute en detalle en la Moción de Amigos de la Corte del señor Agustín Irizarry Rivera.
Para hacer el análisis completo hay que considerar otros factores adicionales. Primero, estos aumentos no serán ahora si no que se irán escalonando durante los próximos 24 años por lo que el efecto del tiempo e inflación deben ser contemplados. También, se debe considerar que si la AEE consigue hacer reducciones bajo el nuevo marco regulatorio energético, los aumentos mencionados podrían reducirse. Nos parece que la aspiración debió haber sido que los aumentos bajo el RSA no comenzaran hasta que se hubiera podido lograr una reducción en la tarifa.
Como hemos mencionado en otros foros los tres factores que más perjudican a nuestros empresarios son los permisos, el sistema contributivo y el alto costo de energía. El RSA no debe empeorar dicha situación.